Antonio Ramiro Morales Villanueva
Expediente 1455/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1455/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Antonio Ramiro Morales Villanueva
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se determinó que la clasificación era destruible; sin embargo, de un análisis a las constancias que integran el expediente, se advierte que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; en consecuencia, se provee: En cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el citado numeral 18 del referido Acuerdo General, una vez realizada la depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México, a través del cual da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando la imposibilidad que tiene su autoridad para dar cumplimiento al fallo protector, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, se considera importante destacar que por autos de siete y doce de julio del año en curso, se tuvo a la Supervisora "A", homologada a Jefa de Departamento de la Subdirección de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, así como a la Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos, en representación del Presidente de la República y Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, manifestando la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario Por otra parte, mediante proveído de catorce de julio de esta anualidad, se tuvo al Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en suplencia y por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente En estricto cumplimiento al fallo protector, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, no aplicará a la quejosa Seglo Mexicana, S.A. de C.V., la Iimitante prevista en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados; mientras esté vigente y hasta que sea reformado o Modificado. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Antonio Ramiro Morales Villanueva, contra actos del Comisariado Ejidal de Tepexi de Rodríguez, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1455/2017-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término, debe indicarse que el promovente acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra del acto atribuido al Comisariado Ejidal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, consistente en "la falta de respuesta respecto a mi escrito de petición de fecha 28 veintiocho de junio del año 2017 dos mil diecisiete, presentado en la misma fecha". Establecido lo anterior, el suscrito juez advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; II.- Por normas generales o actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III.- Por normas generales o actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Como se advierte, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia por lo siguiente: En primer lugar, porque el Comisariado Ejidal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque si bien el comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades, ello no significa que deba considerársele como autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo es respecto del ejido y hacia su interior, de manera de que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción, por lo que el acto que se le reclama no es materia de análisis constitucional. Tal aserto encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "[.] En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes [.]"; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. En ese sentido, se considera que el Comisariado Ejidal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y, por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, y 33, de la Ley Agraria, que disponen: "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: [.] II. El comisariado ejidal; y [.]" "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". Los preceptos que han quedado reproducidos, incluyen a los comisariados ejidales entre las autoridades de los núcleos de población ejidal; empero de las propias atribuciones que la ley les confiere, se desprende que no son autoridades agrarias, sino órganos de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea del ejido correspondiente. En efecto, la investidura otorgada a tales órganos (comisariados ejidales) por la legislación agraria debe entenderse como de representación y de ejecución respecto del ejido y hacia su interior, por consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción ll, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación en comento, se desecha la demanda de amparo que se analiza. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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