Antonio Rafael Jimenez Mojica
Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 45 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 28/04/2023
Partes del expediente
- Antonio Rafael Jimenez Mojica
- Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual acusa de recibo los autos originales del juicio de amparo 573/2014 de su índice; asimismo, informa que remitió las copias certificadas del juicio de amparo 584/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, toda vez que del oficio advirtió que va dirigido al homólogo federal. Por tanto, se toma nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes, toda vez que en auto de veinticuatro de abril del año en curso, se ordenó al archivo el presente sumario, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que sobreseyó en el juicio, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó. Devolución de constancias. Devuélvase los tomos de constancias que las autoridades presentaron, en virtud de que su retención resulta innecesaria.
- Principal
SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa en virtud de que se reclaman actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco: El Decreto legislativo que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, específicamente los artículos 23, fracción XXVI, incisos a al h y 34, fracción XIX. Acuerdo parlamentario 100/LXII/21, publicado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que contiene la ratificación de Jorge Mario Rojas Guardado como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Del Congreso del Estado de Jalisco: La omisión de aplicar y evaluar a través de los exámenes de control de confianza a Jorge Mario Rojas Guardado. De la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso y Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Jalisco: Todas las actuaciones en las que hubieran participado y que integran el procedimiento de ratificación del magistrado Jorge Mario Rojas Guardado, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, dado que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. En ese sentido, resultan verídicos los actos que se atribuyen al Congreso, Gobernador, Supremo Tribunal de Justicia y Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, todos del Estado de Jalisco precisados en el considerando precedente, dado que en su informe de ley aceptaron su existencia, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Procedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Debido a que resulta fundada la alegación de las autoridades responsables y el tercero interesado en el sentido de que en el particular se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el solicitante de la tutela federal no justifica tener interés legítimo para controvertir los actos protestados en la presente acción de derechos fundamentales y como esto conllevará al sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad de los actos reclamados. En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;[.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, es decir, hacen referencia a que éstos sean titulares de un derecho subjetivo, el cual debe ser afectado por el acto reclamado para que se actualice la causal de improcedencia. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Además, debe recordarse que todas las personas tenemos la posibilidad de ser partes en un juicio, por virtud de la personalidad jurídica, pero para impugnar un acto concreto no basta esa personalidad, sino que se requiere de un interés personal en el asunto. Ese interés personal se ha clasificado doctrinariamente en tres especies: Interés simple Interés legítimo Derecho subjetivo o interés jurídico Ahora bien, como el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, en principio se abordará el significado de éstos últimos, para finalmente deducir lo que debe entenderse propiamente por aquél. El interés simple, es un interés general. Se trata del interés que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. En concreto, es el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así lo establecen. Con base en dicho interés se reconoce legitimación a cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo, sin necesidad de que el sujeto invoque un interés legítimo y mucho menos un derecho subjetivo. Entonces, en el interés simple la situación jurídica legitimante sería el mero interés en la legalidad, que tiene cierto grado de juridicidad, pero requiere estar reconocido expresamente en el ordenamiento legal para ser ejercido, tal es el caso de las acciones populares, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, sino que basta con que la ley permita o legitime accionar con base en un interés simple. En cuanto al interés jurídico, generalmente se le ha identificado con el derecho subjetivo, que consiste en la situación de prevalencia o ventaja que el Derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y la posibilidad de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial. Por otra parte, se ha definido como interés jurídico a aquél que, en rigor jurisdiccional, exige los elementos siguientes: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y, d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. En cambio, el interés legítimo, corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, aunque carezcan de un derecho subjetivo. Así, dicho interés adquiere relevancia en lo jurídico, porque no se trata de un mero interés en la legalidad (interés simple) ni llega a exigir la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico), sino que se trata de una situación intermedia entre ambas situaciones. Se trata pues de una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico, y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. Por tanto, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Es de importancia mencionar que el interés legítimo tuvo su origen en el derecho administrativo a fin de permitir el acceso a la justicia a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de dicha naturaleza, no