Antonio Salinas Mejía

Expediente 1812/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1812/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Salinas Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 1812/2023-IX, fórmese y tramítese el incidente de suspensión promovido por Antonio Salinas Mejía, contra actos de las autoridades que señala como responsables. Integración del expediente. Intégrese físicamente un solo cuaderno, conforme al artículo 3, de la Ley de Amparo y el diverso 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables, su correspondiente informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, sin que se descuenten de ese término (cuarenta y ocho horas), aquellos que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza que se rinda el informe previo al correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 6jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que si así se hace, es innecesario que nuevamente se presente físicamente. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a.- La solicite el quejoso; b.- No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte la Litis siguiente: A.- Parte quejosa. Antonio Salinas Mejía. B.- Tercero interesado. Idalia Estefanía Ponce Jaramillo. C.- Autoridades responsables. Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Diligenciario encargado de los expedientes nones, adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Diligenciario encargado de los expedientes pares, adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. D.- Actos reclamados. Falta de citación y llamamiento al juicio de visita y convivencia 138/2022. Por otra parte, la quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado sin precisar los efectos para los cuales los solicita. Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve a las diez horas con tres minutos del día, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. PLENO Contradicción de tesis 36/2018. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de octubre de 2018. Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 92/2017 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 389, y Tesis 2a./J. 111/2003, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98. El Tribunal Pleno, el veintidós de enero en curso, aprobó, con el número 4/2019 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 06 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Interés suspensional. En la especie, el interés suspensional se acredita tomando en cuenta que según las manifestaciones de la parte quejosa es demandado en el controvertido natural, sin embargo, acude al presente juicio alegando total desconocimiento de la instauración del juicio de origen. Negativa de la medida cautelar Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por el peticionario del amparo, en virtud de que se trata de actos meramente declarativos ya que en el juicio del cual reclama la falta de emplazamiento (juicio de visita y convivencia), cualquier determinación se limitaría a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes, resultando en consecuencia improcedente conceder la suspensión provisional solicitada. Al respecto tiene aplicación la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercero Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella." Aunado a lo anterior, los actos reclamados por estar relacionada a visitas y convivencia decretadas dentro de un juicio de dicha naturaleza, si bien, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen, con lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. Sin que a la fecha se tenga conocimiento del estado procesal del expediente de origen ni las condiciones o términos de las determinaciones tomadas por el juez de origen. Procedimiento de orden público e interés de social. En efecto, en este momento resulta procedente negar la suspensión provisional solicitada, para el efecto de impedir la ejecución de alguna determinación dictada en el juicio de visita y convivencia 138/2022. Lo anterior se determina de esa manera, pues con el otorgamiento de dicha medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, además de que se afectaría el interés de la niña involucrada y se le podría causar trastorno emocional o psíquico, aunado a que se corre el riesgo de que se consumen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. La improcedencia de la medida cautelar obedece a que la sociedad tiene interés en que los menores sean adecuadamente formados, y se integren correctamente al tejido social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo se deduce que la teleología de la suspensión descansa en impedir que con el acto reclamado se causen o puedan causar perjuicios de difícil reparación, y para concederla el Juez de amparo puede calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Así, el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. De tal manera que para decretar la medida suspensional debe atenderse al principio aludido y a las leyes que lo regulan, pues ambos aspectos atañen al interés social y al orden público y, por tanto, la resolución que determina sobre la guarda y custodia de los menores podría ser o no susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo de ese principio rector en cuya observancia está interesada la sociedad; de ahí que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo." Por tanto, no procede revertir la medida adoptada por el juez natural, ya que la parte quejosa no acredita con prueba eficaz algún riesgo o peligro para la salud física o mental de la niña, y convivir en su caso, con el otro progenitor. Máxime que, el quejoso manifiesta en su demanda de amparo que existe diverso juicio en el cual promovió incidente sobre modificación de convivencia 43/2018, del índice del Juzgado Noveno Familiar Oral del Primer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Monterrey, por lo que no se le dejaría en estado de indefensión respecto de la convivencia con la menor en virtud de que existe diverso expediente en relación a ésta. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa hubiese puesto de relieve un contexto perjudicial para la niña, como podría ser, por ejemplo, que su madre ejerza violencia sobre ella, o alguna situación especial que permita a este órgano jurisdiccional concluir que la presentación pueda ser perjudicial y generara una situación de riesgo para la niña, que amerite la protección de ésta mediante diversa suspensión del acto reclamado. