Antonio Rodriguez Villalba

Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
388/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Rodriguez Villalba

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el dictamen firmado por Blanca Estela González Cruz en su carácter de perito en materia de contabilidad, quién fue designado por la autoridad responsable, mediante el cual en atención al proveído de veintitrés de marzo del presente año, emite el perfeccionamiento de su respectivo dictamen con relación a la prueba pericial ofrecida en autos; por lo tanto, téngase a la citada especialista rindiendo el dictamen que le fue conferido. Atento a lo anterior, notifíquese a la experta antes mencionada, por conducto de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente de la notificación se presente ante este Juzgado Federal a ratificar el referido dictamen pericial, previa cita que genere a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y por oficio a la perito Blanca Estela González Cruz. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio con anexo signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 362/2022, promovido por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, toda vez que en auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del referido juicio, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del mismo; fórmese el cuaderno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Al respecto, en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente. Ahora, visto el escrito de demanda signado por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, solicitando el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos que reclama del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, (Isidoro Edie Sandoval Lome). Primeramente, como lo solicitan en términos del artículo 13, de la Ley de amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Balbina Antonio Solórzano, sin perjuicio que posteriormente sea sustituido. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es obligatorio y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Primeramente, es necesario establecer que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo dictado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal JC/424/2021, por el cual la autoridad responsable negó la suspensión del procedimiento de la citada causa penal. Ahora, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, dispone: ".El juicio de amparo es improcedente.... ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". El texto de la disposición legal transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Este principio tiende a conservar como medio extraordinario de defensa al juicio de amparo, al que sólo se pueda acudir si la ley no provee de medios ordinarios, o contra la resolución del último de éstos. El principio de definitividad que se comenta y que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Por otra parte, los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: ".Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta...". Del estudio de dichos preceptos, se concluye que contra el acto aquí reclamado, consistente en el acuerdo dictado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal JC/424/2021, por el cual la autoridad responsable negó la suspensión del procedimiento de la citada causa penal; procede recurso de revocación, tal como lo establece el artículo 465, que refiere que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Sin embargo, la parte aquí quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, toda vez que no hizo valer el citado recurso de revocación contra el acto reclamado, antes de acudir a la presente instancia constitucional. La anterior consideración de este Juzgado Federal encuentra apoyo en la siguiente tesis que a continuación se cita: Número de registro: 187016. Novena época. Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: I.6o.C. J/37. Página: 902. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizada a la persona que cita con los efectos que precisan. Ahora, respecto del correo electrónico que citan, se tiene únicamente como contacto, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se padece. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio con anexo signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 362/2022, promovido por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, toda vez que en auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del referido juicio, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del mismo; fórmese el cuaderno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Al respecto, en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente. Ahora, visto el escrito de demanda signado por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, solicitando el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos que reclama del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, (Isidoro Edie Sandoval Lome). Primeramente, como lo solicitan en términos del artículo 13, de la Ley de amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Balbina Antonio Solórzano, sin perjuicio que posteriormente sea sustituido. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es obligatorio y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Primeramente, es necesario establecer que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo dictado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal JC/424/2021, por el cual la autoridad responsable negó la suspensión del procedimiento de la citada causa penal. Ahora, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, dispone: ".El juicio de amparo es improcedente.... ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". El texto de la disposición legal transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Este principio tiende a conservar como medio extraordinario de defensa al juicio de amparo, al que sólo se pueda acudir si la ley no provee de medios ordinarios, o contra la resolución del último de éstos. El principio de definitividad que se comenta y que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Por otra parte, los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: ".Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta...". Del estudio de dichos preceptos, se concluye que contra el acto aquí reclamado, consistente en el acuerdo dictado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal JC/424/2021, por el cual la autoridad responsable negó la suspensión del procedimiento de la citada causa penal; procede recurso de revocación, tal como lo establece el artículo 465, que refiere que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Sin embargo, la parte aquí quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, toda vez que no hizo valer el citado recurso de revocación contra el acto reclamado, antes de acudir a la presente instancia constitucional. La anterior consideración de este Juzgado Federal encuentra apoyo en la siguiente tesis que a continuación se cita: Número de registro: 187016. Novena época. Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: I.6o.C. J/37. Página: 902. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizada a la persona que cita con los efectos que precisan. Ahora, respecto del correo electrónico que citan, se tiene únicamente como contacto, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se padece. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. Carlos.

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