Antonio Quiroz Valencia
Expediente 1420/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2017
Partes del expediente
- Antonio Quiroz Valencia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto legal 2° agréguese a los autos para que surta sus efectos conducentes el escrito y oficio de cuenta registrado con número de control interno 024340 y 024289, signados por el quejoso Martín Martínez Cortazar, y por el Director General de Amparos Contra Leyes en representación de la Tesorera de la Federación, y del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, respectivamente, mediante los cuales con el primero de ellos, el quejoso desahoga la vista en cumplimiento al proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 3879), respecto a los oficios signados por el Titular del Órgano Interno de Control, el Titular de Asuntos Jurídicos y por el Director Jurídico Procesal y Consultivo, todos del Instituto Nacional Electoral y el segundo de los de cuenta, mediante el cual en cumplimiento a la vista que le fue ordenada mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, manifiesta que se encuentra imposibilitado para hacerlo, en razón de que no se corrió traslado con las copias que la parte quejosa exhibió prueba superviniente. En consecuencia, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales serán tomadas al momento de pronunciarse respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, con el segundo de los de cuenta, de su contenido se toma conocimiento, y agréguese a los autos sin mayor proveído, lo anterior en razón de que mediante proveído de once de octubre de dos mil diecisiete (foja 3863), se corrió traslado con las mismas, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la oficiante. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la fecha no se ha hecho pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria y en obvio de mayores dilaciones procesales, se provee al respecto; en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste juzgado procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente los actos reclamados en: "A) Autoridad ordenadora: Del C. Contralor General, Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Director de Investigación y Responsabilidades Administrativas, todos del Instituto Federal Electoral, reclamo la resolución administrativa dictada en el expediente CG/16/007/2010, de fecha 5 de septiembre de 2011, toda vez que violenta y contraviene directamente los artículos 1,14, 16 Y 17 en relación con los diversos 108,113 y 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y que me impone la sanción de destitución y sanción económica. La resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil once, suscrita por el C.P. Gregorio Guerrero Pozas, Contralor General del Instituto Federal Electoral, señala en sus puntos resolutivos: PRIMERO. Conforme a los razonamientos expuestos en el Considerando sexto de la presente resolución, quedó acreditado que Martín Martínez Cortázar, incurrió en responsabilidad administrativa por las condiciones de ahí precisadas, por lo que se impone la sanción administrativa consistente en DESTITUCIÓN DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA, como Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de México. SEGUNDO. Asimismo, se impone a Martín Martínez Cortázar, una SANCIÓN ECONOMICA por la cantidad de $1,676,732.01 (un millón seiscientos setenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos 01/100M.N.), misma que se obtiene de la suma del daño patrimonial determinado, más el uno por ciento, de conformidad con e contenido del artículo 15, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y cuadragésimo primero del acuerdo 2/2010, por el que se emiten los lineamientos para la atención en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral. (.) QUINTO. Inscríbanse las sanciones decretadas, en el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuadragésimo sexto inciso b) y c) del Acuerdo del Contralor General, por el que se estimen los lineamientos para la atención de quejas, denuncias, procedimientos y recursos de revocación en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Instituto Federal Electoral. Asimismo, les reclamo cualquier resolución, oficio, circular, nota, mediante la cual ordene a otra autoridad del mismo Instituto Federal Electoral, me aplique la sanción de destitución e inhabilitación de mi puesto que desempeño actualmente en un órgano delegacional como Vocal Ejecutivo de Junta Local del Instituto Federal Electoral. Además, también le reclamo cualquier orden, oficio, circular, nota en la cual elaboren y ejecuten el registro, anotación y/o inscripción de las ilegales sanciones que me pretenden imputar tales como destitución e inhabilitación. Del Licenciado Oscar García Palmares, en su carácter de Subcoordinador de Servicios adscrito a la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, reclamo la ilegal notificación realizada al suscrito el 6 de septiembre de 2011, mediante la cual me hace entrega del oficio CGE/DIRA-OD/882/2011 de fecha 6 de septiembre del año en curso, por el que me hace saber de la sanción ilegal que me imponen consistente