Antonio Román Martínez
Expediente 299/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Román Martínez
Actuaciones
- Principal
El cuatro de abril de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro al treinta de marzo de dos mil diecisiete, sin contar los días veinticinco y veintiséis del mes y año citados, por corresponder a sábado y domingo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecisiete de marzo del mismo año, dentro del juicio de amparo 299/2017. DOY FE. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 20-26), por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Antonio Román Martínez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
CUENTA. El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Antonio Román Martínez, registrada con el número de folio 3809, con siete copias de ésta y anexos.- CONSTE. b) La circunstancia de que el licenciado Carlos González Ramírez tiene su cédula profesional número 1892409, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Román Martínez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 299/2017-5, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable la siguiente: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas de comisionar al Actuario Judicial para emplazar a la demandada Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dentro del juicio laboral 377/2016. La omisión del actuario de realizar el emplazamiento de la parte demandada. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, reclama la omisión el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad de comisionar al Actuario adscrito para emplazar a la demandada Secretaría de Educación de este Estado dentro del expediente número 377/2016. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte el promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En esa línea, la omisión de la responsable de ordenar al Actuario para emplazar a la demandada Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas en el juicio laboral número 377/2016, por sí sola, únicamente tiene efectos procesales, por lo que se advierte que dicho acto no resulta ser de imposible reparación, toda vez que éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasiona una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender en el resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama. A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la omisión de la responsable de ordenar al Actuario para emplazar a la demandada en el juicio natural, reclamada por el quejoso, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, toda vez que se presenta dentro de éste. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Décima Época, visible en la página 1086 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Además, este juzgado considera que no se advierte que exista una dilación evidente que implique la paralización total del juicio de origen, ya que el quejoso en su demanda de amparo, reseñó los antecedentes del acto reclamado, así como exhibió copias certificadas del juicio laboral, y, bajo protesta de decir verdad expuso que: Promovió juicio laboral registrado con el número 377/2016, contra la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. No obstante que señala que su escrito de demanda la presentó el cinco de junio de dos mil catorce, del sello de recibido por parte de la autoridad responsable se advierte que dicho escrito fue presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis (foja 9 a 12). El tres de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable requirió al actor a efecto de que subsanara una omisión (foja 14). El doce de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, declaró abierta la instancia laboral, comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de emplazar a la demandada Secretaría de Educación del Estado y señaló las nueve horas del diez de marzo de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 17). El diez de marzo de dos mil diecisiete, al no estar emplazada la demandada se señalaron de nueva cuenta las doce horas del tres de julio de dos mil diecisiete a efecto de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja19). Circunstancias que de manera evidente demuestran que, hasta ese momento procesal, no existen datos que puedan demostrar demora en la tramitación del juicio laboral puesto que la autoridad responsable en el auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, ordenó al Actuario emplazar a la demandada Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas en el expediente 377/2016, así como citarla para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas señalada para las diez horas de diez de marzo de dos mil diecisiete, fecha esta en la cual se difirió por primera vez la audiencia mencionada por lo que de nueva cuenta ordenó al Actuario realizar el emplazamiento respectivo y citar a la demandada a la audiencia fijada para el tres de julio del año en curso, por tanto, si el Actuario adscrito a la autoridad laboral responsable, no realizó el emplazamiento encomendado, el quejoso, al ser parte procesal en dicho procedimiento, tiene expedito su derecho a solicitar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje exija a su subordinado realice el emplazamiento correspondiente. En síntesis, la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio natural que constituye el acto reclamado, no tiene en el solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia interlocutoria respectiva. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte, lo procedente ese desechar de plano la demanda de amparo promovida por Antonio Román Martínez. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. LUGAR Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Carlos González Ramírez, toda vez que tiene su cédula profesional número 1892409, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditarse lo anterior en cuanto al licenciado José de Jesús Morua, únicamente se le tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Dos, número doscientos seis, interior "1", del fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Antonio Reyes García803/2017
- Antonio Reyes García1011/2016
- Antonio Reyes Leyva3995/2014
- Antonio Robles Carrillo2833/2014
- Antonio Rodríguez Bautista817/2018
- Antonio Rodríguez Lara2703/2014
- Antonio Román Ortega203/2021
- Antonio Rosas Méndez550/2023
- Antonio Ruedas Martínez454/2017
- Antonio Ruiz López1603/2015
- Antonio Ruíz López238/2015
- Antonio Salas Andrade586/2020