Antonio Sánchez Hernández

Expediente 809/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
809/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a los promoventes Gonzalo Hernández Hernández e Hipólita Callejas González, para que desahogaran la prevención realizada por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió para la parte quejosa del dieciocho al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que dicho proveído le fue notificado por lista de acuerdos el trece de septiembre de los cursantes, sin que lo haya hecho; consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda respecto a los quejosos Gonzalo Hernández Hernández e Hipólita Callejas González y se procede a proveer únicamente respecto a los diversos promoventes Antonio Sánchez Hernández, Silviano Sánchez Vázquez, Manuel Sánchez Hernández, Francisco Romero Luna, Gildardo Sánchez Hernández, Constantina Sánchez Hernández, Mario Sánchez Hernández, Rogelio Hernández Basurto, Felix Héctor Hernández Huesca, María Victoria Sánchez Callejas, Lucia Sánchez Cabañas, Ismael López Romero, Rigoberto Sánchez Callejas y Juana Acosta Sánchez. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes señalan como actos reclamados: ". 1.- La omisión de dar contestación al escrito que les presentó por conducto del presidente al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el día 11 de mayo del año 2019, recibido por el Presidente del Comisariado Ejidal Víctor Viveros Zárate, del Ejido el Tacahuite del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, sin que hasta estos momentos la autoridad señalada como responsable haya dado contestación a nuestra petición." ".2. El silencio del DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGARARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, en virtud de que con escrito de petición de fecha 07 de mayo de la presente anualidad y de recibido para su gestión en fecha 14 de mayo del presente año 2019.". PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano es procedente la separación material de juicios, a fin de que el acto reclamado precisado en el punto 2, se estudie por separado respecto al acto indicado en el punto 1, a fin de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Lo anterior, considerando que la materia de estudio de los citados actos es distinta y, por ende, amerita tratamientos jurídicos diferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado puntualizado en el punto 1, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito que les presentó al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el once de mayo del año en curso, recibido por el Presidente del Comisariado Ejidal Víctor Viveros Zárate, del Ejido el Tacahuite del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, sin que hasta estos momentos la autoridad señalada como responsable haya dado contestación a nuestra petición. Por otra parte, para el efecto de la separación material de autos, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, para que se estudie en un diverso juicio de amparo el acto reclamado, consistente en: El silencio del DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGARARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, en virtud de que no ha dado respuesta a la petición formulada con escrito de siete de mayo de la presente anualidad, recibido para su gestión el catorce de mayo del presente año. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que le dé el trámite correspondiente a la referida separación. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO AL ACTO MATERIA DEL PRESENTE JUICIO. Ahora bien, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que fuera presentado al presidente del Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el once de mayo del año dos mil diecinueve, sin que el antes mencionado haya dado contestación a tal petición. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la parte solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". De las manifestaciones formuladas en la demanda que nos ocupa, se desprende que el acto reclamado consistente: En la omisión de dar contestación al escrito que fuera presentado al presidente del Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el día once de mayo del año dos mil diecinueve. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado no es de los considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la solicitud de once de mayo del año dos mil diecinueve, tiene como objetivo que se les otorgue copia certificada de todas las asambleas a partir del acta de elección de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, hasta el día en que se presentó tal solicitud, así como que les informe qué acción legal ha realizado a partir de que cuenta con diferente padrón de ejidatarios, así como cuál es su fundamento legal para reconocer la calidad de ejidatarios quienes considera cuentan con un derecho común sobre la UIAM y la parcela escolar y la casa del campesino, se les informe a qué se refiere cuando se expresa sobre el derecho común, ya que desde el acta de asamblea del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho no hay tierras de uso común, y a qué se refiere sobre los usos y costumbres del Ejido al que pertenecen. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determina que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión atribuida al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, de dar contestación al escrito presentado el once de mayo del año dos mil diecinueve, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5° de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) De la lectura a los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de autoridad, entendiéndose por ésta última, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 2a./J. 112/2015 (10a.), ha establecido que para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya, cumpla con lo siguiente: Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Lo anterior, en la inteligencia que bastará con que no quede satisfecho uno solo para que no se considere acto de autoridad. Por otra parte, los artículos 9 y 10 de la Ley Agraria prevén que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título y operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Así, el artículo 13 de la Ley Agraria establece que los avecindados del ejido, para los efectos de dicha ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Luego, el artículo 21 de la Ley Agraria establece que son órganos de los ejidos la asamblea, comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; asimismo, el artículo 22 señala, en lo que interesa, que el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios y el comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente, siendo el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, teniendo como facultades y obligaciones las siguientes: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; y. