Antonio Santos Hernández Reyes

Expediente 1122/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1122/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Antonio Santos Hernández Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo (foja 12); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 97 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución, ha causado estado. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción y depuración correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA II A "... Vista la demanda de amparo promovida por ANTONIO SANTOS HERNÁNDEZ REYES, contra actos del Juez de Control de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca; presentada el once de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1122/2017. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo... El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto el artículo 135, en el Capítulo VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece... De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: la falta de revisión de las medidas cautelares decretadas en su contra, por el delito de violación agravada y violencia familiar. En este caso, si el quejoso está inconforme con las omisiones del Juez responsable a ordenar la revisión de la medida cautelar, por haber variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, éste está en aptitud de interponer el medio de defensa ordinario establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, el de queja. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de garantías el peticionario de amparo tiene la obligación procesal de interponer el recurso de que se trata contra la negativa reclamada, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados, en los términos y con las facultades plasmadas en el artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Sergio Antonio Domínguez por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así haberlo solicitado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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