Antonio Ríos Díaz

Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1088/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Antonio Ríos Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo en que se actúa, pues dicho término transcurrió para las partes del catorce al veintisiete de diciembre del presente año; tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, sí obran constancias en un tomo de pruebas para ser devuelto a su remitente y no se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1088/2022, la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1088/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidos y desahogados por razón de su propia y especial naturaleza los referidos medios probatorios. Toda vez que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 1088/2022; el diez de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de veinticinco de octubre de la anualidad que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, quien es la demandada y actora en reconvención del juicio familiar de donde deriva el acto reclamado, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso ********************, por su propio derecho, reclama del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad: La sentencia interlocutoria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se declaró infundado el incidente de cosa juzgada, que hizo valer ******************** (demandado en reconvención), en los autos que integran el expediente 803/2021, relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa que ejercitó en contra de ********************. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la responsable como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ordinario familiar 803/2021. Probanzas que tienen valor pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgador advierte de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario; y 61, fracción XXIII, que disponen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En demás los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Atento a lo anterior, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: La Tesis: P. LVII/2004, visible en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro: 180415, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia: P./J. 4/2001, visible en la página: 11, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia: Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 190368, del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció en párrafos anteriores, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué debe entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar materialmente derechos y que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, protegidos por la Carta Magna. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado deriva -en lo que interesa- que: El ocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a ******************** promoviendo en la vía oral familiar, demanda sobre divorcio sin expresión de causa y cesación de alimentos, en contra de ********************, a quien se ordenó emplazar a juicio [foja 77 del tomo de pruebas]. El veintiocho de abril de la anualidad que transcurre, se tuvo a ********************, promoviendo demanda reconvencional en contra del citado ********************, por lo que se ordenó emplazarlo a juicio [foja 92 del tomo de pruebas]. El veintitrés de mayo siguiente, se tuvo a ********************, promoviendo incidente de previo y especial pronunciamiento sobre cosa juzgada [foja 125 del tomo de pruebas], el cual se resolvió el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de declararlo improcedente [foja156-161 del tomo de pruebas]. La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior, permite sostener que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera, y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominantemente o superior a las partes. Es así, ya que la improcedencia del incidente de cosa juzgada; sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo, sino que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Esto, porque tal resolución únicamente tendrían como efecto, que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, consecuencia que, como ya se dijo, solo tienen que ver con la afectación de derechos adjetivos o procesales, que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, y que -se insiste- de obtenerlo sus efectos o consecuencias se extinguirían, y en caso de que la sentencia le resulte favorable, estará en aptitud de impugnarlo en amparo directo que en su caso proceda. En efecto, será hasta que se dicte la resolución correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso; y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Por ello, la resolución reclamada no puede considerarse como una afectación de grado predominante, como lo pretende hacer valer, porque la supuesta violación procesal puede quedar subsanada si obtiene una sentencia favorable a sus intereses. En apoyo a lo anterior es de citar la Jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 6, Décima Época, Materias(s): Común, Registro digital: 2017109, que dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo. En las anotadas condiciones, como no se surte el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es evidente que opera la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 107, fracción V interpretada en sentido contrario, ambos de la citada Ley de la Materia; de ahí que con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Por lo motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de la propia sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Karla Martínez Arenas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que Miguel Ángel Reyes Camacho, Héctor Morales Villafaña y Norma Alicia Ceja Mata, sí tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, así como con una promoción registrada con el número 18140, dentro del juicio de amparo 1088/2022. Conste. Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de la tercera interesada Alma Patricia Torres Romero, mediante el cual señala nuevo domicilio para recibir notificaciones y designa autorizados con para tal efecto con la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo. Atento lo anterior, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte tercera interesada para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a Miguel Ángel Reyes Camacho, Héctor Morales Villafaña y Norma Alicia Ceja Mata, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que como se advierte de la certificación de cuenta, sí tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, licenciado Javier Morales Guzmán, CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/668/2022, se comunicó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, se levanta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1088/2022, con la certificación secretarial que antecede. Conste. Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL 26/09/23 15:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO1 ." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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