obstante que carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo. Dicho interés proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya directa, ya derivada de su situación particular frente al orden jurídico; así pues, basta con que el acto de autoridad que se impugne afecte la esfera jurídica del particular, para que le asista un interés legítimo y pueda accionar, resultando intrascendente que sea o no el titular del derecho subjetivo. En consecuencia, la característica esencial del interés legítimo radica en que la conducta de la autoridad sea susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve debido a la situación de hecho o de derecho en la que se encuentra. Por tanto, el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos. En consecuencia, tal como se concibe en el derecho comparado, el interés legítimo asiste a quien siendo titular de un derecho fundamental ostenta un interés para su defensa ante una eventual trasgresión, y no puede asimilarse al genérico del respeto de los derechos, sino como consecuencia de un interés propio, cualificado y específico, que habrá de determinarse atendiendo al tipo de derecho comprometido, a la especial relación - legal o de hecho- con su titular y a la posición de quien lo hace valer. Lo anterior, ya que lo tutelado en el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o la garantía de cualquier derecho subjetivo sino de un tipo de bien preciso, que en la especie, son los derechos fundamentales personalísimos. En esas condiciones, el juicio de amparo se configura como una vía para la reparación de violaciones concretas de derechos y no como medio de control abstracto de la validez de actos o disposiciones normativas desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el juicio de amparo no abre una vía de impugnación abstracta sino un cauce para obtener la reparación de las violaciones concretas de derechos fundamentales de que hayan podido ser objeto las situaciones jurídicas subjetivas cuya tutela tiene atribuidas. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en juego, será necesario que quien acude al juicio justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para llevar a cabo la impugnación. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de garantías convirtiéndolo en una vía abstracta de control de constitucionalidad o en un proceso de carácter preventivo. Por otro lado, el máximo Tribunal del País ha considerado que en general, la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. También ha establecido que algunas de las características que permiten identificarlo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es el interés que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Ahora bien, tal como se anunció, este órgano de control constitucional estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a que el promovente no demuestra el interés legítimo que estima le asiste para impugnar en sede constitucional, el procedimiento que concluyó con la ratificación de Jorge Mario Rojas Guardado como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en tanto que la situación fáctica concreta que aduce el inconforme como origen y fundamento de dicho interés no cumple con los requisitos y características necesarias para considerarlo actualizado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso aduce violado un derecho general que le asiste como miembro de la sociedad, consistente en el respeto de la legalidad en los actos de autoridad que culminaron con la ratificación en el cargo del aquí tercero interesados como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Sin embargo, el solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de ciudadano de la República, pues aduce que como parte de la sociedad tiene interés en que los funcionarios judiciales cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen los ordenamientos jurídicos, esto es, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados que ostentan la calidad de jaliscienses, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. Luego, con su demanda de amparo, el peticionario de amparo pretende realizar un control de legalidad generalizado o abstracto respecto de los actos de autoridad que tuvieron como resultado la ratificación de los terceros interesados como Magistrados, en tanto que no evidencia cómo dichos actos o sus consecuencias afectan directa o indirectamente su especial situación frente al orden jurídico, ni señala cuál sería esa situación concreta que se vería afectada o favorecida con la concesión y menos aún, cuál sería el beneficio inmediato o mediato que, con la regulación de la legalidad de los actos que reclama, podría obtener en su esfera jurídica concreta. Esto es, el peticionario de amparo aduce como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, corresponde a todo miembro de la sociedad, en tanto que ésta tiene el deber de velar porque los actos de autoridad sean legales. Empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia de un interés legítimo, es en el hecho de que el quejoso aduce ser miembro de la sociedad y el interés general de ésta en la legalidad de los actos del poder público, sin que en alguno de los apartados que conforman la referida demanda, la parte quejosa exprese que como consecuencia del acto reclamado resienta una afectación concreta en sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico"; tampoco refiere el peticionario de amparo los beneficios reales y específicos que en su esfera jurídica pudiera obtener con la concesión del amparo que solicita, de los cuales se pudiera determinar la existencia de ese interés legítimo para accionar el juicio constitucional. Luego, el solicitante del amparo carece de interés legítimo en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple en la legalidad de los actos que reclama, el cual corresponde a todo miembro de la sociedad jalisciense, pues como se dijo en la demanda correspondiente se limita a señalar que como miembro de la sociedad tiene interés en que sus funcionarios judiciales cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen los ordenamientos jurídicos, los cuales, según su apreciación, debe efectuarse un examen minucioso del desempeño que haya tenido el funcionario judicial a ratificar, que permita constatar la correcta evaluación del desempeño que hubiere tenido apoyado en pruebas que permitan corroborar su desempeño en la carrera judicial, como lo puede ser la consulta popular. Así pues, con su demanda de amparo, el peticionario de derechos fundamentales pretende lograr únicamente un control de legalidad abstracto sobre los actos que reclama, más no pretende obtener un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que dicho control de legalidad le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo la restituirá en el goce de un derecho violado, sin que para ello baste la sola manifestación del quejoso en el sentido de que el derecho violado en su perjuicio se traduce en la garantía que tiene la sociedad entera de contar con servidores idóneos para desempeñar la magistratura, los cuales aseguren una adecuada impartición de justicia, puesto que tal afirmación no constituye una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto a la manera en que debe calificarse el desempeño del funcionario judicial. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple, que la ley reconoce a todo ciudadano para solicitar la responsabilidad, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. No obsta para llegar a la anterior conclusión, el que el quejoso manifieste que con los actos reclamados se violan en su perjuicio los derechos humanos de los que debe gozar una sociedad, que se traducen en la garantía de contar con servidores idóneos, juzgadores responsables de sus actos frente a la ley, que garanticen a los justiciables que cumplen con los requisitos que exigen las leyes para desempeñarse como tales, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Federal. Se afirma de este modo, pues aun cuando la parte quejosa pretende hacer valer el respeto a un derecho colectivo, lo cierto es que no señala en qué forma los actos reclamados repercuten concreta, real y actualmente en su esfera jurídica ni como le beneficiaría, en esos mismos términos, la concesión de amparo. En consecuencia, la acción intentada por el peticionario del amparo equivale a una mera impugnación en beneficio de la ley, la cual no configura el interés legítimo necesario para la procedencia del juicio constitucional, pues no se desprende que los actos reclamados afecten indirectamente un derecho concreto y materializado de la inconforme, cuya reparación le pueda reportar un beneficio o utilidad jurídica real y actual, que derivara de la reparación pretendida, pues aun cuando en el caso se estimaran fundadas las alegaciones y se emitiera sentencia, tal situación jurídica no le garantizaría la restitución en el goce de un derecho violado en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En adición, no es suficiente la alegación que formule un ciudadano respecto de que un determinado acto de autoridad le produce en forma indirecta actual o inminente una afectación a sus derechos humanos, para considerar que tal afirmación baste para tenerla por acreditada, sino que se requiere que en forma real y no meramente hipotética o posible, le irrogue un agravio en la esfera jurídica de sus derechos como gobernado, puesto que el interés legítimo exige como requisito mínimo que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlos directamente y por ende con su inmediato respeto imperativo y coercitivo. Así pues, las manifestaciones del quejoso sólo ponen de manifiesto un interés simple para que los actos reclamados se ajusten a los dispositivos legales, esto es, únicamente expone un interés general en la mera legalidad pero no refiere un perjuicio cierto, y menos aún, un interés concreto que directa o indirectamente traiga consigo un beneficio real, actual y específico en su esfera jurídica. Efectivamente, al peticionario de amparo no le asiste un interés legítimo para reclamar los actos a que alude, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza se requiere de una afectación por lo menos indirecta- dentro de un parámetro de razonabilidad y no solo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido por el quejoso no se le restituirá en el goce de ningún derecho concreto, es claro que la promoción de dicho medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame. De modo que si la pretensión del quejoso no se basa en una situación concreta en la que la supuesta ilegalidad del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional. Por otro lado, a manera de corolario cabe precisar los artículos 23, fracción XXVI y 64, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco (y que señala el quejoso en su demanda), establecen: "Artículo 23.- Son facultades del Pleno: [.] XXVI. Elaborar el dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y el desempeño de los magistrados, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Para estos efectos, el dictamen deberá contener todos los datos, elementos y opiniones que permitan al Congreso ilustrar su decisión, señalando por lo menos: a) El total de asuntos turnados al magistrado; b) El total de asuntos resueltos por el magistrado; c) El total de asuntos turnados a la sala a la que pertenece el magistrado; d) El total de asuntos resueltos por la sala a la que pertenece el magistrado; e) El número de resoluciones resueltas en los términos que establecen las leyes; f) El número de resoluciones confirmadas o modificadas a través del juicio de amparo; g) Los servidores públicos que auxilian al magistrado; y h) Las quejas presentadas en contra del magistrado y el sentido de su resolución. El dictamen técnico, así como los demás datos, informaciones y opiniones que se hagan llegar al Congreso del Estado, tanto del Supremo Tribunal de Justicia, como de particulares, servirán para el proceso de ratificación de los magistrados. Estos elementos no limitan la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. [.]" Artículo 64.