en la destitución e inhabilitación de mi puesto que desempeño actualmente en un Órgano Delegacional como Vocal Ejecutivo de Junta Local del Instituto Federal Electoral, toda vez que violenta directamente los artículos 1, 14, 16 y 17 en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Del Licenciado Rubén Carlos Rodríguez Arias, en su carácter de Director de Investigación y Responsabilidades Administrativas, reclamo la expedición del oficio CGE/DIRA-OD/882/2011 de fecha 6 de septiembre del año en curso por el que me hace saber de la sanción ilegal que me imponen consistente en la destitución e inhabilitación de mi puesto que desempeño actualmente en un Órgano Delegacional como Vocal Ejecutivo de Junta Local del Instituto Federal Electoral, toda vez que violenta directamente los artículos 1, 14, 16 y 17 en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Autoridades Ejecutoras: Del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, reclamo: La inminente ejecución de resolutivo séptimo de la resolución que ordena DESTITUCIÓN Y SANCIÓN ECONOMICA, de fecha cinco de septiembre de dos mil once que señala: "SÉPTIMO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, para los efectos de los artículos 13 párrafo segundo, 16 fracción II Y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de lo Servidores Públicos, en relación con lo dispuesto en el artículo 76, párrafo 3, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, y cuadragésimo sexto, inciso b) de los Lineamientos para la Atención de Quejas, Denuncias, Procedimientos y Recursos de Revocación en materia de Responsabilidades Administrativas DE LOS Servidores Públicos del Instituto Federal Electoral." Del Director Ejecutivo de Administración del Instituto Federal Electoral: La inmediata ejecución del resolutivo séptimo de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil once que ordena DESTITUCIÓN Y SANCIÓN ECONIMOCA, que señala: "SÉPTIMO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, para los efectos de los artículos 13 párrafo segundo, 16 fracción II Y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de lo Servidores Públicos, en relación con lo dispuesto en el artículo 76, párrafo 3, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, y cuadragésimo sexto, inciso b) de los Lineamientos para la Atención de Quejas, Denuncias, Procedimientos y Recursos de Revocación en materia de Responsabilidades Administrativas DE LOS Servidores Públicos del Instituto Federal Electoral." Del Tesorero de la Federación: La inmediata ejecución del resolutivo octavo de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil once que ordena DESTITUCIÓN Y SANCIÓN ECONIMOCA impuesta en la resolución combatida, que señala: "OCTAVO. Gírese oficio y copia certificada de esta resolución a la Tesorería de la Federación, para que por su conducto haga exigible a Martin Martínez Cortázar y juan José Ruiz Nápoles, el crédito fiscal determinado en la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo Cuadragésimo Séptimo del Acuerdo del Contralor General, por el que se emiten los lineamientos para la atención de quejas, denuncias, procedimientos y recursos de revocación en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Instituto Federal Electoral." El uno de diciembre de dos mil once (foja 921) la parte quejosa hizo valer el incidente de objeción de documentos falsos en cuanto a su autenticidad del informe justificado de la responsable Contralor General del Instituto Federal Electoral, el cual fue admitido en la audiencia constitucional de veinticuatro de julio de dos mil doce (fojas 1653 a 1655), por tal motivo se difirió y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia. Mediante sentencia de diez de enero de dos mil trece (fojas 1906 a 1942) se declaró improcedente el incidente de objeción de documentos planteado por el quejoso y se sobreseyó el presente asunto, por lo que la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la mencionada sentencia, del que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el amparo en revisión 150/2013, quien en sesión del veintisiete de marzo de dos mil catorce, determinó "PRIMERO Se revoca la Sentencia recurrida." SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo." Los efectos de dicha ejecutoria, fueron para el efecto de que: "En consecuencia, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se revoca la sentencia recurrida y se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo hasta el auto de diecisiete de octubre de dos mil once, con la finalidad de que el Juez de Distrito, con fundamento en el ordinal 146 del invocado cuerpo normativo, previó a acordar sobre la ampliación de la demanda del quejoso Martín Martínez Cortázar, presentada el tres de octubre de dos mil once, lo prevenga para que dentro del plazo de ley, precise si es su intención señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 383, párrafo primero, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de ser así, señale como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la Ley encomendó su promulgación, así para que precise el primer acto de aplicación de esa norma, de reclamarla como