Antonio Ramirez Aldana
Expediente 1468/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Antonio Ramirez Aldana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión R.A. (I) 65/2022, de su índice. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión a que este toca se refiere." Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia con firmas electrónicas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que obran en autos constancias con las cuales se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto del acto reclamado. Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que en el presente juicio de amparo únicamente se reclaman: ? El oficio número GN/1043/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se instruyó que a partir del treinta de septiembre del mismo año, se dejara de asignar funciones al personal perteneciente a la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encontraba comisionado en la Guardia Nacional y su ejecución. Así, en relación con dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando subsistiendo materialmente el acto de autoridad impugnado, éste no se ha concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretará, porque su objeto o materia dejó de existir, es decir, se modifica sin dejar alguna huella en los derechos que el quejoso estimó vulnerados con su emisión. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; en caso de que se declarará la inconstitucionalidad de un acto cuyo objeto o materia ha desaparecido, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por el criterio jurídico que contiene, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia, resulta conveniente imponerse de algunos antecedentes del acto reclamado que se obtienen de las constancias que obran en autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que son los siguientes: I). El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Comandante de la Guardia Nacional, emitió el oficio reclamado número GN/1043/2021, a través del cual instruyó a diversas áreas de la Guardia Nacional que a partir del treinta de septiembre del mismo año, se dejara de asignar funciones y pasar lista, al personal perteneciente a la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encontraba comisionado en la Guardia Nacional; lo anterior, con motivo de la extinción de esa Unidad de Transición. II) En contra de esa determinación, a través del escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el quejoso promovió el presente juicio de amparo, aduciendo que como consecuencia de dicho oficio, a partir del treinta de septiembre del mismo año, ya no se le asignaron funciones y se le retuvo sus salarios. III) Al rendir su informe justificado en el presente juicio de amparo, las autoridades responsables pertenecientes a la Guardia Nacional, precisaron que el quejoso no era miembro activo de esa institución, que solo había sido comisionado por necesidades del servicio de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que, al extinguirse ésta, concluyó su comisión. IV) Así, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el ocho de abril de dos mil veintidós, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en fecha trece de enero de dos mil veintidós, el quejoso suscribió el Acuerdo de Conclusión de servicio con motivo de su renuncia voluntaria de la Policía Federal a disposición de la Unidad de Transición, por lo que en esa fecha se le entregó el cheque número 0051760, por la cantidad de $***,***.** (***), por concepto de compensación económica. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable exhibió copia certificada de los citados Acuerdo de Conclusión y constancia de recepción del título de crédito mencionado; documentales a las que se les se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Se impone destacar que en el proveído de once de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias detalladas en los párrafos anteriores; sin que las haya objetado, desvirtuado o controvertido. Corolario de lo anterior se determina que si bien es cierto que el oficio reclamado en este juicio, aún subsiste materialmente, es decir, que la autoridad que la emitió no lo ha dejado insubsistente; también es verdad que sus efectos legales o materiales dejaron de existir en perjuicio del aquí quejoso, ya que, con posterioridad a su emisión, dicho quejoso renunció de manera voluntaria al cargo que desempeñaba en la Policía Federal a disposición de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y le fue pagada la compensación económica que le correspondía; y, por ende, ya no se podrían concretar los efectos del fallo protector, pues al ya no laborar en la aludida institución, con motivo de su renuncia voluntaria, resultaría improcedente ordenar a las autoridades responsables a que le continúen asignando funciones y le pagaran salarios. En virtud de las consideraciones expuestas, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, once de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y al efecto remite copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y en consecuencia, se tiene por cumplimentado el requerimiento aludido. En términos del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a letra establece: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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