Antonio Salmeron Arellano
Expediente 1493/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Antonio Salmeron Arellano
Actuaciones
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda promovida por... por su propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1493/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. En el caso, de un estudio integral a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado del que se duele el quejoso se hace consistir en la retención de cheque por concepto de bono de fin de año, fuera de procedimiento. Sin embargo, se estima que tal acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, puesto que se actualiza la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de la Materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior es así, pues tal como lo exige la porción normativa acabada de invocar, los actos que se combaten en esta instancia constitucional provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. De esa manera, el juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, en caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. Además, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Las disposiciones constitucionales y legales transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Sin embargo, existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional (numeral 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para la concesión de la suspensión, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Razón por la cual, dado que el órgano terminal que sustentó dicho criterio, ha determinado que de una nueva reflexión sobre el tema debe concluirse que la ley de la materia, no exige mayores requisitos que la ley de amparo, para la suspensión del acto reclamado, resulta exigible al gobernado agotar los recursos ordinarios y medios de defensa previstos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, previo a acudir al juicio de amparo. Lo cual es exigible, aun cuando se trate de actos reclamados que pudieran tener una ejecución irreparable. Por tal motivo, atendiendo a que los numerales 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al cual se encuentra sujeto el acto de autoridad que se reclama en esta vía constitucional, previene tanto el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, como el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como medios de defensa mediante los cuales el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama, inclusive la suspensión del acto reclamado, es de sostenerse que la interposición optativa de alguno de dichos medios de defensa es obligatoria para la parte quejosa, en atención al principio de definitividad; empero, si es obligatorio agotar alguno de ellos, ya que la optatividad radica en que cualquiera de los dos recursos pueden interponerse inmediatamente. Esto es, la parte quejosa puede elegir entre promover el recurso administrativo de inconformidad, o acudir directamente al juicio contencioso administrativo, previo a acudir al juicio de amparo; empero, si elige el primero de ellos y obtiene sentencia adversa a sus intereses, entonces -adicionalmente- deberá acudir al juicio contencioso administrativo, reclamando la nulidad de la sentencia dictada en el recurso administrativo de inconformidad. En abundamiento, como ya se dijo, los preceptos legales 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo actual, no exigen mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional... Lo cual es así, habida cuenta que en el caso concreto, conforme a las jurisprudencias trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el solicitante de la protección constitucional señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que -como ya se precisó- aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Independientemente de lo anterior, es pertinente precisar que el promovente del amparo pretende reclamar en esta instancia constitucional, la retención de cheque por concepto de bono de fin de año, fuera de procedimiento. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, este juzgado federal estima que se actualiza el supuesto normativo contemplado en el artículo 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que disponen: En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. El acto reclamado por el quejoso, por medio del cual en su calidad de prestador de servicios (trabajador) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aduce que se retuvo el cheque por concepto de bono de fin de año, fuera de procedimiento. Por tanto, la relación existente con motivo del acto reclamado, se ubica en un plano de coordinación entre el ente (Fiscalía General de Justicia del Estado de México) en su calidad de patrón y el quejoso, en su carácter de trabajador, que excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado deriva de la relación laboral que existe entre la quejosa y la responsable y, por consiguiente, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, esos supuestos se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano. En consecuencia, toda vez que lo reclamado en la demanda de amparo no se trata de actos que puedan ser materia de análisis en el juicio de amparo, sino que constituye un acto que reviste de otra calidad susceptible de combatirse en otra vía, se actualizan las causas de improcedencia previstas por en el artículo 61, fracciones XXIII y XX, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Antonio Salmerón Arellano. Domicilio para oír y recibir notificaciones Toda vez que la parte quejosa solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico y se le realicen las notificaciones en la misma vía. Al respecto, dígase al ocursante que una vez consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se corroboró que el nombre de usuario es correcto y se encuentra dado de alta bajo el nombre de LicIvan, por lo que este Juzgado Federal le autoriza la consulta vía internet solicitada. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, atento a la causa a pedir, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán vía electrónica, en el entendido de que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Atento lo anterior, en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo, se encomienda al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y al encargado de la actuaría de este órgano Jurisdiccional, para que realicen las gestiones necesarias para su digitalización y cumplan con lo acordado en este proveído. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocadas, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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