heteroaplicativa, bajo el apercibimiento de ley; hecho lo anterior, continúe con el procedimiento en el juicio de amparo." Por auto de veintitrés de abril de dos mil catorce, se recibió la ejecutoria de que se habla; repuesto el procedimiento el seis de octubre de dos mil catorce (fojas 2725 a 2758) se dictó sentencia en la que se concedió al quejoso Martín Martínez Cortázar el amparo y protección de la justicia, por lo que tanto la parte quejosa, como las autoridades responsables del hoy Instituto Nacional Electoral, interpusieron recurso de revisión contra la mencionada sentencia. Por auto de doce de febrero de do mil dieciséis (foja 3197), el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informó que el presente expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que tuviera a bien resolver el recursos interpuesto por la parte quejosa. Mediante auto de auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 3328) el Subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remite la ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 164/2016; asimismo solicita se haga la notificación pertinente; en la que se determinó: "PRIMERO. En materia de la revisión, competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martin Martínez Cortázar, en contra de los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y segundo de la presente resolución. TERCERO. Se deja a salvo la jurisdicción del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para el análisis de las cuestiones de legalidad." Por auto de auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (foja 3386 a 3388) el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remitió el cuaderno original del presente juicio, así como testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, cuyo resolutivo fue: "Único. En la materia de jurisdicción delegada a este Tribunal Colegiado, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Martín Martínez Cortázar contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos enunciados en el último considerando de esta sentencia." En ese mismo auto se requirió a las autoridades responsables como; Contralor General del Instituto Nacional Electoral. Subcontralor de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral. Director de Investigación y Responsabilidades Administrativas del Instituto Nacional Electoral. Subcoordinador de Servicios adscrito a la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. Tesorero de la Federación. Su cumplimiento, el cual debía ser en los términos siguientes. 1. Dejar insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución administrativa dictada en el expediente CG/16/007/2010, de septiembre de 2011, por cuanto hace al servidor público Martín Martínez Cortázar; y, 2. En su lugar, emita otro acto, en el que resuelva conforme a derecho proceda, con estricto apego a las consideraciones sostenidas en dicha ejecutoria, teniendo en cuenta lo siguiente a) Reitere que respecto a la conducta atribuida al servidor público relativa a la autorización de la terminación del contrato y cambio de inmueble, no se acreditó su responsabilidad administrativa al haber cumplido con los lineamientos correspondientes (tal como así lo determinó la propia responsable y no constituyó materia de controversia en la presente ejecutoria); b) Precise que la facultad sancionadora respecto a la conducta atribuida al servidor público relativa a la terminación del contrato de arrendamiento, prescribió en los términos analizados en la ejecutoria; y, c) Determine que, atendiendo al principio de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley, por cuanto hace a la conducta atribuida relativa a la notificación a los arrendadores de la terminación del contrato de arrendamiento, no es jurídicamente posible sancionar al servidor público considerando conductas de responsabilidad a las que no se hizo referencia como obligación a su cargo, pues no se citaron preceptos legales en que éstas se enunciaran y dieran sustento a la resolución de responsabilidad administrativa, inclusive teniendo en cuenta, que el Manual en que se sostuvo, no satisfizo el requisito de publicación o difusión establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficios registrados con números de control interno 9613, 9614, 10734, 10911, 11961, 11962, 12068, 12727, 12728, 14378,14623, 14624, 15292, 16833 y 17010 las responsables informaron las gestiones tendentes a dar cumplimiento. En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficios registrados con números de control interno 12502, 18956 y 19621 el Director General Adjunto de Garantías y Procedimientos Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Tesorería de la Federación, Titular, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Director Judicial Procesal y Consultivo, los tres últimos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, remitieron oficios, con los que aducen se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se evidencia lo siguiente: 1.- La autoridad responsable dictó un acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, en el que dejó insubsistente la resolución reclamada. 2.