Antonio Razo Loera y Otros.
Expediente 687/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Antonio Razo Loera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En cumplimiento a proveído de veintisiete de dieciembre de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a la parte tercero interesada Giovana Morineua Mendoza, el auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo. Auto que dice: Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se obtiene que se promovió ante este juzgado federal el diverso juicio de amparo 656/2017-2, por **** en su carácter de representante legal de ***, en el que reclama los mismos actos, a las mismas autoridades, que en el presente juicio, derivados del juicio ordinario laboral 62/2017, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora; en consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen: "Articulo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Articulo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental." Por disposición expresa del numeral 2, de la ley en cita, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar en forma oficiosa la acumulación del presente juicio, al expediente 656/2017-2, promovido por **** en su carácter de representante legal de ****, dada la conexidad e íntima relación que existe entre los referidos juicios de amparo, al reclamarse los mismos actos, derivados del mismo juicio ordinario laboral ***, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora y atribuidos a la mismas autoridades responsables. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contemple precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003161, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido y texto se leen: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." A partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a las mismas autoridades y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derechos fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, por que como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ".El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas." En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en las mismas se reclama lo que en ellas se precisa y que se omite trascribir en obvio de repeticiones inútiles. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previos de los asunto, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, se ordena la acumulación del presente expediente 687/2017-2, al juicio de amparo 656/2017-2, en el que para efectos de secuencia cronológica adecuada e identificación progresiva de esta determinación, deberá certificarse su glosa al final de los juicios indicados. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional establecida para las diez horas del veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 192 reverso), dentro del presente juicio de amparo y se toma como fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que se indica en el expediente 656/2017-2, es decir, las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 186 reverso, del juicio de amparo descrito). Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En comunión con lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la sustentan, sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 997, del Semanario Judicial de la Federación LXXVI, Quinta Época, del rubro y contenido siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." De igual manera, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico."
- Incidental
-RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA- SE RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA... SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha no transcurre el término de la vista concedida a las partes mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 178), para que se impongan de los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con sede en San Luis Río Colorado y Actuario adscrito a dicha junta. En consecuencia, a efecto de que las partes se impongan de los informes justificados de referencia, con la anticipación de al menos ocho días entre la fecha en que se les notifique el presente proveído y la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veintidós de enero de dos mil dieciocho, para su verificativo. Por último, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, enviados por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, con el cual remitió cuadernillo formado con motivo del despacho 36/2017, con número de orden 350, del registro de este órgano jurisdiccional, el cual devuelve debidamente diligenciado; y toda vez que de la comunicación descrita se advierte que ha transcurrido en exceso el término de tres días concedido a la tercero interesada **** en auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 86 a 88), para que señalara domicilio ante este juzgado, para oír y recibir notificaciones, por lo que al no hacerlo se ordenan las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Remítase el acuse de recibo correspondiente a la autoridad signataria.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, enviados por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, con el cual remitió cuadernillo formado con motivo del despacho 37/2017, con número de orden 351, del registro de este órgano jurisdiccional, el cual devuelve debidamente diligenciado; y toda vez que de la comunicación descrita se advierte que ha transcurrido en exceso el término de tres días concedido a la tercero interesada **** en auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 77 a 81), para que señalara domicilio ante este juzgado, para oír y recibir notificaciones, por lo que al no hacerlo se ordenan las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Remítase el acuse de recibo correspondiente a la autoridad signataria.
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