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Asentado lo anterior, este juzgador considera que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo la omisión que los quejosos reclaman al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, de dar contestación al escrito que fuera presentado el once de mayo del año dos mil diecinueve; toda vez que dicho acto no tiene como finalidad crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, ni las funciones que ejerce el mencionado comisariado están determinadas en una norma general y mucho menos se le confieren atribuciones para actuar como una autoridad del estado. Aunado a que, la petición que le realizaron se encuentra relacionada con la obtención de cuestiones propias de la integración, vigilancia y funcionamiento del ejido al que pertenecen tanto los solicitantes como el Comisariado Ejidal, e incluso cuestionar o aclarar una respuesta que previamente había expedido a petición formulada por uno de los aquí quejosos. Lo anterior, en virtud de que, como quedó precisado el comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y si bien, tiene conferidas por ley diversas facultades, lo cierto es que no por ello puede considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, por lo que, carecen de imperio que provenga de una norma general, ni se le confieren facultades o atribuciones para actuar como una autoridad del estado. De ahí que, como se adelantó, el comisariado ejidal al ser el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea, carece del carácter de autoridad agraria y, en consecuencia, no materializa la hipótesis prevista en el artículo 8° constitucional relativa al ejercicio del derecho de petición. Aunado, a lo anterior cabe precisar que no pasa desapercibido para este juzgador lo circunstancia que los quejosos lo que reclaman en el presente es una violación al artículo 8° Constitucional, al no recibir respuesta a una solicitud que formularon, la que realizaron en su carácter de ejidatarios del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, misma que dirigieron al Comisariaro Ejidal del citado ejido, es decir, formularon una petición al órgano que les representa dentro del ejido del que todos ellos forman parte, por lo que si bien pudiera resultar cierto que no se les ha expedido una respuesta a su petición, no menos cierto es que la cuestión de la que se duelen tiene lugar en un plano de coordinación, entre iguales, pues son los ejidatarios, en lo individual, quienes se inconforman en contra de las omisiones de su órgano representativo, por lo que los interesados están en aptitud de hacer valer sus derechos que consideran restringidos o vulnerados en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Unitario Agrario competente, en términos del artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189776, cuyo rubro y texto indican: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." Y, la tesis Aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 214009, que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, admita la procedencia del juicio constitucional contra actos realizados por particulares; toda vez que tal prerrogativa no es absoluta, pues únicamente lo permite cuando se realizan actos equivalentes a los de una autoridad. Sin embargo, el caso particular no se ubica en el supuesto de excepción, ya que como se consideró, el acto reclamado al Comisariado Ejidal responsable no es equivalente al de una autoridad al no tener como origen una relación de supra a subordinación, sino una de coordinación; toda vez que carecen de imperio la pretendida autoridad responsable sobre los solicitantes aquí promoventes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional, sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Además de que, no obsta que el desechamiento se haya dado en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, en razón a que ello, no se opone a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del transcrito artículo 113 de la ley de la materia. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que versa: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a los promoventes Gonzalo Hernández Hernández e Hipólita Callejas González, para que desahogaran la prevención realizada por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió para la parte quejosa del dieciocho al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que dicho proveído le fue notificado por lista de acuerdos el trece de septiembre de los cursantes, sin que lo haya hecho; consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda respecto a los quejosos Gonzalo Hernández Hernández e Hipólita Callejas González y se procede a proveer únicamente respecto a los diversos promoventes Antonio Sánchez Hernández, Silviano Sánchez Vázquez, Manuel Sánchez Hernández, Francisco Romero Luna, Gildardo Sánchez Hernández, Constantina Sánchez Hernández, Mario Sánchez Hernández, Rogelio Hernández Basurto, Felix Héctor Hernández Huesca, María Victoria Sánchez Callejas, Lucia Sánchez Cabañas, Ismael López Romero, Rigoberto Sánchez Callejas y Juana Acosta Sánchez. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes señalan como actos reclamados: ". 1.