- Canceló definitivamente, la inscripción de la Sanción Impuesta al quejoso 3.- Sobre la cancelación definitiva de la sanción económica, manifiesta que ésta nunca fue informada a las autoridades fiscales y en su caso tampoco ejecutada. 4.- Retiró definitivamente del expediente personal del quejoso, los resolutivos de la sanción económica que quedó insubsistente. 5.- El seis de junio de dos mil diecisiete dictó la resolución administrativa, así como el acuerdo de restitución de derechos en el que manifestó que se encontraba jurídica y materialmente impedida para cubrirle a Martin Martínez Cortázar las prestaciones salariales, así como reinstalarlo en el cargo que desempeñaba en el Instituto, toda vez que se le impuso diversa sanción administrativa consistente en "Destitución para efectos de registro e inhabilitación por once meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público" 6.- Ordenó el pago de todas las percepciones salariales que el aquí quejoso dejó de percibir, con motivo de la resolución administrativa ahora insubsistente, única y exclusivamente, por el lapso comprendido del nueve de septiembre de dos mil once al once de diciembre de dos mil quince. 7.- Hizo del conocimiento al quejoso que la documentación original que ampara el concepto y periodo de pago, se encuentran a su disposición en dichas oficinas; sin que al momento haya comparecido a efectuar el cobro respectivo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, no ha quedado cumplimentada en sus términos. En virtud de que la responsable se ha abstenido de restituir al quejoso en el cargo que ocupaba como Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, ahora Instituto Nacional Electoral; asimismo han sido contumaces en realizar el pago de sus salarios caídos, ni especificar los conceptos que de dicho salario está cubriendo. Lo anterior, tomando en consideración que el motivo que aduce en la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete (en la que se le impuso diversa sanción administrativa consistente en "Destitución para efectos de registro e inhabilitación por once meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público), no puede tomarse como legalmente válido por las consideraciones siguientes: De las constancias que remitió en apoyo a sus aseveraciones, a las que se les concedió valor pleno y probatorio, en las cuales se encuentra la resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente CGE/PAR-OD-D/15/042/2012, en la que se impuso al quejoso la Destitución para efectos de registro e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Dicha resolución en lo que aquí interesa establece: "Que el C. MARTÍN MARTÍNEZ CORTÁZAR, a la fecha de la presente resolución cuenta con antecedentes toda vez que obran en los archivos de esta Contraloría General, obra la resolución del cinco de septiembre de dos mil once, emitida en el expediente de responsabilidades CGE/16/007/2010, en la que se le impuso la sanción administrativa consistente en DESTITUCIÓN del cargo y sanción económica por $1,676,732.01 (un millón seiscientos setenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos 01/100 M.N.), circunstancia que no actúa en beneficio del servidor público bajo escrutinio y que se toma en consideración para la imposición de la sanción correspondiente. .Bajo esa premisa, aun y cuando su conducta no se consideró grave y no provocó un daño económico al patrimonio de este Instituto, si advirtió que cuenta con antecedentes en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas, por lo que se considera justo y equitativo imponerle la sanción consistente en DESTITUCIÓN para efectos de registro e INHABILITACIÓN por ONCE MESES, para desempeñar algún empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, sanciones que se encuentran previstas en el artículo 384, párrafo 1, incisos e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable en la substanciación del presente procedimiento administrativo. .La primera sanción, dado que el infractor no se encuentra en el servicio activo en el Instituto Nacional Electoral, y dada la imposibilidad práctica que conlleva la ejecución material de la sanción de destitución, ésta se establece solo para efectos de registro y deberá tomarse en cuenta únicamente para los efectos legales a que haya lugar, agregándose al Registro de Servidores Públicos Sancionados de esta Contraloría General del entonces Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral, así como su expediente personal y surtirá efectos a partir del momento en que la presente resolución se notifique al C. MARTÍN MARTÍNEZ CORTÁZAR, conforme lo establece el artículo 30 primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por lo que la segunda sanción, consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el periodo de once meses, deberá ser ejecutada en los términos de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 384, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (vigente en la época de los hechos); artículo 76, numeral 3, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral (vigente en la época de los hechos), en términos de lo previsto por el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce