Antonio Sánchez Salgado

Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
34/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil dieciocho. SE agrégua En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Toluca, México; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, del que se evidencia que mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 219), se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; ahora, toda vez que ya obran en autos las constancias de notificación hechas a las partes del proveído en comento, remítase el cuaderno original del juicio de amparo 959/2017-IV, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Por otra parte, visto el oficio de cuenta por el que la Administradora Postal Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho (foja 230), hace del conocimiento las gestiones que se encuentra realizando para la localización de las piezas postales requeridas, por lo cual solicita se le conceda una prórroga de diez días para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales procedentes y dado que se ordenó en reenvió de dicho recurso a las autoridades por estafeta, se deja sin efectos el requerimiento realizado en los presentes autos, dado que ya se notificaron a dichas autoridades el recurso relativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Salgado, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 34/2018. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Sobre tal tópico, los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." A su vez, el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." Luego, en el caso el acto reclamado destacado es la resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el toca 44/2016 por el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el Estado de México, mediante la cual se confirmó el auto de formal prisión de veinticuatro y/o veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 9/2014-II, por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; por tanto, se estima que la competencia recae a un Tribunal Unitario y no a un Juzgado de Distrito. Sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/97, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y otros, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que con motivo de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; máxime que, en la Ley de Amparo existe disposición expresa al respecto; en estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda de cuenta lo es el Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en Turno. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1999, Novena Época, Materia Común, con número de registro 194815, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución." Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro VI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2000325, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Salgado, contra actos del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el Estado de México, y otras autoridades, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda con excepción del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por haberse señalado como autoridad responsable. Resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 25/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1998, Novena Época, Materia Común, con número de registro 196514, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." Sin que pase inadvertido a lo anterior, el hecho de que el quejoso en el capítulo de actos reclamados, refiera que reclama diversas violaciones a sus garantías y/o derechos humanos, que aduce se cometieron en la averiguación previa PGR/SEIDO/VEI0145/115/2014, y sus acumuladas, pues dicha investigación es la que dio origen a la causa penal en que se dictó el auto de formal prisión que rige actualmente la situación jurídica del quejoso; de ahí que se insista en las razones de incompetencia antes expuestas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el presente asunto. Por otra parte, se solicita al Tribunal Federal que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con copia autógrafa de esta determinación. De conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso. En ese sentido, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", en Gómez Palacio, Durango, con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a cualquiera de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional, a fin de que notifique personalmente la presente determinación en dicho centro carcelario al quejoso Antonio Sánchez Salgado. Se precisa al Juzgado de Distrito exhortado para que en el caso de que el domicilio que se proporciona no sea correcto, pero si le fuese informado que es alguno distinto, se le faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción. Sin necesidad de que se acuse de recibo del exhorto de mérito, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) arroja éste al momento del envío relativo, por lo que este órgano de control constitucional desde ese momento tiene conocimiento de quién realizará la diligencia correspondiente. Además, se solicita al Titular del citado Juzgado de Distrito que remita el resultado de la comunicación oficial de mérito vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en lo previsto por la Dirección General de Estadística Judicial en el oficio CJF/SECJYCNO DGEJ/3290/2016, localizado en el compilador de criterios de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En otro punto, se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos para que las notificaciones dirigidas a autoridades integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las realicen a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), herramienta interconexión, para lo cual, en su caso, deberán escanear los documentos anexos, obtener el archivo a notificar a través del expediente electrónico respectivo, firmar el documento a notificar con firma electrónica vigente (FIREL) y, finalmente obtener el acuse correspondiente. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente asunto, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica y con los anexos respectivos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y mediante exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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