Antonio Ramos Pasillas
Expediente 430/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Ramos Pasillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En treinta de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 430/2016-5. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil dieciséis Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Lupita
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 430/2016-5; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO RAMOS PASILLAS, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: 1). Congreso del Estado de Zacatecas. 2). Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. 3). Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 4). Director del Periódico Oficial de Zacatecas. 5). Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 6). Director del Registro Público del Distrito de Zacatecas. 7). Tesorero del Municipio de Zacatecas. Actos reclamados: a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al periódico oficial del Estado de Zacatecas, el sábado veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado treinta de diciembre de dos mil, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto como amparo indirecto. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó su admisión y registro bajo expediente 340/2016-5; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD., y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al periódico oficial del Estado de Zacatecas, el sábado veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado treinta de diciembre de dos mil, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Certeza. El Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXI Legislatura del Estado, el Gobernador del Estado de Zacatecas, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Director del Periódico Oficial de Zacatecas, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Tesorero del Municipio de Zacatecas, con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Por su parte, el Director del Registro Público de la ciudad de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, tal manifestación se encuentra desvirtuada, en razón de que las autoridades ordenadoras aceptaron la existencia de los actos reclamados por lo que al ser una autoridad ejecutora es evidente que tendrá injerencia en la ejecución del acto reclamado. Además, la existencia de tales actos reclamados, quedó acreditada con la manifestación de las autoridades responsables y las documentales que la Legislatura acompañó como complemento de su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por analogía la tesis cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En otro sentido, el Gobernador y el Secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas, argumentan que la parte quejosa no demuestra la aplicación de los ordenamientos impugnados, toda vez que no fueron adjuntadas las constancias con las que se demostrara la aplicación. La causa de improcedencia es fundada. En la especie, no se advierte el acto de aplicación respecto de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, como tampoco de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en especial el artículo 52, fracción II. Sobre el particular, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." En aras de una mayor claridad de la presente resolución, se debe señalar que el interés jurídico permite al particular reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; este interés se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, cuya tutela supone la conjugación de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Esto es así, porque el juicio de amparo se ha establecido con el fin de asegurar al gobernado el goce de los derechos fundamentales contenidos en la constitución, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real. Sobre el particular se cita la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 35, Tomo: 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En ese mismo tenor, los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo, al respecto disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo, solo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el contenido del acto reclamado perjudique en forma personal y directa al quejoso, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Luego, es necesario para la procedencia del juicio de amparo, acreditar la existencia del agravio o perjuicio que el acto reclamado le ocasiona al quejoso, ya que de no ser así, se surte las citadas causales de improcedencia, toda vez que, debe el impetrante del amparo comprobar su interés jurídico, como elemento de prueba en el que acredite que efectivamente el acto reclamado le causó una afectación real y actual a su esfera jurídica y, por lo tanto es el quejoso quien tiene la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías. De lo anterior se desprende que la comprobación plena del interés jurídico es uno de los presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes y no basta para tenerlo por acreditado el hecho de presentar la demanda respectiva, ya que esto únicamente implica la excitación del órgano jurisdiccional, más no la comprobación de que el acto reclamado lesiona los intereses jurídicos del quejoso. Resultando aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." En el presente juicio de garantías, el quejoso alude como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas; así como de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho; y su acto de aplicación. En esas circunstancias, del estudio de las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en especial: 1) el recibo oficial número F 2020280, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público, avalúo catastral urbano; 2) recibo H número 1202925 de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, expedido por la Tesorería Municipal de esta ciudad capital, por concepto de pago de adquisición de bienes inmuebles y certificación de planos urbanos; 3) escrito suscrito por la licenciada Zita Lucia Arellano Zajar, Notario Público número veintinueve, en ejercicio en esta ciudad, por el cual hace del conocimiento del Tesorero Municipal de Zacatecas, el acto jurídico consistente en el contrato de compra venta; 4) recibo de pago con número de ticket F 2086856 expedido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, por concepto de, entre otros, inscripción de documentos relacionado con bienes inmuebles (fojas 25 a 28 de autos); dichas documentales al haber sido exhibidos en copia simple carecen de valor probatorio alguno, por tanto el quejoso no acreditó la afectación en sus derechos fundamentales y por ende, es evidente que carece del interés jurídico necesario para controvertir el acto que combate, pues éste así reclamado no transgrede ningun derecho fundamental consagrada en la Carta Magna, al no encontrase dirigida a sus personas; pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o por su representante o defensor conforme a las disposiciones legales aplicables, y al no ser así, es evidente que no se surten los extremos del artículo 6° de la ley reglamentaria, que establece quienes pueden acudir a accionar la presente vía y de ahí que surja su improcedencia por disposición de la propia ley. En ese contexto, resulta aplicable en lo conducente y por analogía, las tesis jurisprudenciales de texto y rubro siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." En corolario a lo anterior, si se toma en consideración que en tratándose de leyes heteroaplicativas, la sujeción de los gobernados a la norma no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, pues no es de aplicación incondicionada, sino que se requiere de un acto posterior para que adquiera individualización y le genere perjuicio a la parte quejosa, se estima que, al no haber acreditado la parte quejosa la existencia del acto de aplicación que justificara su reclamo, con los medios de prueba idóneos para tal fin, es evidente que no existe la afectación a su correspondiente interés jurídico; razón por la que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO RAMOS PASILLAS, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza, hasta hoy seis de mayo de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 430/2016-5; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO RAMOS PASILLAS, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: 1). Congreso del Estado de Zacatecas. 2). Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. 3). Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 4). Director del Periódico Oficial de Zacatecas. 5). Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 6). Director del Registro Público del Distrito de Zacatecas. 7). Tesorero del Municipio de Zacatecas. Actos reclamados: a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al periódico oficial del Estado de Zacatecas, el sábado veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado treinta de diciembre de dos mil, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto como amparo indirecto. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó su admisión y registro bajo expediente 340/2016-5; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD., y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al periódico oficial del Estado de Zacatecas, el sábado veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado treinta de diciembre de dos mil, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Certeza. El Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXI Legislatura del Estado, el Gobernador del Estado de Zacatecas, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Director del Periódico Oficial de Zacatecas, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Tesorero del Municipio de Zacatecas, con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Por su parte, el Director del Registro Público de la ciudad de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, tal manifestación se encuentra desvirtuada, en razón de que las autoridades ordenadoras aceptaron la existencia de los actos reclamados por lo que al ser una autoridad ejecutora es evidente que tendrá injerencia en la ejecución del acto reclamado. Además, la existencia de tales actos reclamados, quedó acreditada con la manifestación de las autoridades responsables y las documentales que la Legislatura acompañó como complemento de su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por analogía la tesis cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En otro sentido, el Gobernador y el Secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas, argumentan que la parte quejosa no demuestra la aplicación de los ordenamientos impugnados, toda vez que no fueron adjuntadas las constancias con las que se demostrara la aplicación. La causa de improcedencia es fundada. En la especie, no se advierte el acto de aplicación respecto de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, como tampoco de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en especial el artículo 52, fracción II. Sobre el particular, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." En aras de una mayor claridad de la presente resolución, se debe señalar que el interés jurídico permite al particular reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; este interés se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, cuya tutela supone la conjugación de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Esto es así, porque el juicio de amparo se ha establecido con el fin de asegurar al gobernado el goce de los derechos fundamentales contenidos en la constitución, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real. Sobre el particular se cita la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 35, Tomo: 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En ese mismo tenor, los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo, al respecto disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo, solo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el contenido del acto reclamado perjudique en forma personal y directa al quejoso, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Luego, es necesario para la procedencia del juicio de amparo, acreditar la existencia del agravio o perjuicio que el acto reclamado le ocasiona al quejoso, ya que de no ser así, se surte las citadas causales de improcedencia, toda vez que, debe el impetrante del amparo comprobar su interés jurídico, como elemento de prueba en el que acredite que efectivamente el acto reclamado le causó una afectación real y actual a su esfera jurídica y, por lo tanto es el quejoso quien tiene la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías. De lo anterior se desprende que la comprobación plena del interés jurídico es uno de los presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes y no basta para tenerlo por acreditado el hecho de presentar la demanda respectiva, ya que esto únicamente implica la excitación del órgano jurisdiccional, más no la comprobación de que el acto reclamado lesiona los intereses jurídicos del quejoso. Resultando aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." En el presente juicio de garantías, el quejoso alude como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 30, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas; así como de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en especial el artículo 52, fracción II, reformado el veintisiete de diciembre de dos mil ocho; y su acto de aplicación. En esas circunstancias, del estudio de las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en especial: 1) el recibo oficial número F 2020280, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público, avalúo catastral urbano; 2) recibo H número 1202925 de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, expedido por la Tesorería Municipal de esta ciudad capital, por concepto de pago de adquisición de bienes inmuebles y certificación de planos urbanos; 3) escrito suscrito por la licenciada Zita Lucia Arellano Zajar, Notario Público número veintinueve, en ejercicio en esta ciudad, por el cual hace del conocimiento del Tesorero Municipal de Zacatecas, el acto jurídico consistente en el contrato de compra venta; 4) recibo de pago con número de ticket F 2086856 expedido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, por concepto de, entre otros, inscripción de documentos relacionado con bienes inmuebles (fojas 25 a 28 de autos); dichas documentales al haber sido exhibidos en copia simple carecen de valor probatorio alguno, por tanto el quejoso no acreditó la afectación en sus derechos fundamentales y por ende, es evidente que carece del interés jurídico necesario para controvertir el acto que combate, pues éste así reclamado no transgrede ningun derecho fundamental consagrada en la Carta Magna, al no encontrase dirigida a sus personas; pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o por su representante o defensor conforme a las disposiciones legales aplicables, y al no ser así, es evidente que no se surten los extremos del artículo 6° de la ley reglamentaria, que establece quienes pueden acudir a accionar la presente vía y de ahí que surja su improcedencia por disposición de la propia ley. En ese contexto, resulta aplicable en lo conducente y por analogía, las tesis jurisprudenciales de texto y rubro siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." En corolario a lo anterior, si se toma en consideración que en tratándose de leyes heteroaplicativas, la sujeción de los gobernados a la norma no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, pues no es de aplicación incondicionada, sino que se requiere de un acto posterior para que adquiera individualización y le genere perjuicio a la parte quejosa, se estima que, al no haber acreditado la parte quejosa la existencia del acto de aplicación que justificara su reclamo, con los medios de prueba idóneos para tal fin, es evidente que no existe la afectación a su correspondiente interés jurídico; razón por la que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO RAMOS PASILLAS, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza, hasta hoy seis de mayo de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe."
- Principal
En veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
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