y surtirá sus efectos a partir del momento en que la presente resolución se notifique al C. MARTÍN MARTÍNEZ CORTÁZAR, conforme lo establece el artículo 30 primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.". Por tanto, si tal decisión expresamente señala que las sanciones impuestas en la misma serían ejecutables a partir de la notificación al quejoso de tal fallo; sin embargo, las autoridades responsables no remitieron copia de la referida notificación para que este Juzgador se encontrara en posibilidad de calificar la imposibilidad material y jurídica alegada por tales autoridades. En consecuencia, requiérase a las autoridades del Instituto Nacional Electoral, para que en el término de tres días computados legalmente remita a este juzgador la constancia de la notificación efectuada al hoy quejoso de la sentencia definitiva de ocho de diciembre de dos mil quince dictada en el expediente CGE/PAR-OD-D/15/042/2012, así como el cumplimiento de dicha sentencia, en la inteligencia de que si la responsable adujera que la misma no se ha ejecutado en los términos indicados por algún trámite diverso, deberá remitir las constancias que acrediten su dicho. Asimismo, en lo concerniente al pago de los salario caídos, requiéraseles a las mencionadas autoridades, para que dentro del mismo término remitan claramente especificados los rubros que se están cubriendo con la cantidad total que señalan se encuentra a disposición del quejoso en esa dependencia, para que este Juzgado Federal se encuentre en posibilidad de verificar el debido cumplimiento al fallo amparador, en dicho rubro, deberán precisar si el salario sufrió aumentos, decrementos o fue modificado por cualquier factor, en cuyo caso, deberán justificarlo con las constancias pertinentes. Se apercibe a las autoridades, que de hacer caso omiso a lo anterior, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación citada; es decir, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y, personalmente al quejoso, en el nuevo domicilio que proporciono mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 3815). Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Sara Mercedes Neira González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, México; cinco de octubre de dos mil diecisiete. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que el treinta y uno de agosto de pasado (fojas 251 a la 267), se dictó la sentencia en del presente asunto y mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 272), se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, sin que a la fecha obren las constancias de notificación de los oficios de dichas determinaciones, dirigidos a las autoridades responsables. En tal virtud, a fin de integrar correctamente el medio de impugnación interpuesto y estar en aptitud de remitirlo al Tribunal de alzada para su substanciación, requiérase a la Administración de Correos del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días referido en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, informe a este Juzgado de Distrito el tratamiento que dio a los oficios 29613/2017, 29614/2017, 29615/2017, 29616/2017, 29617/2017, 29618/2017, 29619/2017, 31352/2017, 31353/2017, 31354/2017, 31655/2017, 31656/2017, 31657/2017 y 31658/2017, los cuales fueron registrados como piezas postales 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 y 10614 . Apercibido que para el caso de ser omiso, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Jonathan Corona Belendez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
como se ordenó se notifica a la parte tercero interesada el auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el cual dice: Visto el estado procesal de autos se evidencia que mediante autos de trece julio de dos mil diecisiete y veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 352, 353 y 391 respectivamente), se reservó acordar lo conducente respecto a las pruebas consistente en; - La inspección judicial. - La pericial en materia de topografía, agrimensura y valuación de daños; y, - La testimonial. Las cuales fueron ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables Director de Obras Públicas de Ocuilan, Estado de México y Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, hasta en tanto obrara en autos la totalidad de los informes justificados, los cuales fueron requeridos mediante auto de trece de agosto de dos mil diecisiete. En atención a lo anterior, de autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (foja 410) el Director de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, ya rindió su informe justificado; sin embargo el Director de Obras Públicas de Ocuilan, Estado de México y Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, no han cumplido tal requerimiento, pese a haber sido legalmente notificadas, tal como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 25851/2017 y 25852/2017, glosados a foja cuatrocientos trece (413) de autos, el cual ampara la notificación del oficio de mérito. Por tanto, respecto a las pruebas ofertadas, se provee; Por cuanto hace a las pruebas ofertadas por las responsables Director de Obras Públicas de Ocuilan, Estado