Antonio Sánchez Rodríguez
Expediente 865/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Sánchez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
PRAL.865/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Diverso Juzgado acepta competencia. Glósese el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió, por incompetencia, el juicio de amparo promovido por 1) Antonio Sánchez Rodríguez, 2) Andrés Sánchez Rodríguez, 3) Jesús Enrique Riverón Vázquez y 4) Daniel Iglesias Borges, por propio derecho; e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número de expediente 542/2022. Archivo del cuaderno de antecedentes. Con motivo de lo anterior, y toda vez que en la caja de valores, en la secretaría y en este expediente no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que pase desapercibido que en el acuerdo inicial se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, medida cautelar que tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional; sin embargo, en el caso, ello no actualiza el supuesto de que este expediente sea valorado como depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo general; debido a que, como se indicó, el expediente 865/2022 se remitió, por incompetencia, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, autoridad que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto; de ahí que la medida cautelar no está surtiendo efectos en este expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) sino, precisamente, en el juicio constitucional del que ahora conoce el citado órgano jurisdiccional. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.865/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintidós. 1. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca; mediante el cual rinde informe de acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en auto de veinte de este mes y año, a favor de los quejosos 1) Antonio Sánchez Rodríguez, 2) Andrés Sánchez Rodríguez, 3) Jesús Enrique Riverón Vázquez y 4) Daniel Iglesias Borges. Al respecto, la referida autoridad refiere quedar enterada y acatar la suspensión de plano, aunque niega los actos reclamados por los quejosos, pues indica que esa autoridad migratoria no ha ordenado ni ejecutado los actos reclamados (detención, deportación e incomunicación). Para acreditar su dicho, remite copia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio de los cuatro quejosos. 2. Precisión del acto reclamado. Ahora, con el fin de determinar si este Juzgado es legalmente competente para continuar conociendo de este juicio de amparo, es necesario precisar que, de la lectura integral del escrito de demanda, en relación con el informe de cuenta, se aprecia que con independencia de la forma en que se redactó el apartado de actos reclamados, la pretensión de los quejosos es reclamar del: - Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez. -Director y/o subdirector o de la Estación Migratoria en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La privación de su libertad, así como la orden de deportación, y su ejecución, con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado contra cada uno de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". 3. Incompetencia por territorio. Por ser un presupuesto procesal de orden público, se analizará a continuación la competencia de este órgano jurisdiccional para el conocimiento del asunto; al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". En tanto que el numeral 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La interpretación armónica de los artículos transcritos lleva a concluir que, tratándose de la competencia por territorio de los jueces de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, existen tres supuestos para determinarla, con independencia de donde radique la autoridad responsable, que son: a) Al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda de amparo. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Así, para establecer la competencia de un juez de distrito cuando el acto reclamado conlleva ejecución material debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Puntualizado lo anterior, en el caso que nos atañe, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, a la que se les otorga valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que: I. Mediante oficio con terminación 1556/2022 de doce de julio de dos mil veintidós, firmado por la sub representante local del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, notificó al cónsul de Cuba que los cuatro quejosos se encontraban alojados en la Estancia Provisional de esa Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. (Al respecto, se aprecia que los quejosos fueron dejados bajo la guarda y custodia del Instituto Nacional de Migración, por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la cédula IV-5, en Matías Romero, Oaxaca). II. El trece de julio de dos mil veintidós, la sub representante local del Instituto Nacional de Migración en Tapanatepec, Oaxaca acordó el inicio del respectivo procedimiento administrativo migratorio de cada uno de los quejosos, todos de nacionalidad cubana. III. El mismo día fue notificado a los quejosos el inicio de su procedimiento administrativo migratorio, en la Estancia Provisional de la Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. IV. El mismo trece de julio de este año, los quejosos se presentaron ante la sub representante local del Instituto Nacional de Migración en Tapanatepec, Oaxaca, a efecto de rendir comparecencia administrativa en relación a su respectivo procedimiento administrativo migratorio; solicitando que a la brevedad se resolviera su situación migratoria. V. En esa fecha, la misma sub representante local determinó que los quejosos se alojaran temporalmente en la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, con el carácter de presentados. VI. El trece de julio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo migratorio. VII. El quince de julio de dos mil veintidós se dictó resolución en cada uno de los cuatro procedimientos administrativos migratorios, en la que se resolvió la deportación de los quejosos a su país de origen, lo que se ordenó hacer del conocimiento de estos últimos en esa misma fecha. De lo narrado, se puede constatar, que los procedimientos administrativos migratorios se tramitan en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y que en la estación migratoria de ese lugar se alojó a los aquí quejosos, en su calidad de presentados -acto que ellos señalan como privación de la libertad-; además, que en ese procedimiento se ordenó su deportación, la que se ejecutará en ese lugar. Por lo expuesto, se actualizan las hipótesis de competencia previstas