Antonio Rodríguez Navarrete
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Rodríguez Navarrete
Actuaciones
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz; cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Antonio Rodríguez Navarrete, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo directo 907/2019 del índice del Tribunal de su adscripción, en el que por las razones ahí expuestas, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida contra el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Asimismo, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el libro de gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número 1022/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, de la lectura de la demanda de amparo que se provee se aprecia que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este Juzgado se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, número de registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Resulta aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 180415, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Conforme lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos. Para ello, conviene diferenciar uno de otro; por los primeros se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juico o en la resolución del procedimiento correspondiente. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, el criterio sustentado en la tesis I.13o.A.3 K, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190188, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En este sentido, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en lo medular, reclama la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 1552/2019 de su índice, a través del cual confirmó la diversa resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1037/2017 de su índice. Asimismo, de las constancias que integran el toca de referencia, se advierte que en la aludida resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia antes mencionado y confirmada por la Sala responsable, se ordenó reponer el procedimiento, dejando sin efecto todo lo actuado en el citado juicio ordinario civil 1037/2017, hasta el auto de inicio, para estar en condiciones de emplazar a la parte demandada y éste se encuentre en condiciones de comparecer a juicio a oponer sus defensas y excepciones. En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para el peticionario de amparo un acto de imposible reparación, ya que no puede reputarse como de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado. Por lo que el acto reclamado no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a través de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, toda vez que vuelve a poner el proceso en la fase procesal indicada por la alzada, lo que sólo incide sobre la posición de las partes dentro del proceso, con vista a obtener un fallo favorable, lo cual es susceptible de anularse en el supuesto de que obtenga sentencia favorable, sin que deje huella en sus derechos subjetivos; o a través del juicio de amparo directo, cumplidos los requisitos legales correspondientes, que se intente en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior es así, pues en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si el directamente agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, pero en caso de que le resulte perjudicial, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en términos del artículo 172, de la ley de la materia, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia que se pronuncie. Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, que el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 1552/2019 de su índice, a través del cual confirmó la diversa resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1037/2017 de su índice, no tiene una afectación a sus derechos sustantivos, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos; lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. No es óbice para tal conclusión, que la reposición del procedimiento implica la existencia propia de las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de nueva cuenta de una parte del procedimiento judicial, pues en el caso, el retraso en la solución del asunto no es un elemento que determine la irreparabilidad del acto reclamado, tal como lo estimó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la tesis que se comparte, consultable en la página 2677, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, con número de registro 167805 de rubro: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." En consecuencia, la resolución emitida por la Sala responsable que por esta vía se reclama, que confirma la diversa emitida por el juzgador de primera instancia en la que ordena reponer el procedimiento en el juicio natural, al no ser un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que infrinja derecho sustantivo alguno de manera directa e inmediata, no es impugnable mediante el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, agosto de 1992, Octava Época, número de registro 205651 cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensi, del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Antonio Rodríguez Navarrete. No es óbice a la anterior determinación, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 87/2016 (10a.), número de registro 2012245, de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", estableció que, en el caso específico, el juzgador no está en aptitud legal de desechar la demanda de amparo de inmediato, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esta etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requiere de un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia. Lo anterior es así, toda vez que con la remisión de la demanda de amparo origen del presente asunto, el Tribunal Colegiado oficiante de igual forma anexó el informe justificado rendido por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como los autos originales del toca 1552/2019 del índice de Sala responsable; motivos por los cuales el suscrito estuvo en aptitud legal, desde este momento, para realizar un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos del acto reclamado, y desechar la demanda de amparo en base a los razonamientos expuestos en líneas anteriores. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Abraham Contreras Martínez, debido a que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. ANEXOS Ahora bien, el Tribunal Colegiado oficiante remitió el toca número 1552/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por tanto, dada la voluminosidad de las constancias que remitió la autoridad ocursante, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo de pruebas por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación, constancias que se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional en virtud de su volumen; sin que sea requerida su digitalización al no ser necesarias para sustentar este proveído. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. No obstante lo anterior, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá realizarse por escrito y acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere su expedición. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, tomo I, página 308, mayo de 2017, materia civil, número de registro 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO."
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