Antonio Reyes Ortega

Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
134/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Antonio Reyes Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en relación a la solicitud realizada en autos por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se ordenó la remisión de las constancias originales de la demanda que formó el juicio de amparo en que se actúa, sin que a la fecha obre acuse de recibo por parte del órgano jurisdiccional mencionado, ni guía de estafeta respecto a al envío del oficio respectivo. Asimismo, que de la búsqueda realizada dentro del portal oficial electrónico relativo a la consulta de datos de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que en el juicio de amparo 239/2021 - juicio registrado dentro del índice del juzgado referido en virtud de que el mismo aceptó la competencia planteada con motivo de la incompetencia pronunciada por este órgano jurisdiccional - se dictó la sentencia respectiva el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como hecho notorio que a la fecha se dictó la sentencia relativa en el juicio de amparo 239/2021, del índice del juzgado mencionado en párrafos que antecede y, en consecuencia, este juzgador estima que las constancias remitidas el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, fueron recibidas por el órgano jurisdiccional en comento. 2. VALORACION DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Por otra parte, se declara que el cuaderno de antecedentes en que se actúa no es de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones que establece el numeral 15 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, - en adelante Acuerdo General. 2.1. EXPEDIENTE DESTRUIBLE. De igual manera, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes deriva de una incompetencia; de conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del referido Acuerdo General, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto, puesto que se declinó competencia a otro órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    Visto el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se desprende que ese órgano recibió el oficio al que se anexó copia digitalizada del juicio de amparo 134/2021..., remítanse de inmediato y por mensajería acelerada "Estafeta" las constancias originales de la demanda que formó el juicio de amparo en que se actúa, previa certificación que de las mismas quede en autos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente...

