Antonio Rodríguez de la Cruz
Expediente 1062/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Antonio Rodríguez de la Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA 8.-Villahermosa, Tabasco, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 8. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE POR LISTA DE ACUERDOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. "...Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que en proveído de ocho de julio del año en curso, se previno a CANDELARIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DE ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, aclarara su escrito de demanda; el cual transcurrió del dieciséis al veintidós del presente mes y año, sin que la parte quejosa hiciera lo propio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita; por tanto, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo..."
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito; remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 49/2019 y el cuaderno original del juicio de amparo indirecto 1317/2018-6. Acúsese recibo. Ahora, de la aludida ejecutoria, se advierte que el Tribunal de alzada resolvió lo que a continuación se transcribe: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento, dentro del juicio de amparo número 1317/2018-6, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Carmita Ortiz Mago, atendiendo a los razonamientos señalados en el último considerando de este fallo." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, remítase copia de la ejecutoria en comento a la autoridad responsable, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, y procédase a la destrucción de estas últimas. Por otra parte, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo requiérase a la Junta responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que quede notificada de este proveído, remita copia certificada de las que se advierte que se giraron los oficios a la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a fin de que destrabara las cuentas embargadas en la diligencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, el acuerdo en donde se haya ordenado y llevado a cabo el archivo definitivo de los autos de la contienda laboral número 201/2011-B de su índice, toda vez que son necesarias para resolver el juicio en que se actúa. En el entendido, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Es aplicable a lo antes expuesto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/97, publicada en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Para dar margen a lo anterior, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional en este litigio. Notifíquese personalmente.
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MESA 8. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE, CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. "...VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el escrito de demanda, mediante el cual CANDELARIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DE ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con sede en esta ciudad, que estima violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 1062/2019-8. PREVENCION. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, prevéngase al promovente de mérito, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, y de las penas en que incurre al declarar hechos falsos, como lo establece el artículo 261 de la Ley de Amparo, aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: PRIMERO: Acredite la personalidad con que se ostenta, esto es, su carácter de apoderado legal del quejoso ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, ya que omitió exhibir documento original o certificado para tal efecto; aunado, a que la documental que anexó a su escrito de demanda y que exhibió para tal efecto se encuentra en copia simple, y por ello no produce convicción sobre la veracidad de la misma. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Asimismo, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." De igual forma, la Jurisprudencia 527, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 582, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia Común, Novena Época del Apéndice 1917 - Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Así como la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, con fundamento en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el penúltimo párrafo del referido numeral.
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