en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, porque la privación de la libertad (alojamiento en la estancia migratoria), así como la orden de deportación, y su ejecución, con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado contra los quejosos, se ejecutó y tendrá ejecución, respectivamente, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Por lo expuesto, este Juzgado carece de competencia, por razón de territorio, para continuar el trámite de este juicio de amparo promovido por 1) Antonio Sánchez Rodríguez, 2) Andrés Sánchez Rodríguez, 3) Jesús Enrique Riverón Vázquez y 4) Daniel Iglesias Borges, todos de nacionalidad cubana, pues en el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, donde se ejecutan los actos reclamados, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, como así lo dispone el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Bajo ese tenor, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declina competencia a favor del Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Mediante oficio que se gire vía mensajería acelerada (Estafeta) a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, remítase al Juzgado de Distrito, en turno, el original de este juicio de amparo 865/2022 promovido por los quejosos 1) Antonio Sánchez Rodríguez, 2) Andrés Sánchez Rodríguez, 3) Jesús Enrique Riverón Vázquez y 4) Daniel Iglesias Borges. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias que integran este juicio de amparo. 5. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. 6. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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pral.865/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Imposibilidad para entregar oficio. Vista la razón actuarial de veintiuno de este mes, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este Juzgado para entregar el oficio 21124/2022 a la autoridad señalada por la parte quejosa como "director o subdirector de la Estación Migratoria o quien legalmente lo represente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca", con inserción del auto de veinte de este mes; al ser informado en la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración que no existe esa autoridad, pero hay una diversa denominada "Estancia Migratoria provisional de la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración". Vista a la parte quejosa. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 5°, fracción II, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por el término de tres días, dése vista a la parte quejosa, para que exprese lo que a sus intereses convenga en relación con tal circunstancia; con apercibimiento que, de no hacer manifestación al respecto, se tendrá por inexistente a la autoridad que señaló como "director o subdirector de la Estación Migratoria o quien legalmente lo represente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca", suspendiendo toda comunicación con la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), así como la tesis con registro 215501, de rubros siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR" y "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACION DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Notifíquese por lista de acuerdos.
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PRAL.865/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por 1o Antonio Sánchez Rodríguez, 2o Andrés Sánchez Rodríguez, 3o Jesús Enrique Riverón Vázquez y 4o Daniel Iglesias Borges, por propio derecho, contra actos del representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y de otra autoridad, recibida hoy, en línea, sin firma electrónica, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en esta misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 865/2022. 1.1. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Antonio Sánchez Rodríguez, por así solicitarlo expresamente en la demanda de amparo. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Precisión. No obstante que la demanda no contiene firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica, en el caso, no se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte agraviada, ya que los actos reclamados es de aquellos a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual es innecesaria la firma autógrafa o electrónica por promoverse el juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento legal. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019715 Instancia: Pleno. Décima Época Materias(s): Común. Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79. Tipo: Jurisprudencia. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de que se trata. 4. Suspensión de oficio y de plano. En virtud de que los actos reclamados por los quejosos consisten, esencialmente, en la detención, deportación e incomunicación; con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano y de oficio la suspensión a los referidos quejosos, en los términos siguientes: I. En relación a la deportación, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto que no se ejecute, en virtud de que los promoventes manifestaron que son de nacionalidad extranjera; sin embargo, no existen datos que conduzcan estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que los quejosos se encuentren en esa hipótesis. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que, por las características personales de los quejosos (extranjeros), se encuentren en algún supuesto distinto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio de los actos reclamados, esto es, para el caso de que los quejosos se encuentren en una hipótesis diferente a lo planteado en la demanda de amparo; ello, respecto del acto consistente en la deportación. II. Por cuanto hace la detención, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la autoridad migratoria responsable se ajuste a los parámetros en la Ley de Migración y, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 101, comunique a los quejosos que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: I. Podrán quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sean nacionales (cubana); o bien, de persona moral (jurídica) o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. II. Tendrán la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. III. Deberán comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se les requiera. IV. Deberán, cada uno, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional por no contar con mayores datos, dadas las particularidades del caso. Garantía que podrá constituirse mediante póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. V. