Antonio Roman Rodriguez

Expediente 1957/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1957/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Antonio Roman Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el toca 268/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que la Superioridad declaró sin materia el referido medio de impugnación interpuesto contra del proveído dictado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías intentada; además de que a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual transcribe el acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho, del que se advierte que admitió el recurso de queja que hace valer por el autorizado de la parte quejosa, mismo que se registró bajo el número 268/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio número 14047/2018, enviado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, del que se advierte que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso *****, el cual quedó registrado con número de queja 420/2018 de su índice; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que como se advierte en el párrafo que antecede, la Superioridad admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, como está ordenado en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, remítasele copia certificada del oficio enviado por el delegado de las autoridades señaladas como responsables Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, Comité Técnico de Créditos Hipotecarios del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, por medio del cual hace diversas manifestaciones, con relación al recurso de queja que hizo valer el quejoso en contra de la resolución de nulidad de notificaciones, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Desecha. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V , en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Se explica. Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Al respecto, del contenido del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VOGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Con esas bases, es necesario explicar qué debe entenderse por "abierta dilación" del procedimiento en el contexto de la procedencia del amparo indirecto sólo contra actos en juicio de imposible reparación, esto es, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Pues bien, para que exista una abierta dilación del procedimiento que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo por considerarse que constituye un acto de imposible reparación, debe regir la misma regla que para estos últimos actos, es decir, las consecuencias de esa dilación deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; pues no debe perderse de vista que el término "abierto" en este caso es utilizado como un adjetivo que significa "claro, patente, indudable" , atribuido a la dilación que califica. Así, no cualquier dilación tiene el carácter de "abierta" y para establecer cuándo se está ante un supuesto jurídico de tal naturaleza, por lo general debe atenderse a las peculiaridades de cada caso en concreto; y es posible dejar en claro que no se está ante un supuesto jurídico de dilación abierta en aquellos casos en los que entre la presentación de un escrito cuya omisión de acordar se reclama y la fecha de la presentación de la demanda de amparo tan sólo media un lapso breve observado razonablemente, sobre todo dentro de contextos de impartición de justicia saturados y con problemáticas de limitación de recursos indispensables para que su eficacia sea óptima. De manera que en esos casos, aun cuando se sobrepasen los plazos que la ley que regula el acto establezca para proveer lo conducente -en algunas ocasiones podría ser el doble e incluso el triple dependiendo de la brevedad de algunos plazo-, lo cierto es que el transcurso de unos cuantos días más tan solo constituye una simple dilación y no puede considerarse una "abierta" dilación, que retrase de tal manera el procedimiento que dé lugar a decretar la procedencia del juicio de amparo, pues no produce en la quejosa un acto de imposible reparación que afecte clara, patente o ineludiblemente su derecho de acceso a la justicia pues no obstruye de manera evidente el acceso a la misma. En ese sentido, no debe perderse de vista las particularidades de la impartición de justicia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuyos actos son materia del juicio de amparo, los cuales, por lo general se encuentran rebasados en sus capacidades por el cúmulo de trabajo que tienen a su cargo; de ahí que esa carga laboral debe administrarse a efecto de que todos los justiciables y no solo aquéllos que promuevan amparo, se les administre justicia de la manera más pronta posible y dentro de los plazos que marca la ley y de ser el caso de que reciban justicia fuera de dichos plazos, que esa tardanza sea razonable, y no constituya una abierta dilación que es lo que produce injusticia. Y es que la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que exista abierta dilación tiene como finalidad que vía amparo se otorgue justicia en aquellos casos en los que verdaderamente exista una injusticia manifiesta y no para ajustar la administración de justicia de las autoridades señaladas como responsables a los plazos procesales de manera estricta, frente a una realidad imperante de recursos limitados de administración de justicia. Asimismo, hay que agregar que la propia promoción del juicio de amparo en los casos en que no exista una abierta dilación del procedimiento, es un despropósito porque la práctica refleja que el propio trámite del amparo dilata un tiempo considerable aunado a que provoca que las autoridades señaladas como responsables se vean en la necesidad de realizar los trámites inherentes a la defensa del acto reclamado, lo que ocasiona una dilación mayor en el procedimiento. Expuesto lo anterior, en este caso el acto reclamado consiste en la omisión de dictar auto de admisión de la demanda presentada ante el Tribunal responsable el doce de noviembre de dos mil dieciocho; pero ello, no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque como lo refiere la parte quejosa el doce de noviembre del año en curso, presento su escrito de demanda y la fecha de presentación de la demanda de amparo acaecida el veintiocho de noviembre actual presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, mediaron nueve días hábiles . Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso -nueve días- no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total pero además es evidente, claro y fehaciente en tanto que basta la lectura del escrito inicial de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. 3).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. 4).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. 7).- De las sanciones Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que debe observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

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