  3. Principal

    1. DEMANDA DE AMPARO. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos la demanda que formula Antonio Reyes Ortega, ocurso mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto, contra actos de la autoridad responsable: Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, dependiente del Sistema Educativo Estatal, con residencia en Mexicali, Baja California. 2. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente físico y electrónico, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número 134/2021. 3. ANALISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO E INCOMPETENCIA. Ahora, al analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos, este Juzgador considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Así, el artículo 37, de la Ley de Amparo, textualmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Entonces, precisadas las reglas que rigen la competencia en el juicio de amparo bi-instancial, es oportuno destacar que la parte promovente reclama esencialmente: La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por escrito el veinte de enero de dos mil veintiuno, recibida el mismo día por la autoridad señalada como responsable. Ahora bien, en ese escrito se pide la expedición de nombramiento definitivo como docente frente a grupo escolar adscrito a la Secretaría de Educación y Bienestar Social en el municipio de Tijuana, Baja California, como consecuencia de que la plaza se encuentra vacante y por considerar que se reúne los requisitos de ley. En ese tenor, se estima que el acto reclamado encuadra en el primer supuesto previsto por la norma citada. Si bien, se reclama un acto de omisión, lo cierto es que tiene efectos positivos que se materializan en el lugar en que se ubica la plaza respecto de la cual se pide su nombramiento de base, a saber, la ciudad de Tijuana, Baja California. Al respecto, debe señalarse que los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Así es, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse, en principio, a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el peticionario o quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En ese contexto, la omisión de responder la petición sobre expedición del nombramiento de base produce efectos materiales, ya que existe estrecha vinculación entre la obligación de responder en breve término a toda petición que se eleve respetuosamente y el derecho a la estabilidad en el empleo, sobre la cual se pide el pronunciamiento. Por consiguiente, al existir obligación por parte de la autoridad responsable en ese sentido, permite concluir que la citada omisión lleva aparejada ejecución material. De tal modo, la citada omisión se materializa en el mundo fáctico en torno al lugar en que se ubica el centro de trabajo respecto del cual no se atiende la petición sobre expedición de nombramiento de base y así, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido que debe conocer el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de dicha ejecución, a saber, en donde el quejoso presta actualmente sus servicios como docente al frente de grupo en la Escuela Secundaria General número 28 "Profesora Domínguez Márquez", ubicado en Tijuana, Baja California. Por consiguiente, de conformidad con el artículo tercero, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde conocer del presente asunto a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California. De ahí que, dado que el acto impugnado no tiene ejecución material en esta ciudad de Ensenada, Baja California, se reitera, este Juzgado carece de competencia para conocer y resolver respecto del juicio de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo y se ordena remitir los autos originales al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Turno, con residencia en Tijuana, Baja California, quien se estima competente para seguir conociendo de la presente demanda. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esa ciudad, y una vez que sea turnado el asunto, se solicita se acuse de recibo de estilo. Fórmese cuadernillo de antecedentes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que en el caso resulte necesario proveer en relación a la suspensión provisional que solicita, toda vez que no se encuentra en los supuestos que establece el artículo 48 de la ley de la materia. 4. AUTORIZADOS, DOMICILIO Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Conforme a lo solicitado por la quejosa: 4.1. Se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Avalos Romero dado que de la certificación de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Erick Ricardo Avalos Reynaga. 4.2. De igual forma se tiene a la promovente señalando como domicilio procesal el ubicado en avenida Ruiz número 1023, entre calles 10 y 11, Zona Centro de esta ciudad. 5. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que accedan a la tramitación del "juicio en línea" que, bajo la obtención de usuario y contraseña, permite las siguientes modalidades: 5.1 EL ENVÍO DE ESCRITOS. La presentación de promociones o recursos a cualquier juicio de amparo. 5.2 ACCESO AL EXPEDIENTE. Consulta del expediente electrónico, fiel reproducción del que se integra de manera tradicional, es decir, permite visualizar desde cualquier equipo de cómputo sin importar el día y hora, las constancias digitalizadas de promociones, resoluciones judiciales, notificaciones y cualquier documento que obre en el expediente físico. Para acceder a este beneficio, el usuario debe pedir por escrito y en cada expediente la autorización del órgano jurisdiccional. 5.3 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Las notificaciones de forma electrónica y permite consultar la resolución judicial de que se trate. Estas opciones son independientes entre sí, de modo que se pueden mandar promociones y/o recursos sin necesidad de pedir acceso al expediente electrónico o bien, las notificaciones en línea y, en el caso de la segunda, tampoco implica que se deba autorizar la tercera El sistema de servicios en línea permite acceder a cualquiera de las tres modalidades con el uso de certificados electrónicos o firmas digitales, específicamente la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o, según elija el usuario, la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria (e. Firma). Para su registro y asignación de usuario consulte la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea 6. NOTIFICACIONES POR LISTA. Se indica a las partes que conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo, la lista de notificaciones no personales se puede consultar en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. 7. EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición a costa del promovente y de las partes que se lleguen a reconocer, de copias simples de las constancias que integren el expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. En esa misma tesitura, se considera que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el sumario en que se actúa, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígaseles que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 8. NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE TÉLEFONO MOVIL A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Debido al alto riesgo de infección y propagación de la enfermedad COVID-19, y con el ánimo de no exponer a los actuarios de la adscripción, así como a las personas que a cargo de las autoridades responsables reciben documentación proveniente de los órganos jurisdiccionales, es decir, en atención al orden público que en el contexto de la pandemia exige evitar contacto directo de personas o a través de papel, con fundamento en los artículos 26, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a las autoridades responsables, a través de su correo electrónico oficial que se tenga registrado y se les requiere para que en la siguiente actuación proporcionen un correo electrónico a través del cual prefieran recibir las notificaciones mediante oficio digitalizado con firma electrónica cuyo origen será el correo oficial de este juzgado, a saber, 7jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, proporcionen en número de teléfono móvil que sirva de contacto en caso de ser necesario. 9. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. 10. USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS. De conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se privilegia el uso de las herramientas tecnológicas que permitan la práctica de las distintas actuaciones tratando de evitar la presencia física de los intervinientes, debiendo dejar las constancias necesarias a fin de dar la certeza jurídica que las mismas exijan. 11. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De una interpretación armónica de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 117, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtiene que los gobernados tienen la prerrogativa de acceder a la información que se encuentre en posesión de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por regla general, previo a permitir el acceso a los datos personales se requiere del consentimiento del titular de la información, en términos del último dispositivo invocado y conforme lo establece el artículo 4 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Con base en lo anterior, si bien es cierto se aprecia de la demanda de amparo que la parte promovente se opone a la publicación, reproducción, acceso y distribución de sus datos personales, así como de los documentos que genere y se presenten; dígase que en ponderación a que la substanciación del presente juicio constitucional, así como las notificaciones de las determinaciones que de éste deriven tienen la finalidad de facilitar el seguimiento del expediente y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estima que su difusión, bajo estas premisas, no requiere del consentimiento expreso del titular de la información. Sin embargo, no se omite hacer de su conocimiento que este órgano jurisdiccional al emitir la resolución respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información a los gobernados que la soliciten, desde luego, con supresión de datos personales, de conformidad con los criterios a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal invocado en precedentes; valorando también la posibilidad de proteger la información de que se trate, en caso de que le asista el carácter de confidencial o reservada, en términos de los artículos 110 y 113, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

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