Antonio Rodriguez Reyes
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Antonio Rodriguez Reyes
- Ayuntamiento de Tijuana, Baja California
Actuaciones
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
...se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno... "Téngase por recibido el escrito que firmado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención de dieciséis de abril del año que transcurre. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, relativa al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demanda en el procedimiento burocrático 515/2017-V, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: Los invocados numerales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La aplicación armónica de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, tratándose de actos, omisiones o resoluciones que, ocurridos dentro de juicio, no tengan una incidencia de imposible reparación sobre derechos fundamentales tutelados ya sea en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De ese modo, la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables, es decir, respecto de los denominadas violaciones formales o procesales que sólo producen efectos de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del promovente y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Conforme con el marco legal descrito, en el caso, el dictado de la resolución de veintinueve de marzo del año que transcurre, que resuelve procedente el incidente de nulidad de actuaciones, tiene naturaleza intraprocesal, es decir, sucede dentro del procedimiento burocrático 515/2017-V del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y, además, no incide materialmente sobre derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna o las convenciones multilaterales adoptadas por el Estado Mexicano; por el contrario, solo tiene efectos formales, esto es, porque sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal de manera que hasta este momento no causa afectación sobre derecho fundamental alguno. En efecto, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama únicamente tuvo por efecto el nulificar el acto intraprocesal del emplazamiento de la parte demandada, lo cual en modo alguno trasciende -hasta este momento- sobre prerrogativa fundamental como la vida, propiedad o posesiones, si no que se trata netamente de la condición dentro del procedimiento de origen que en modo que en modo alguno se traduce en derecho constituido en favor del promovente de amparo. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que la legislación de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, permitía establecer excepcionalmente la procedencia del juicio de control constitucional por vía biinstancial en tratándose de actos que, si bien no revestían una lesión jurídica a derecho fundamental o sustantivo, sí implicaban una afectación en grado predominante o superior; también lo es que de acuerdo con la actual legislación el juicio de amparo requiere para su pertinencia la condición de que el acto reclamado implique una vulneración directa a un derecho sustantivo, es decir, opuestos a los formales o adjetivos que acontecen sólo intraprocesalmente. De ese modo, lo resuelto por el Tribunal burocrático responsable, al resolver el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada, no puede considerarse en lesión jurídica respecto del promovente; por el contrario solo incide en las condición de naturaleza formal o adjetiva respecto del procedimiento, lo cual no necesariamente trascenderá al resultado del fallo que, en su caso, recaiga en esa instancia, por el contrario, se trata de una afectación susceptible de repararse en la medida que el quejosa obtenga un laudo favorable o que no lesione su interés legal y, por tanto, no puede reputarse como acto de imposible reparación dentro de ese procedimiento; requisito indispensable para tornar procedente el sumario constitucional que se intenta cuando se reclaman actos de naturaleza intraprocesal. En ese orden, la improcedencia del presente sumario constitucional que de manera notoria y manifiesta se actualiza, no deja en estado de indefensión a la parte promovente, en tanto que si al resolverse el juicio laboral burocrático, se establece fallo que estime contrario a su interés legal, desde luego tendrá la aptitud de controvertir la resolución definitiva mediante el medio ordinario de impugnación y, en su caso a través de la acción de amparo en vía directa, en la que alegue la resolución incidental en cuestión como violación procesal en virtud de las cuales haya quedado sin defensa y trascendido al resultado del fallo que le sea adverso, en su caso, de conformidad con el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se reitera, dada la etapa procesal en que se encuentra el expediente laboral del que derivan los actos contra los que se intenta la acción de amparo, no constituyen actuaciones que violen algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los tratados internacionales suscritos por México, por lo que es dable concluir que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al emitirse resolución que en su caso concluya la instancia en sede jurisdiccional, aquellos puedan ser alegados como violaciones procesales al tenor del amparo que se promueva contra el fallo. En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 418/2021-1 No es óbice al desechamiento decretado, la circunstancia de que previamente haya sido prevenido el representante de la quejosa para precisar el acto reclamado, en tanto que la prelación de su pertinencia impone su análisis en primer término de los requisitos de forma y posteriormente los de fondo como lo es la materia de la presente determinación, de manera que la satisfacción de los primeros no conlleva los segundos."
- Principal
Agréguese el acuse de recibo del oficio 5538/2021, que remite la Extensión del Centro Archivístico la Noria, en el Estado de México, por el cual se devolvieron los autos originales del expediente 583/2015-3; de lo anterior, este Juzgado toma el debido conocimiento, para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Antonio Moreno Barrera1237/2023
- Antonio Obando Cobos485/2019
- Antonio Pablo Pelayo Vidriales1850/2022
- Antonio Ramos Martinez237/2020
- ANTONIO REY RODRIGUEZ GAMEZ y Otros.607/2015
- Antonio Rodriguez Reyes175/2020
- Antonio Solano Martinez632/2014
- Antonio Suene Correa Ventocilla1113/2022
- Antonio Tello Ramírez1159/2023
- Antonio Vasquez Flores669/2018
- Antonio Vasquez Muñoz403/2019
- Antonio Villa Félix190/2019