de México y Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, no ha lugar acordar de conformidad toda vez que no las ofrecieron de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la materia, pues no exhibieron los puntos, cuestionario e interrogatorio sobre los que versarían las mismas, ni designaron perito ni los testigos a que se contrae el artículo recién citado. En atención a lo anterior, se estima aplicable, la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009210, publicada en la página 1711 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, mayo de 2015, Materia Común, Décima Época, que establece: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL. Conforme al precepto citado, la prueba pericial debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el original del cuestionario para los peritos y las copias para cada una de las partes, y en caso de que éstas falten total o parcialmente, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y, de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecida. Ahora, cabe precisar que el cuestionario que deben responder los peritos y las copias para correr traslado a las demás partes, son requisitos necesarios para que se tenga por ofrecida la prueba; sin embargo, tienen funciones distintas, pues el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es el elemento medular de la prueba pericial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. En ese sentido, dadas sus diversas finalidades y alcances se concluye que la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición- no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario se haría nugatorio el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues bastaría con que sólo se anunciara la prueba pericial cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del anuncio ni el de la propia audiencia, para que con ello el juzgador tuviera que requerir su exhibición, concediendo otros 3 días más, con lo que evidentemente el ofrecimiento se perfeccionaría con posterioridad al plazo referido, en detrimento de los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes." Por cuanto hace a las ofertadas por los quejosos se acuerda; 1. La inspección judicial: En virtud de que la parte quejosa mediante auto de quince de agosto de dos mil diecisiete proporcionó los puntos que deberán observarse para el desahogo de la prueba consistente en la inspección judicial ubicada en la obra denominada equipamiento del centro deportivo de usos múltiples Pedro Asencio de Aquisiras en la Comunidad de San Ambrosio Chalmita Ocuilan Estado de México; córrase traslado a las partes y a fin de evitar mayores dilaciones procesales con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez Segundo Civil de Tenango con residencia en Santiago Tiangistenco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, desahogue la prueba de inspección judicial ofertada por Marco Antonio Escamilla Ramírez, autorizado de la parte quejosa Domingo Perete Peña, Luis González Velazco y Francisco González Gómez, en su carácter Primer, Segundo y Tercer Delegado Municipal, respectivamente del poblado San Ambrosio Chalmita, Municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México, así como por Roberto Jesús Valle Varona, Marcos Chaqueco Velazco y J. Félix Rojas Rojas, como Mesa Directiva de los Pequeños Propietarios Pobladores de la localidad antes referida, en el inmueble descrito en párrafo precedente, para lo cual se adjunta copia del escrito que contiene los puntos sobre los cuales se llevará a cabo la diligencia encomendada, calificándose de legales los puntos contenidos en el ocurso de mérito. De conformidad, con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez, para que habilite a quien habrán de realizar lo encomendado aún en horas y días inhábiles. En el entendido que una vez que el Juez despachado fije día y hora para llevar a cabo al diligencia encomendada, lo deberá de hacer del conocimiento a este Juzgador vía oficio, a efecto de hacerles del conocimiento a las partes por si es su deseo comparecer a la diligencia en cuestión, por tanto, la fecha que se fije deberá de ser con un margen de tiempo razonable. 2. La pericial en materia de topografía, agrimensura y valuación de daños. En vías de preparación, téngase por designado como perito de la parte quejosa a María del Sagrario Alonso Zepeda, por tanto, requiérase a la oferente de la prueba, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, presente al experto precitado en el local de este Juzgado de Distrito, a efecto de que proteste el cargo conferido, apercibida que en caso de no hacerlo, se tendrá como único dictamen el que en su caso rinda el perito oficial que se designe. Con apoyo en el artículo 146, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito que contiene el cuestionario relativo a la prueba pericial aludida, para que si a sus intereses conviene, dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, designen perito para que se asocie con el que en su momento nombre este Juzgado de Distrito, o bien, rinda dictamen por separado y, haga las adiciones que estime pertinentes al cuestionario propuesto por la parte