- El Presidente del Tribunal de lo Administrativo, tendrá las siguientes atribuciones: [.] XVI. Remitir al congreso del Estado el dictamen técnico a que se refiere la fracción XXVII del artículo 23 de la presente ley. El dictamen técnico, así como los demás datos, información y opiniones que se hagan llegar al Congreso del Estado, tanto del Tribunal de lo Administrativo, como de particulares, servirán para el proceso de ratificación de los magistrados. Estos elementos no limitan la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar, a los magistrados del Tribunal de lo Administrativo. Para efectos de un adecuado control y evaluación de las labores del Tribunal de lo Administrativo, elaborará y conservará un dictamen semestral de cada uno de los Magistrados, con los elementos que establece la fracción XXVI del artículo 23 de esta Ley." De los preceptos legales transcritos, se advierte la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, de ratificar o no, a los magistrados del Tribunal Administrativo, tomando en consideración en su caso, el dictamen técnico del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en el que se analiza y emite opinión sobre la actuación y desempeño del magistrado relativo, y de allegarse de datos, informaciones y opiniones de particulares, los cuales ilustran su decisión, pero no la constriñen. Cierto, en relación con el dictamen técnico, las opiniones del propio tribunal, no son de carácter vinculante para el Poder Legislativo en el procedimiento de ratificación, pues así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 101/2007 de rubro: "RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE NO ES VINCULANTE PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO." En concordancia con el anterior criterio, se estima por esta juzgadora, que por identidad de razón, las opiniones de los particulares, así como los datos de información que éstos proporcionen, no son de carácter vinculante para el Congreso del Estado de Jalisco, atendiendo a la naturaleza de la atribución que tiene sobre la ratificación o no del servidor judicial. En razón de lo anterior, el Congreso del Estado no está obligado a decidir en el mismo sentido de dichas opiniones puesto que, por un lado la legislación aplicable no confiere esa característica a tales reflexiones, al señalar que corresponde a la legislatura local decir de forma soberana sobre la ratificación o no de los magistrados; y por otro, debe tenerse en cuenta que la documentación que se llegue a acompañar, constituyan datos de las actividades jurisdiccionales realizadas por el Magistrado durante el desempeño del cargo conferido, y en su caso, una opinión externada por el particular cuya función es ilustrar su decisión. Consecuentemente, la atribución del Congreso del Estado de allegarse datos, informaciones y opiniones de los particulares, en términos de los preceptos legales citados, o los que se presenten ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, no constituyen un vínculo entre algún derecho fundamental y las personas que comparecieron al proceso de ratificación a opinar y presentar pruebas, pues, al no ser vinculante su opinión, la anulación del acto que se reclama no puede producir un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya que es al citado congreso a quien le corresponde ponderar las circunstancias del caso, para emitir una determinación en el ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, sin las opiniones formuladas por los particulares, no constriñen a resolver en los términos que proponen, no se genera el vínculo entre el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores y los inconformes que comparecieron al procedimiento de ratificación, a formular opiniones y ofrecer pruebas, y por tanto, en su caso la anulación del acto que se reclama, no produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, con independencia de que sean usuarios del órgano de justicia de que se trata; y por ende, redunda en la falta de interés legítimo. En consecuencia, la presente instancia constitucional resulta improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con lo dispuesto en el precepto 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se impone sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la invocada ley. Resulta orientadora en este tema, la tesis: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN OSTENTÁNDOSE ÚNICAMENTE COMO CIUDADANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, RECLAMA LA DETERMINACIÓN QUE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A SUS LABORES DESPUÉS DE QUE, CON MOTIVO DE UNA LICENCIA, OCUPÓ EL CARGO DE SECRETARIO DE DESPACHO EN EL GOBIERNO LOCAL, PORQUE ADUCE QUE DEBIDO A ESTE NOMBRAMIENTO DEJÓ DE CUMPLIR CON EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD." Dado que se decretó sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por ser las causas de improcedencia de estudio preferente, no es factible jurídicamente atender las cuestiones de fondo. Lo antes dicho encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, debe decirse que las tesis invocadas resultan aplicables en virtud de no resultar contrarias a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por --------, respecto de los actos precisados en el considerando segundo y por las razones contenidas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Motivos por los cuales se difiere la audiencia constitucional. De las actuaciones que conforman este sumario constitucional, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por la Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, en su caso, expresen sus manifestaciones o bien aporten las pruebas respectivas. Ello, en atención a que la notificación correspondiente se realizó el quince de febrero de este año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior; difiérase la audiencia constitucional programa para este día y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
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