Antonio Rodríguez Puebla
Expediente 80/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Rodríguez Puebla
- Juez Primero Penal de Partido En Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Finalmente, devuélvase al Juez Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad, el expediente *****, en trece tomos, de su índice, mismos que anexo a su informe justificado.
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NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciseis, por este medio se notifica a la tercera interesada, la resolución dictada el cinco de abril de la presente anualidad , que en lo conducente dcie: Visto lo de cuenta, ténganse por recibido el oficio número 587/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal de Partido Judicial, en esta ciudad, del cual se advierte que mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 145/2015, que se le instruye contra el quejoso Antonio Rodríguez Puebla, por el delito fraude equiparado en su modalidad de administración fraudulenta, causó ejecutoria el auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria de dicha causa penal, remitiéndose los autos de la misma, al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en la especie lo que el peticionario del amparo reclamó en su demanda, fue el auto de formal prisión dictado en su contra por el juez responsable el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 145/2015, que se le instruye por el delito fraude equiparado en su modalidad de Administración Fraudulenta y al Director del Centro de Readaptación Social en esta ciudad, la ejecución del mismo. En ese orden de ideas, de la documental que remitió la autoridad signante, misma que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno, se evidencia que el auto que se decretó el sobreseimiento en la causa penal de origen, causó ejecutoria el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, los efectos del acto reclamado han cesado, y por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente; como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud de que el quejoso promovió juicio de amparo, en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, así como su ejecución; asimismo, del oficio de cuenta, se desprende que el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, dictó auto de sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria; en ese sentido, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que aquéllos constituyen una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno al quejoso; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VI, Noviembre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, Director del Centro de Readaptación Social en esta ciudad, en virtud de que los actos atribuidos no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Tiene aplicación, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil dieciséis).
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal de Partido, de esta ciudad, mediante el cual, informa que dentro de los autos de la causa penal ---, instruida en contra de--- y otros, por el delito de fraude equiparado en su modalidad de Administración Fraudulenta cometido en agravio de ----, de la cual deriva el acto que por esta vía se reclama, el pasado diecisiete de lo corrientes, el licenciado ---, apoderado legal de ---- reiteró el perdón que otorgó a favor del quejoso ---------------------- y otro, por el delito precitado, por lo que el pasado dieciocho de marzo, se decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, a favor de los inculpados de mérito, por lo que ahora se encuentra transcurriendo el término para que cause ejecutoria dicho sobreseimiento. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documental, para que se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS para su desahogo.
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