Antonio Romero Guzman

Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
591/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Lic. Filimon Enrique Peralta Gomez
  • Antonio Romero Guzman
  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial Seis En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, para recurrir el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió en forma común para la parte quejosa y para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, del veintiuno de julio al tres del mes y año en curso; para la autoridad responsable, del veinte de julio al dos de agosto de dos mil veintitrés; y, para *** en su carácter de asesora jurídica de la parte quejosa, del veintiocho de julio al diez de los actuales; sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, dese el aviso correspondiente a las partes. En ese tenor, háganse las anotaciones en el libro electrónico, glósese el cuaderno incidental y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Además, se hace notar que las constancias físicas que obran en este expediente, se encuentran integradas en la versión electrónica del mismo, como se desprende de la certificación de cuenta. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto, es destruible, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en razón de que se sobreseyó el presente sumario constitucional y se negó la suspensión definitiva. OA

  2. Principal

    Acuerdo: Visto el oficio signado digitalmente por la licenciada ---, recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con firma electrónica, mediante el cual acepta y protesta el cargo como asesora jurídica del quejoso ***; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita que se autorice la consulta vía electrónica del presente juicio de amparo, bajo el usuario "---", sólo como medio de difusión de las determinaciones y para imponerse de autos, asimismo, hace del conocimiento su periodo vacacional del veinticuatro de julio al cuatro de agosto del año en curso. En consecuencia, glósese a los autos y téngase por apersonada a la licenciada ---, aceptando y protestando el cargo conferido como asesora jurídica del quejoso ***. De igual forma, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico de que se trata bajo el nombre de usuario que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal de la citada asesora jurídica el que señala en el ocurso de cuenta. De igual forma, este juzgado toma conocimiento de su periodo vacacional. Pónganse los autos a la vista de la aludida asesora jurídica, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    agreguese el oficio DDP/3232/2023, signado por el Jefe de Unidad Departamental Jurídica en Procesos y Recursos Penales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, informa que se designó a la licenciada --- como asesora jurídica del quejoso ***; por tanto, téngase con tal calidad a la citada profesionista y requiérasele a fin de que en el plazo de tres días presente escrito (por cualquiera de los medios permitidos por la ley), mediante el cual acepte y proteste el cargo conferido; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo 259 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, atendiendo a lo establecido en el numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a dicha asesora jurídica para que transite al esquema de actuación de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la constancia de notificación personal de trece del mes y año en curso, practicada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado al quejoso ********************, en la que el fedatario judicial hace constar que en el acto de la diligencia de la notificación relativa al proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, el citado quejoso le manifestó que si es su deseó desistirse del trámite del presente juicio de garantías; procediendo el fedatario judicial a hacerle de su conocimiento de las consecuencias legales que conlleva el desistimiento del juicio de amparo. En consecuencia, agréguese tal constancia de notificación a los autos para los efectos legales a que haya lugar y ténganse al quejoso ********************, manifestando ante la presencia del fedatario judicial su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. En este orden de ideas, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que el juicio de amparo no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto es un presupuesto indispensable para que el Órgano de Control Constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Luego, si la voluntad de la parte quejosa es necesaria para iniciar y continuar un juicio, puede desistirse válidamente de él en cualquier momento, pero si lo hace, se revoca o desaparece la excitativa de justicia y con ella el juicio propiamente, porque se extingue la instancia de parte agraviada que impulsa la actividad del Órgano de Control Constitucional. Así, en el caso concreto, el directo quejoso ********************, en el acto de la notificación personal del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, manifestó ante el fedatario judicial, que es su voluntad desistirse del trámite del presente sumario constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse a instancia de la parte a quien perjudique el acto de autoridad, se tiene al quejoso ******************** por desistido del juicio constitucional en que se actúa. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la invocada ley, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 39, visible en la página 681, del Tomo I, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO.- Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 147, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000 que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistirse de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En este orden de ideas, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Jueza de Control, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Seis, sin que al efecto haya lugar a dar vista con aquél a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, al haberse decretado el sobreseimiento en los términos precisados en párrafos que anteceden. Por tanto, quedan sin efectos, desde luego, las providencias decretadas en el presente juicio de amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable, para hacer de su conocimiento lo anterior y para los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso ********************, mediante proveído de siete de julio del año en curso, para que nombrara a un abogado que lo represente, proporcionando los datos que lo acrediten como licenciado en derecho, como lo refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece al diecisiete de los actuales, sin que haya hecho designación alguna. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, así como para salvaguardar sus derechos a una defensa adecuada y tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, así como que no cuenta con autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo para su defensa; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, designe a un funcionario público dependiente de dicha Institución, a fin de funja como asesor jurídico del quejoso ********************, en el presente juicio de amparo y lo haga del conocimiento de este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior o manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de su publicación, cuyo rubro y texto es: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definidamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc., y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritarán la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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