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración. La medida se decreta en los términos citados, en atención al criterio emitido en la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021, de su índice. Respecto a la petición de los quejosos, relativa que no se les fije garantía para que surta efectos la suspensión de oficio y de plano que se decreta en este auto, dígaseles que no se acuerda conforme su petición, toda vez que no acreditan con algún medio de prueba que puedan llevar al ánimo de este juzgador a la convicción de que, efectivamente, no tienen posibilidades económicas para satisfacer la cantidad fijada por este órgano jurisdiccional, ya que no se pueden considerar como suficientes las afirmaciones que realizan. III. Ahora, como en los puntos petitorios del escrito de demanda, los quejosos solicitan que se permita a sus autorizados legales a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en que se encuentran, para tener comunicación con ellos, se decreta, de oficio y de plano, la suspensión, para el efecto de que la incomunicación cese de inmediato; es decir, para que a los directos quejosos se les permita tener comunicación con sus familiares, amigos o sus abogados y, de requerirlo, se les proporcione la asistencia consular correspondiente. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La(s) autoridad(es) responsable(s) debe(n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) rendir su informe a través del correo electrónico 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 5. No se tramita incidente de suspensión. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que, en párrafos que anteceden, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. 6. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la (s) autoridad (es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. 6.1 Medios habilitados a las responsables para remitir comunicaciones. Con fundamento en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; 3, 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo; 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, así como presentar promociones físicamente, se requiere a las responsables que: a) envíen comunicaciones oficiales, b) reciban toda clase de notificaciones y c) acusen recibo de las que sean remitidas por este órgano jurisdiccional, mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del siguiente correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, se hace de su conocimiento que de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrán presentarlo a través del buzón judicial que al efecto se instaló en el edificio sede de este órgano jurisdiccional, dentro del horario que establece la fracción I del artículo 10 del acuerdo general 21/2020 (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022). 6.2. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 6.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó (tomaron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 6.4. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 6.5. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con los actos reclamados; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 6.6. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 7. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veintidós minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 8. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa: I. La presuncional legal y humana e, II. Instrumental de actuaciones. Medios de convicción que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. III. Y en su caso, la superveniente. Respecto a la prueba documental que ofrecen, resérvese acordar lo procedente hasta en tanto la exhiban. 9. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables), tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no existe(n) con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le(s) tendrá por inexistente(s), suspendiéndose toda comunicación con la(s) misma(s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 10. Notificación al fiscal adscrito y a las autoridades. Se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordena que las notificaciones que le correspondan a dicha fiscal, así como a las a) autoridades responsables, b) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y c) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen en sus oficinas y de ser impedimento para ello, vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Así, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias de las entidades federativas, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. 11. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022), se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 12. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que respecto a cuestiones relativas a la atención al público en general, funcionamiento de buzones judiciales, publicación en listas, tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 13. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 14. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 15. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 16. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) autorizado para asistir o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 17. Notificación por lista de acuerdos. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". 18. Autorizados legales. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maglio Obed Pérez Velázquez (cédula profesional 5006140, registro 93485), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, se tiene como sus autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. 19. Canal de comunicación. Debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, por la que atraviesa el país, se tiene a la parte quejosa señalando una cuenta de correo electrónico y un número telefónico, como medios para entablar comunicación, a fin de que, cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución, se acuerde previamente su realización con el (la) actuario (a) de la adscripción, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022). 20. Expedición de copia certificada de este acuerdo. Como lo solicita, expídase a la parte quejosa, cuatro copias certificadas de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que menciona, previa razón que de su entrega y copia de su identificación que se deje en autos; por ello, dicha parte deberá solicitar su cita electrónica para su ingreso al edificio en el que está ubicado este Juzgado, como lo dispone el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022). 21. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 22. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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