Antonio Roberto Valdes Rojas

Expediente 1824/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1824/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Antonio Roberto Valdes Rojas
  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado de las autoridades Municipales de Cuernavaca, Morelos, en atención al requerimiento realizado a los superiores jerárquicos, remite copia de la publicación del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del dos de septiembre de dos mil quince, número 5326 (cinco mil trescientos veintiséis), que contiene la publicación del acuerdo de cabildo AC/SO/16-VII-2015/581, por el cual dejó sin efectos el acuerdo AC/SO/13-XI-2014/365 de fecha trece de noviembre del dos mil catorce, asimismo, hace del conocimiento que derivado del acuerdo AC/SO/16-VII-2015/581, el quejoso promovió juicio de amparo 1615/2015 del índice de este Juzgado; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, se tiene por recibido el oficio 400-57-00-01-01-2015-07791 que signa el Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por auto de once de noviembre del año en curso, informa que dichas multas quedaron controladas con el crédito H-427093 y H-427094; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de dieciséis de octubre del año en curso, se dio vista a las partes, con los oficios signados por el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 277) y Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite, con residencia en Cuautla, Morelos (fojas 279 a la 286), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de seis de febrero de dos mil quince (fojas 84 a la 99), dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro auxiliar de la Segunda Región, determinó en el primer punto resolutivo sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Rafael Francisco Salmerón Bone. Inconforme con tal resolución el quejoso interpuso recurso de revisión por escrito recibido el veintiséis de febrero del año en curso (foja 123 a la 130). El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por oficio recibido el veintitrés de marzo de dos mil quince, admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, registrándolo con el número de recurso de revisión 183/2015. Por oficio 3580/2015 recibido el veintisiete de abril del año que transcurre, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informó que por auto de veintiuno de abril del año actual, dictado en el recurso en revisión 183/2015, se declararon impedidos para conocer del asunto, y con apoyo en los artículos 57 de la Ley de Amparo, 24 y 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, ordenaron remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para que lo turnara al órgano que calificara el impedimento planteado (fojas 216 y 217). El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por oficio recibido el cinco de junio del año en curso, informó que por auto de dos de junio del año que transcurre, se declaró fundado el impedimento 13/2015, con motivo de la recusación planteada por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, asimismo, ordenó admitir el recurso de revisión interpuesto por Rafael Francisco Salmerón Bone, quedando registrado con el número de amparo en revisión 410/2015 (foja 223). Mediante oficio 602/2015 recibido el dos de octubre de dos mil quince, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (fojas 226 a la 268), devolvió los autos del juicio de amparo 2118/2014-IIB promovido por Rafael Francisco Salmerón Bone, y testimonio de la ejecutoria dictada diecisiete de septiembre del año en curso, en el amparo en revisión 410/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL FRANCISCO SALMERÓN BONE, contra el acto consistente en la omisión de acordar su escrito de nueve de diciembre de dos mil trece, atribuido a la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, y por las razones expuestas en el considerando último de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a RAFAEL FRANCISCO SALMERÓN BONE, contra el acto y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando último de la misma. El Tribunal de Alzada precisó los efectos siguientes: ".Consecuentemente, ante lo fundado de los argumentos hechos valer por RAFAEL FRANCISCO SALMERÓN BONE, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables, dejen insubsistente el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce y, emitan uno nuevo en el que, prescindan de considerar como un requisito para la entrega de las copias certificadas de la averiguación previa SC/10ª/1936/07-03, que el aquí inconforme, tenga que ratificar el diverso escrito de nueve de diciembre de dos mil trece donde las solicitó, ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal." Por auto de cinco de octubre del año en curso, se requirió el cumplimiento a la ejecutora de amparo a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 277) y Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite, con residencia en Cuautla, Morelos, por oficios recibidos el quince de octubre del año en curso, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para acreditar lo anterior, remitió la segunda autoridad responsable copia certificada de los acuerdos emitidos el doce de octubre del año que transcurre, en la averiguación previa SC/10/1936/07-03, así como la cédula de notificación personal realizada al quejoso el trece de octubre de año actual (fojas 279 a la 286). Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: La Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite, con residencia en Cuautla, Morelos, dictó acuerdo a las ocho horas del doce de octubre de dos mil quince, en la averiguación previa SC/10/1936/07-03, dejó sin efecto el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual la parte ofendida Rafael Francisco Salmerón Bone, solicitaba copia certificada de la averiguación previa de referencia, De igual manera, la responsable dictó proveído a las diez horas del doce de octubre del año que transcurre, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, acordando favorable el escrito de nueve de diciembre del dos mil trece, y autorizó a Rafael Francisco Salmerón Bone la expedición de las copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones existentes en la averiguación previa SC/10/1936/07-03, notificando al promovente personalmente el trece de octubre del año en curso. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: EL PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO y SECRETARIA GENERAL, ambos TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa, es la omisión por parte del TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, de acordar la promoción presentada el tres de septiembre de dos mil quince, con folio 012777. Ahora bien, tomando en consideración las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que el directo quejoso presentó un escrito el tres de septiembre de dos mil quince, por medio del cual solicitó requiriera de pago a la parte demandada en el expediente laboral 01/507/10. Por su parte, el catorce de septiembre de dos mil quince, en el juicio laboral 01/507/10, la autoridad responsable dictó el acuerdo por el que proveyó respecto a la ejecución del laudo emitido en el expediente antes señalado, asimismo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se aprecia que notificó personalmente el auto en mención, al aquí quejoso el nueve de octubre de dos mil quince. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse emitido el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, por el cual la autoridad responsable dio contestación a la solicitud de la parte quejosa del tres de septiembre de dos mil quince, y notificado personalmente el nueve de octubre de dos mil quince, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para audiencia constitucional. La anterior consideración, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cabe destacar que dichas jurisprudencias resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador que el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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