Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez

Expediente 2251/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 55 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2251/2019
Año
2019
Actuaciones
55
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez
  • CARLOS GUTIÉRREZ ACEVES y Otros.
  • Alma Rosa Gutiérres Aceves
  • ANTONIO RODRÍGUEZ LAURA GUTIÉRREZ y Otros.
  • Carlos Gutiérrez Aceves
  • Congreso del Estado de Jalisco
  • María Elena del Rayo Morett Orendain
  • MARÍA ELENA DEL RAYO MORETT ORENDAIN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    NOTIFICACION ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "(.) "SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación, se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del demandante del amparo en el goce de los derechos. Así, se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que: Las autoridades responsables dejen insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental ******************** y su ejecución, únicamente, por lo que hace al predio del quejoso, que se vio afectado por el decreto en la proporción correspondiente, identificado como: parte alícuota equivalente al ********************. Se precisa que el efecto del amparo y protección de la Justicia Federal, no implica que la parte promovente del amparo quede liberada de observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, conviene acotar que esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Se aclara también que lo resuelto no impide que las autoridades que participaron en la creación del decreto referido, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo de nueva cuenta un procedimiento para tales efectos, pero en que se respete el derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, en los términos explicados en la sentencia. Lo anterior es relevante, ya que si bien generalmente la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de observancia general impide que la respectiva norma sea aplicada en perjuicio del quejoso hasta en tanto no sea modificado el acto legislativo transgresor de sus derechos humanos, cuando tal declaración se refiere a una violación a la garantía de audiencia, en virtud de que ello se traduce en un vicio procedimental o accesorio a la facultad cuyo ejercicio se prevé en el precepto inconstitucional, como es el caso, el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el ejercicio de la respectiva potestad. Esto es así, ya que las consideraciones que sustentan el correspondiente fallo protector no contienen un análisis sobre si la facultad de la autoridad, en sí misma, es violatoria de derechos humanos, sino sobre la circunstancia de que al generar su ejercicio una modificación definitiva de la esfera jurídica del gobernado, antes de su desarrollo se debe escuchar al mismo y, por ende, estimar que tal vicio impide a la respectiva autoridad ejercer alguna de sus atribuciones sería tanto como destruir respecto del quejoso un acto legislativo que no se ha sometido al tamiz constitucional. Esto es, la sentencia concesora en este juicio respecto a los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, derivó de que se faculta a determinadas autoridades para modificar en forma definitiva la esfera jurídica de los gobernados sin escucharlos previamente, lo que se traduce en una inconstitucionalidad adjetiva o formal de la respectiva atribución, pero que por la naturaleza del vicio advertido, no impide a la autoridad competente purgarlo antes de su ejercicio, brindando al quejoso una oportunidad de defensa en la que se respeten las formalidades esenciales a todo procedimiento." (.)" Por su parte, la autoridad responsable Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, mediante oficio recibido en la oficialía de partes el ocho de diciembre de dos mil veintidós, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copias certificadas de la impresión del folio real ********************, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que la responsable, realizó las adecuaciones a efecto de que se respetaran los derechos del quejoso y canceló las anotaciones que lo afectaban, en relación con el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental ******************** y su ejecución, únicamente, por lo que hace al predio de la parte quejosa, que se vio afectado por el decreto en la proporción correspondiente, identificado como: parte alícuota equivalente al ********************. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que por una parte se sobreseyó, y en otra se concedió la protección constitucional, misma que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la Revisión Principal 424/2021; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En acatamiento al artículo 21, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOS DEL AUTO DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y téngasele en vías de cumplimiento. Sin que resulte necesario realizar un nuevo requerimiento por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que en auto de ********************, se requirió a la responsable por el mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se parecía que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pese a estar debidamente notificada para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta requiérase al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que dentro del plazo de tres días, informe el cumplimiento dado al oficio ******************** y remita constancia fehaciente de ello, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 51 actuaciones en este expediente

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