Antonio Rodríguez Hernández

Expediente 2558/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2558/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Antonio Rodríguez Hernández
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 114 a 115 y 120), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 121), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 70), en lo que al caso interesa, se determinó conceder al quejoso Antonio Rodríguez Hernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por la operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 98 a 99), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el catorce y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 114 a 115 y 120), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, realizó la devolución interbancaria al aquí quejoso, la cantidad de cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos con cuarenta y nueve centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento quince. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de abril del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del año en que se actúa entre el índice para el mes de octubre del año anterior (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del año en curso fue de 103.531 y para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue de 101.440, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.020613170347003. Ahora, dado que al monto de $43,730.40 (cuarenta y tres mil setecientos treinta pesos 40/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $43,450.40 (cuarenta y tres mil pesos 40/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $44,346.05 (cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 05/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $895.65 (ochocientos noventa y cinco pesos 65/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $44,346.05 (cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 05/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $44,322.49 (cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 49/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $23.56 (veintitrés pesos 26/100 moneda nacional); empero, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 114 a 115 y 120), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 121), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 70), en lo que al caso interesa, se determinó conceder al quejoso Antonio Rodríguez Hernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por la operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 98 a 99), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el catorce y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 114 a 115 y 120), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, realizó la devolución interbancaria al aquí quejoso, la cantidad de cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos con cuarenta y nueve centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento quince. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de abril del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del año en que se actúa entre el índice para el mes de octubre del año anterior (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del año en curso fue de 103.531 y para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue de 101.440, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.020613170347003. Ahora, dado que al monto de $43,730.40 (cuarenta y tres mil setecientos treinta pesos 40/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $43,450.40 (cuarenta y tres mil pesos 40/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $44,346.05 (cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 05/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $895.65 (ochocientos noventa y cinco pesos 65/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $44,346.05 (cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 05/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $44,322.49 (cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 49/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $23.56 (veintitrés pesos 26/100 moneda nacional); empero, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  3. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a fojas ciento catorce y ciento y ciento quince, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a fojas ciento catorce y ciento y ciento quince, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

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