- La omisión de dar contestación al escrito que les presentó por conducto del presidente al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el día 11 de mayo del año 2019, recibido por el Presidente del Comisariado Ejidal Víctor Viveros Zárate, del Ejido el Tacahuite del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, sin que hasta estos momentos la autoridad señalada como responsable haya dado contestación a nuestra petición." ".2. El silencio del DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGARARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, en virtud de que con escrito de petición de fecha 07 de mayo de la presente anualidad y de recibido para su gestión en fecha 14 de mayo del presente año 2019.". PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano es procedente la separación material de juicios, a fin de que el acto reclamado precisado en el punto 2, se estudie por separado respecto al acto indicado en el punto 1, a fin de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Lo anterior, considerando que la materia de estudio de los citados actos es distinta y, por ende, amerita tratamientos jurídicos diferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado puntualizado en el punto 1, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito que les presentó al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el once de mayo del año en curso, recibido por el Presidente del Comisariado Ejidal Víctor Viveros Zárate, del Ejido el Tacahuite del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, sin que hasta estos momentos la autoridad señalada como responsable haya dado contestación a nuestra petición. Por otra parte, para el efecto de la separación material de autos, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, para que se estudie en un diverso juicio de amparo el acto reclamado, consistente en: El silencio del DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGARARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, en virtud de que no ha dado respuesta a la petición formulada con escrito de siete de mayo de la presente anualidad, recibido para su gestión el catorce de mayo del presente año. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que le dé el trámite correspondiente a la referida separación. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO AL ACTO MATERIA DEL PRESENTE JUICIO. Ahora bien, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que fuera presentado al presidente del Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el once de mayo del año dos mil diecinueve, sin que el antes mencionado haya dado contestación a tal petición. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la parte solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". De las manifestaciones formuladas en la demanda que nos ocupa, se desprende que el acto reclamado consistente: En la omisión de dar contestación al escrito que fuera presentado al presidente del Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, el día once de mayo del año dos mil diecinueve. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado no es de los considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la solicitud de once de mayo del año dos mil diecinueve, tiene como objetivo que se les otorgue copia certificada de todas las asambleas a partir del acta de elección de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, hasta el día en que se presentó tal solicitud, así como que les informe qué acción legal ha realizado a partir de que cuenta con diferente padrón de ejidatarios, así como cuál es su fundamento legal para reconocer la calidad de ejidatarios quienes considera cuentan con un derecho común sobre la UIAM y la parcela escolar y la casa del campesino, se les informe a qué se refiere cuando se expresa sobre el derecho común, ya que desde el acta de asamblea del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho no hay tierras de uso común, y a qué se refiere sobre los usos y costumbres del Ejido al que pertenecen. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determina que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión atribuida al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, de dar contestación al escrito presentado el once de mayo del año dos mil diecinueve, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5° de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) De la lectura a los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de autoridad, entendiéndose por ésta última, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 2a./J. 112/2015 (10a.), ha establecido que para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya, cumpla con lo siguiente: Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Lo anterior, en la inteligencia que bastará con que no quede satisfecho uno solo para que no se considere acto de autoridad. Por otra parte, los artículos 9 y 10 de la Ley Agraria prevén que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título y operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Así, el artículo 13 de la Ley Agraria establece que los avecindados del ejido, para los efectos de dicha ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Luego, el artículo 21 de la Ley Agraria establece que son órganos de los ejidos la asamblea, comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; asimismo, el artículo 22 señala, en lo que interesa, que el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios y el comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente, siendo el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, teniendo como facultades y obligaciones las siguientes: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; y. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Asentado lo anterior, este juzgador considera que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo la omisión que los quejosos reclaman al Comisariado Ejidal del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, de dar contestación al escrito que fuera presentado el once de mayo del año dos mil diecinueve; toda vez que dicho acto no tiene como finalidad crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, ni las funciones que ejerce el mencionado comisariado están determinadas en una norma general y mucho menos se le confieren atribuciones para actuar como una autoridad del estado. Aunado a que, la petición que le realizaron se encuentra relacionada con la obtención de cuestiones propias de la integración, vigilancia y funcionamiento del ejido al que pertenecen tanto los solicitantes como el Comisariado Ejidal, e incluso cuestionar o aclarar una respuesta que previamente había expedido a petición formulada por uno de los aquí quejosos. Lo anterior, en virtud de que, como quedó precisado el comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y si bien, tiene conferidas por ley diversas facultades, lo cierto es que no por ello puede considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, por lo que, carecen de imperio que provenga de una norma general, ni se le confieren facultades o atribuciones para actuar como una autoridad del estado. De ahí que, como se adelantó, el comisariado ejidal al ser el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea, carece del carácter de autoridad agraria y, en consecuencia, no materializa la hipótesis prevista en el artículo 8° constitucional relativa al ejercicio del derecho de petición. Aunado, a lo anterior cabe precisar que no pasa desapercibido para este juzgador lo circunstancia que los quejosos lo que reclaman en el presente es una violación al artículo 8° Constitucional, al no recibir respuesta a una solicitud que formularon, la que realizaron en su carácter de ejidatarios del Ejido el Tacahuite, de Vega de Alatorre, Veracruz, misma que dirigieron al Comisariaro Ejidal del citado ejido, es decir, formularon una petición al órgano que les representa dentro del ejido del que todos ellos forman parte, por lo que si bien pudiera resultar cierto que no se les ha expedido una respuesta a su petición, no menos cierto es que la cuestión de la que se duelen tiene lugar en un plano de coordinación, entre iguales, pues son los ejidatarios, en lo individual, quienes se inconforman en contra de las omisiones de su órgano representativo, por lo que los interesados están en aptitud de hacer valer sus derechos que consideran restringidos o vulnerados en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Unitario Agrario competente, en términos del artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189776, cuyo rubro y texto indican: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." Y, la tesis Aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 214009, que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, admita la procedencia del juicio constitucional contra actos realizados por particulares; toda vez que tal prerrogativa no es absoluta, pues únicamente lo permite cuando se realizan actos equivalentes a los de una autoridad. Sin embargo, el caso particular no se ubica en el supuesto de excepción, ya que como se consideró, el acto reclamado al Comisariado Ejidal responsable no es equivalente al de una autoridad al no tener como origen una relación de supra a subordinación, sino una de coordinación; toda vez que carecen de imperio la pretendida autoridad responsable sobre los solicitantes aquí promoventes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional, sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Además de que, no obsta que el desechamiento se haya dado en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, en razón a que ello, no se opone a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del transcrito artículo 113 de la ley de la materia. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que versa: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a los quejosos, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos, contra actos del Comisariado Ejidal del Ejido "El Tacahuite" del Municipio de Vega de Alatorre y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 809/2019-III-B. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción I, que en lo referente establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; Como se advierte del dispositivo mencionado, es obligación del gobernado indicar el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado numeral de la ley de la materia. Ahora bien, en razón que de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la misma no se encuentra firmada por Gonzalo Hernández Hernández e Hipólita Callejas González, pues al calce aparecen únicamente dos huellas que pudieran ser de dichos solicitantes de amparo, sin que alguien más firme a su ruego; por tanto, para estar en aptitud de acordar lo procedente respecto a la demanda presentada, requiérase a los promoventes de que se trata para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezcan ante el personal actuante de este Juzgado de Distrito, debidamente identificados a efecto de que, bajo protesta de decir verdad, reconozcan como suya las huellas digitales que calzan el escrito de demanda. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 1/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, del mes de enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." APERCIBIMIENTO Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, en el término de cinco días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, se admitirá la demanda únicamente por cuanto hace a Antonio Sánchez Hernández, Silviano Sánchez Vázquez, Manuel Sánchez Hernández, Francisco Romero Luna, Gildardo Sánchez Hernández, Constantina Sánchez Hernández, Mario Sánchez Hernández, Rogelio Hernández Basurto, Felix Héctor Hernández Huesca, María Victoria Sánchez Callejas, Lucia Sánchez Cabañas, Ismael López Romero, Rigoberto Sánchez Callejas y Juana Acosta Sánchez. Hecho lo anterior, o transcurrido dicho plazo, déseme nueva cuenta para acordar lo procedente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lauro Agustín Chávez Gutiérrez, quien acorde a los lineamientos trazados en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 55528, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Agustín Chávez Cabrera y Ernesto Flores Hernández, por así haberlo solicitado la parte quejosa, asimismo, dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la parte quejosa acreditó que ellos cuenten con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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