Antonio Rogelio Zanabria González y Otros.

Expediente 1812/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1812/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Antonio Rogelio Zanabria González y Otros.
  • Antonio Rogelio Zanabria González
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, realizara lo siguiente: Para el efecto de que, de existir tales actos reclamados consistentes en incomunicación, palos, tormentos y azotes, así como cualquier otro de los prohibidos por el ordinal 22 Constitucional sin importar su denominación que tenga el mismo efecto, el Director de Seguridad Pública Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, no continúe aplicándolos en contra del quejoso, esto es, cesen sus efectos; medida que no procede por ningún motivo, al considerar que es inconstitucional en sí misma. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Municipio de San Jacinto Amilpas, mediante oficio remitió copia certificada del diverso de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, por el cual giró instrucciones al Comandante del Primer y Segundo Turno Encargado de Patrullas de la Policía Municipal de dicho Municipio, solicitando que a partir de la recepción de esa comunicación, se tomarán las medidas necesarias con los elementos a su mando, para evitar se vulneren los Derechos Humanos y Garantías, del quejoso ANTONIO ROGELIO ZANABRIA GONZALEZ, quien refirió tener su domicilio en Andador Diamante, Manzana Dos, Casa Tres del Fraccionamiento Real San Jacinto, San Jacinto Amilpas; asimismo, que queda estrictamente prohibido la realización de incomunicación, tormentos y azotes, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de que no realicen las acciones mencionadas, con el carácter de autoridad o funcionario públicos, podrán ser sujetos de responsabilidad, tal como lo disponen las Leyes en Materia de Funcionarios y Servidores Públicos, o sujetos a Responsabilidad Penal por la conducta que llegue a tipificarse como delitos. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Municipio de San Jacinto Amilpas cumplió con la misma, toda vez que ordenó al Comandante del Primer y Segundo Turno Encargados de Patrullas de la Policía Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, para que tomara medidas necesarias a su mando, para evitar se vulneren los Derechos Humanos y Garantías del quejoso ANTONIO ROGELIO ZANABRIA GONZALEZ, además de quedar estrictamente prohibido la realización de incomunicación, tormentos, y azotes, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre su persona. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Finalmente, visto el estado de los autos se advierte que obran los escritos de seis de octubre, veintitrés de agosto, catorce de noviembre dos de febrero de dos mil dieciséis, oficio DSPSJ/PM/MRZ/016/2014, tarjeta informativa de ocho de julio de dos mili catorce y dos credenciales en el que acreditan a Apolinar Ramírez Bautista como Director General de Seguridad Pública Administración Municipal 2014-2016 y Subdirector General de Seguridad Pública, administración municipal 2017-2018, previa copia que de las mismas se deje en autos, mediante oficio devuélvanse al Subdirector General de Seguridad Pública Municipal de San Jacinto Amilpas, dichos documentos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Municipio de San Jacinto Amilpas y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. De incumplir las autoridades responsables sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien días de unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos ($7,549.00), a razón de 75.49 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

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