quejosa. En el entendido que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, perderán su derecho respectivo. En esa tesitura, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, a efecto de que en auxilio de la Justicia Federal y en el plazo referido, proponga a un perito en materia de topografía y uno en materia de valuación de daños, para que funja como perito oficial, o bien manifieste la imposibilidad legal y justificada que tenga para hacerlo apercibido que en caso de ser omiso se le impondrá una multa por el importe de cincuenta a mil días multa en términos de los dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 3. La testimonial; Con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 119 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia simple del cuestionario sobre el cual versará la prueba de referencia, para que si es su deseo, dentro del plazo de tres días legalmente computado, formulen por escrito repreguntas sobre el interrogatorio propuesto por el peticionario de amparo; con el apercibimiento que en caso de ser omisas al respecto, la prueba se desahogará únicamente en términos del interrogatorio presentado, sobre aquéllas preguntas que sean calificadas de legales, sin oportunidad de repreguntar verbalmente en la audiencia constitucional, como lo dispone el artículo en cita. Establecido lo anterior, queda a cargo del oferente de la prueba la presentación de los testigos que ofrece, mismos que deberá presentar el día de la celebración de la audiencia constitucional, quienes deberán comparecer con identificación oficial vigente y copia simple de la misma, a fin de verificar sus identidades; con el apercibimiento que en caso de no acudir, o bien, no acudir debidamente identificados, no se recabará su testimonio en perjuicio del oferente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 167 del código adjetivo citado, se apercibe al accionante del amparo que en caso de no presentar a sus testigos el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional, previa certificación correspondiente, se declarará desierta la prueba ofertada. Finalmente, de autos se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las once horas con quince minutos del día de la fecha, como fue ordenado en el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 412). En ese tenor, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta fecha y en su lugar se señalas las diez horas con quince minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete para su verificativo.
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VI. Toluca, México; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el comunicado de cuenta mediante el cual la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveído de treinta de agosto del año en curso (foja 1496), hace del conocimiento que la pieza postal MN635593022MX, referente al oficio 26175/2017, fue entregado a la oficialía de este juzgado el cinco de los corrientes, e informa que en dicha administración no cuenta con copia de los acuses de recibo, los originales son entregados a cada autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como en derecho corresponda, tomando en consideración que dicha pieza ya obra en autos (foja 1499). Ahora, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), a la fecha no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el término precisado en el auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 1489 a 1491); toda vez que no ha remitido las constancias que acrediten que designó perito a fin de que lleve a cabo el trabajo valuatorio y se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en los articulo 192 y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto mencionado y se impone al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, al día en que la citada responsable quedó debidamente notificada del auto por el que se le requirió su cumplimiento, es decir que asciende a la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta de multiplicar $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional) cantidad que equivale a la Unidad de Medida y Actualización de valor diario vigente a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, consultado en la página de Internet www.inegi.org.mx; correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por cien días, la cual deberá hacerse efectiva por conducto del Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 1, con sede en la Ciudad de México. Por otro lado, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto en los articulo 192,193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para que dentro del término de tres días, remita copias certificadas de las constancias, que demuestren el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, designe perito para que este a su vez emita el dictamen correspondiente respecto del avalúo especifico que determine el valor de mercado de la superficie afectada al quejoso, con el apercibimiento de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá multa de ciento cincuenta veces de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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