Antonio Salazar Cazares

Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
126/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Antonio Salazar Cazares
  • Antonio Salazar Cazares y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada para ello, haya recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que pudo ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido. ... Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 225/2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con asiento en esta ciudad, por medio del cual remite el informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales de la referida responsable, las constancias que anexó a su informe. Ahora, del informe de cuenta y anexo, se advierte que en el presente asunto, resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte aquí quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de declarar cerrada la instrucción, formular el proyecto de laudo y laudo, dentro del juicio laboral 152/4/2021; sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la responsable, a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el uno de febrero de dos mil veintidós, emitió el proyecto de laudo, y, al día siguiente, dictó el laudo correspondiente. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo [treinta y uno de enero de dos mil veintidós], la autoridad responsable había sido omisa en dictar el proyecto de laudo y laudo respectivo, dentro del juicio laboral 152/4/2021, también es verdad, como quedó asentado en el párrafo precedente, que el uno y dos de febrero de dos mil veintidós, emitió el proyecto de laudo y laudo respectivamente, por lo que es procedente determinar que, en el caso, cesó el efecto de la omisión reclamada. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, emitiera el proyecto de laudo y laudo correspondiente; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en el presente asunto no se encuentre debidamente emplazado a juicio la parte tercero interesada Socahum, S. A. de C. V., por conducto de su Administrador Único, Presidente del Consejo de Administrativo y/o Gerente General y/o el negocio conocido comercialmente como Izzi por conducto de su representante legal y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo; sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado (omisión de emitir el proyecto de laudo y laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 152/4/2021), así como el sentido de la presente determinación no causa perjuicio alguno a dicha parte. Atento a lo anterior, y tomando en consideración lo proveído en párrafos precedentes, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, la Secretaria en funciones de Juez acuerda; téngase por recibido el escrito firmado por Erika Patricia Salinas Liziaga, autorizado de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al auto de ocho de febrero del presente año, hace la precisión del domicilio del tercero interesado Socahum, S.A de C.V, por conducto de su Administrador Único, Presidente del Consejo Administrativo y/o Gerente General y/o el Negocio Conocido Comercialmente como Izzi por conducto de su Representante Legal y/o Quien Resulte Responsable de la Fuente de Trabajo, siendo el siguiente: "calle Matamoros, número cuatrocientos setenta y cinco (475) Pte en la Zona Centro de esta ciudad." Consecuentemente, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que lleve a cabo el emplazamiento a juicio del tercero interesado, en el domicilio señalado en el párrafo que antecede, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y copia autorizada del auto admisorio (dos de febrero del presente año). De igual forma, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad, para efecto de oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo y 305 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

  4. Principal

    ista la razón actuarial que antecede, se advierte que a la Actuaria Judicial de la adscripción, no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercera interesada Socahum, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su Administrador Único, Presidente del Consejo de Administracion y/o gerente general y/o el negocio conocido comercialmente como IZZI por conducto de su representante legal y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, con domicilio ubicado en boulevard Hidalgo, número 1014, colonia Del Valle, del plano oficial de esta ciudad, por las razones que expone en la misma. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio cierto y actual del tercero interesado en cita, a fin de lograr su emplazamiento a juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se continuará con el procedimiento establecido en la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo. ...

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