Antonio Rodríguez Martínez

Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Rodríguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima acusa recibo del oficio 18753/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se remitió por separación la demanda de amparo promovida por ***; por tanto, esta juzgadora ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima y otras; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 751/2022-IV. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Separación de juicios y conocimiento previo. Del análisis de la demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La resolución dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en la carpeta de investigación *****, de la que deriva la carpeta administrativa *****, por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, y su ejecución. La excusa del Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, planteada en los juicio de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022, donde existe relación con la carpeta administrativa ****, derivada de la carpeta de investigación ****. Ahora, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a juicios diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige que, para que sea procedente la separación de juicios, es requisito indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, Página: 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Ahora bien, en el caso, se trata de dos actos reclamados originados de distintos expedientes, en donde las autoridades ordenadoras son distintas, y como consecuencia, mantienen una naturaleza y origen distinto, pues no existe conexidad de las causas, pues el primero se refiere a la carpeta administrativa ****, derivada de la carpeta de investigación ****, y el segundo a los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022; por tanto, por lo que se trata de actos desvinculados entre sí, pues no se trata de asuntos relacionados; toda vez que en el primero reclama la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en la carpeta administrativa ****, carpeta de investigación *****, por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco; y en el segundo la excusa planteada por el Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022; en esas circunstancias, se debe dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada. Resulta aplicable, a contrario sensu, las contradicciones de tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "CONFLICTOS POR LITISPENDENCIA Y ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIAS, TRAMITACIÓN Y CONSECUENCIAS. El artículo 49 de la Ley de Amparo regula el supuesto específico de litispendencia entre juicios de amparo, que implica una identidad completa en relación con los quejosos, las autoridades responsables y los actos reclamados, cuyo caso de conflicto debe tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales, referidas en el artículo 48 de ese ordenamiento. Por ende, una vez desahogado el conflicto y determinado el juicio primigenio que debe prevalecer, así como el órgano que ha de continuar con su trámite en un segundo momento, ello dará lugar a que en el segundo o ulteriores juicios se sobresea en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes. Así, en este supuesto, puede presentarse un conflicto por acumulación, el cual debe resolverse conforme a las jurisprudencias P./J. 24/2015 (10a.) y P./J. 25/2015 (10a.), emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, la tesis P./J. 24/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página: 19, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. Por lo que, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en dos juicios, toda vez que el quejoso reclama los siguientes actos La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en la carpeta administrativa ***, derivada de la carpeta de investigación ****, por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. La excusa planteada por el Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022. En consecuencia, se determina que en este juicio amparo se analice el acto reclamado consistente en la excusa planteada por el Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022. Atento a lo anterior, remítase un juego de copias certificadas de la demanda que dio origen al presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, a fin de que sea debidamente turnada contra el acto consistente en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en la carpeta administrativa ***, relativa a la carpeta de investigación ****, por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. Cobra vigencia a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia P./J. 78/97, visible en la página 117, del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. Por otra parte, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama la excusa planteada por el Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, en el presente juicio la parte quejosa reclama la excusa del Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones IX y XXIII, en relación con el taxativo 54, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: III. Los tribunales colegiados de circuito: c) De las juezas o jueces de distrito, que se encuentren en su circuito. Así, de la interpretación gramatical del primer precepto plasmado, se prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo y en ejecución de los mismos, y de la segunda directriz normativa se obtiene que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conocer de las excusas y recusaciones de las Juezas o Jueces de Distrito, que se encuentren en su circuito, planteados en los juicios de amparo que conozcan, al actualizarse alguna de las hipótesis objetivas u subjetivas establecidas en el artículo 51 de la Ley de Amparo. . En este contexto, la presente causa de improcedencia mantiene su génesis en que la substanciación del juicio de amparo mantiene procedimientos y medios de impugnación especiales para analizar las resoluciones que se emiten por las autoridades responsables, Jueces de Distrito o Magistrados del Tribunal de Apelación o Colegiado, durante el proceso para su iniciación, continuación y ejecución, cuyos actos u omisiones no son materia de un nuevo juicio de amparo, pues se consideraría que las propias autoridades que detentan el control de constitucionalidad concentrado vulneren derechos humanos con su actuación. En este sentido, se restringió la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas en otro juicio de amparo e incidente de suspensión, pues los pronunciamientos emitidos tienen una regulación especial para ser controvertidas, impidiendo que se genere una cadena interminable de juicios de amparo de permitirle a las partes promover un medio de control constitucional sobre otro, impidiendo que se demerite la naturaleza de dicho medio extraordinario de defensa de los derechos humanos, fundamentales y garantías de las personas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 97/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, página 155, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDA, ASÍ COMO LOS PRECEPTOS EN QUE SE FUNDA, ES IMPROCEDENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA. La resolución dictada al calificar los impedimentos previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo constituye una determinación emitida dentro del juicio de garantías, pues además de que con ella se define la competencia subjetiva del juzgador, afecta directamente en el trámite del juicio, habida cuenta que con la cita del impedimento se suspende el procedimiento o el dictado de la sentencia hasta su calificación. Asimismo, la resolución dictada impacta la validez de las actuaciones realizadas por el juzgador que sea declarado impedido, pues aquéllas serán nulas al no existir en la Ley de Amparo disposición alguna que las dispense. En ese sentido, si se tiene en cuenta que la decisión que califica un impedimento hecho valer en términos del señalado numeral constituye una resolución vinculada al juicio de garantías del que deriva y, por ende, se encuentra dictada dentro de él, es indudable que en caso de que promueva un juicio de garantías en su contra, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, a pesar de que en la demanda también se reclame la inconstitucionalidad de un precepto de ese ordenamiento -como el artículo 71, conforme al cual se impondrá multa a quien promueva un impedimento que sea desechado-, toda vez que por disposición expresa del legislador no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de garantías contra las resoluciones pronunciadas en otros de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden. Ahora bien, la parte quejosa reclama la excusa del Juez Primero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, en los juicios de amparo indirecto 737/2022, 738/2022 y 739/2022. Así, el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que la resolución dictada en los impedimentos en los juicios de amparo, constituye una determinación emitida dentro del juicio de garantías, pues además de que con ella se define la competencia subjetiva del juzgador, afecta directamente en el trámite del juicio, habida cuenta que con la interposición del impedimento se suspende el procedimiento o el dictado de la sentencia hasta que dicho impedimento se califique. Por lo que, la resolución en que se excusa para conocer de un juicio de amparo, constituye una resolución vinculada al juicio de garantías del que deriva, por ende, se encuentra dictada dentro de él; por lo cual, en caso de que en contra de esa resolución se presente una demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover un juicio de garantías contra las resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden. Ilustra lo expuesto la tesis 1a. LXX/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, página 83, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Afirmar lo contrario y establecer que dicho acto es materia de amparo indirecto, implicaría desbordar la competencia que tiene éste órgano de control constitucional, al tener que calificar la constitucionalidad de un acto ?impedimento? cuyo conocimiento compete en exclusiva al Tribunal Colegiado de Circuito. Apoya lo anterior la tesis 1a. XCVIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época, página 185, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la procedencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el acto de aplicación puede existir el perjuicio o violación de garantías, pues de otra manera no habría interés jurídico en el juicio de amparo. Asimismo, por los motivos que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notificación y acceso a expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su demanda; así como la práctica de notificaciones de carácter personal por esta vía, por así haberse solicitado. Intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que el número de su cédula profesional federal proporcionado, no se encuentra inscrito en el "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.

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