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada "CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y cuarto al décimo, que tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar; y en los artículos 138 Ter, 138 Quáter, 138 Quintus, 138 Sextus, 282, 283, 284, 293, 296, 323, 323 Ter, 323 Quáter y 323 Sextus del Código Civil y 940, 941, 942 y 954 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se encuentran reguladas las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de comparecer a cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, y violencia intrafamiliar, cuyo concepto se explica por sí mismo, dado que pueden causar afectación a todos los miembros de la familia, quienes, ante esta situación, deben recibir tratamientos especializados en beneficio del interés superior de los infantes, en el caso de que convivan con éstos, a fin de sanarlos del daño psicológico que pudieran padecer con motivo de las relaciones familiares." Lo anterior, sin perjuicio que de asistirle a la parte quejosa el derecho en el fondo del asunto del que deriva este incidente, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, le sean resarcidos sus derechos que estima violados, de acuerdo a los efectos restitutorios de la sentencia que se llegue a dictar, retrotrayéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que evidencia que no puede reputarse que quede sin materia el fondo del asunto. Pruebas. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo y que previo cotejo obran en copia certificada en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Tercero interesado. Se reservó su reconocimiento y emplazamiento. Domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y, de la misma forma, solicita que las notificaciones se le realicen vía electrónica, mediante el usuario "Titularjuridicomartinez". Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes para que la parte aludida esté en condiciones de notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que ameriten ser de carácter personal, en término de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Domicilio convencional. Sin que haya lugar a tener como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que cita el promovente, debido a que autorizó expresamente que se le hicieran las notificaciones electrónicas. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado(s) en amplios términos a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Exhorto a las partes En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Instrucción a la Actuaria y Actuarios Judiciales Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Transparencia y acceso a la información De conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Documentación confidencial Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. El Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, informa lo relativo a la separación de juicios que realizó en el juicio de amparo ********************de su índice. Asimismo, en auto de veintidós de noviembre del año en curso se tuvo por recibida la información y vinculación del expediente ********************del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Artículo 117 de la Ley de Amparo. Acuerdo En atención a las manifestaciones de los Juzgados Quinto y Noveno, este juzgado se avoca al conocimiento del expediente ********************, relativo al juicio de visita y convivencia. En tales condiciones, a efecto de regularizar el procedimiento, se precisa la Litis sobre la cual versa el presente juicio: A.- Parte quejosa.******************** B.- Tercero interesado. ******************** C.- Autoridades responsables. Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Diligenciario encargado de los expedientes nones, adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Diligenciario encargado de los expedientes pares, adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. D.- Actos reclamados. Falta de citación y llamamiento al juicio de visita y convivencia ********************. Se solicita informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas cronológicamente, foliadas, rubricadas, legibles y completas, sin que se descuenten de ese término (quince días), aquellos que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza que se rinda el informe con justificación al correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 6jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que si así se hace, es innecesario que nuevamente se presente físicamente. Apercibimiento Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que, en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en el párrafo anterior, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ella(s) se reclame(n), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al día en que se venció el plazo otorgado para cumplir con los requerimientos formulados, por cada una de las conductas omisivas en las que incurran, lo anterior con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que incurran en la negativa de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento hecho en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, así como los lineamientos de los informes justificados solicitados. Incidente de suspensión Atento a lo anterior, con copia del oficio de cuenta, dese trámite a la suspensión provisional respectiva en el cuaderno original que corre por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. La Actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remite copia certificada de las constancias solicitadas y vincula el expediente electrónico relacionado con el juicio de amparo ******************** de su índice. Fundamentación. Artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Artículos 66 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Se tienen por recibidos el oficio de cuenta y anexo, y se ordena dar vista a las partes por el plazo de tres días con las constancias remitidas por el oficiante, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En el entendido que la frase "dar vista" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, conforme al artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se tenga respuesta del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado, y se ordena dar vista a las partes junto con las constancias que se acompañan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se forma anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación. Sin que haya lugar a emplazar a la parte tercera interesada, hasta en tanto se reciba la información solicitada en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

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