Antonio Proa Méndez
Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Antonio Proa Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
I. Causa ejecutoria. Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II. Se ordena archivo definitivo. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la medida cautelar. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa el documento que exhibió en este juicio previa toma de razón por su recibo. Ahora, para poder realizar la entrega de dicho documento, la parte quejosa deberá agendar previa cita en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el entendido que deberá acatar las medidas sanitarias al momento de acudir a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 2° fracción VII, 3°, 7°, párrafo tercero del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte promovente que una vez que agende la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", a fin de confirmar su asistencia en la fecha y hora que agendó y que de manera previa este juzgado pueda realizar las gestiones necesarias para la entrega de los referidos documentos, se comunique con el secretario encargado del trámite del presente asunto Osvaldo Hernández Romero, al número telefónico 998-187-8767.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1119/2021-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; y las demás partes no aportaron algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa expresó alegatos, sin que las demás partes lo hicieran; luego, el Juez acuerda: téngase por hechas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa y dese por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O para resolver el juicio de amparo 1119/2021-IV, promovido por Antonio Proa Méndez, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el trece siguiente a este juzgado de distrito Antonio Proa Méndez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades 1] Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 2] Presidenta Municipal y 3] Secretario General, ambos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y 4] del Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 17, 73, 115, 117, 118 y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: De las autoridades responsable reclamo, en el respectivo ámbito de sus competencias, la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del acuerdo 18-21/233, mediante el cual se expide el Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida y Vialidad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, específicamente los artículos que a continuación se transcriben. - - - Articulo 1 [se transcribe] - - - Articulo 2, fracciones IX, XV, XVI, XVII, XLII, XLVI, L, LI, LII, LIII, LIV, LVI, LVII, LXIV, LXV, LXX [se transcribe] - - - Articulo 3, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII [se transcribe] - - - Articulo 5 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII [se transcribe] - - - Articulo 6 [se transcribe] - - - Articulo 7 [se transcribe] - - - Articulo 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLIX, L, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LXI, LXII, LXV, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXIX [se transcribe] - - - Articulo 9, fracciones I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVII, XL, XLI, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII [se transcribe] - - - Articulo 12, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII [se transcribe] - - - Articulo 16 [se transcribe] - - - Articulo 19 [se transcribe] - - - Articulo 24 [se transcribe] - - - Articulo 27 [se transcribe] - - - Articulo 28 fracciones I, II y IV [se transcribe] - - - Articulo 31 [se transcribe] - - - Articulo 32 [se transcribe] - - - Articulo 33 [se transcribe] - - - Articulo 36 [se transcribe] - - - Articulo 37 [se transcribe] - - - Articulo 38 [se transcribe] - - - Articulo 39 [se transcribe] - - - Articulo 40 [se transcribe] - - - Articulo 41 [se transcribe] - - - Articulo 43 [se transcribe] - - - Articulo 45 [se transcribe] - - - Articulo 46 [se transcribe] - - - Articulo 56 a Artículo 132 [se transcriben], 157, fracciones II y III [se transcribe], 203 [se transcribe] - - - 254 [se transcribe] - - - 301 [se transcribe] - - - 303 [se transcribe] - - - Artículo 304 [se transcribe] - - - Artículo 305 [se transcribe] - - - Artículo 306 [se transcribe] - - - Artículo 307 [se transcribe] - - - Artículo 308 [se transcribe] - - - Artículo 329 [se transcribe] Artículo 330 [se transcribe] - - - Artículo 331 [se transcribe] - - - Artículo 334 [se transcribe] - - - Artículo 335 [se transcribe] - - - Artículo 336 [se transcribe] - - - y Artículo 337 [se transcribe] - - - SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en auto de diecisiete de septiembre del año inmediato anterior, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1119/2021-IV y se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que respecta a las autoridades Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; se admitió a trámite la demanda de amparo por los que respecta al Ayuntamiento y Presidenta Municipal, ambos de Benito Juárez, Quintana Roo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Recurso de queja y suspensión del procedimiento. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de diecisiete de septiembre del año inmediato anterior, por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo y se ordenó suspender el procedimiento; medio de impugnación del cual, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo la queja 392/2021; y en sesión ordinaria virtual de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se declaró infundado dicho medio de impugnación. CUARTO. Reanudación del procedimiento y señalamiento de audiencia constitucional. En proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, al recibirse el testimonio de la resolución precisada en el resultando tercero que antecede, se levantó la suspensión del procedimiento, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos de naturaleza administrativa en materia de constitucionalidad de una norma general que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1] Ayuntamiento y 2] Presidente Municipal, ambos de Benito Juárez, Quintana Roo: Su participación en el proceso reglamentario que dio lugar al acuerdo 18-21/233 publicado el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se expide el Reglamento de Transporte Público de Pajareros en Ruta Establecida y Vialidad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en específico los artículos 1, 2, fracciones IX, XV, XVI, XVII, XLII, XLVI, L, LI, LII, LIII, LIV, LVI, LVII, LXIV, LXV, LXX, 3, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 5 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII, 6, 7, 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI, XLVII, XLIX, L, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXV, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXIX, 9, fracciones I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVII, XL, XLI, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, 12, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, 16, 19, 24, 27, 28 fracciones I, II y IV, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 46, 56 a 132, 157, fracciones II y III, , 203, 254, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 329, 330, 331, 334, 335, 336 y 337. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto de la Síndico Municipal y Apoderada Jurídica y 2] Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Encargado de Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aceptaron la existencia, de los actos que se les atribuye precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Además, la notoria existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades responsables respecto a la intervención en el proceso reglamentario no está sujeta a prueba, con sustento en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de una norma general publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Por tanto, se tiene por cierto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero, de esta sentencia. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. La autoridad responsable Ayuntamiento de Benito Juárez, por conducto de la Síndico Municipal, manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto a la parte quejosa Antonio Proa Méndez, pues refiere que el acuerdo 18-21/233 publicado el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se expide el Reglamento de Transporte Público de Pajareros en Ruta Establecida y Vialidad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no afecta el interés jurídico del amparista. Es fundado el argumento de la autoridad responsable por lo que respecta a los actos precisados en el considerando tercero, de este fallo. Luego, la causa de improcedencia descrita se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la porción normativa transcrita se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, de manera respectiva, prescriben: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos; por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. La norma constitucional invocada, en primer término, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, estatuye que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, el precepto reproducido en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo prescrito en el arábigo 5º, fracción I, de citada legislación; además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. En el presente asunto, el estudio de la causa de improcedencia se abordará desde la perspectiva del interés jurídico que establece que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por ser el sujeto a quien se dirige la ley. Es así, porque la parte quejosa alega una afectación a la titularidad de un derecho subjetivo, debido a que la norma general que combate por esta vía de control constitucional genera una afectación a las vías de comunicación que explota a través de tu título de concesión para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, en su modalidad de servicio público de automóviles de alquiler, para el servicio de taxi colectivo, en la ruta Cancún, Quintana Roo. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional; así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Apoya lo antes dicho, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, dicen: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Con base en lo expuesto, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Así, para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados cause un perjuicio al quejoso o agraviado. En ese orden de ideas, debe decirse que atendiendo a su naturaleza, las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras, admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas, se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Entonces, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; y cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una norma heteroaplicativa. Al respecto resulta aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Sentado lo anterior, es dable sostener que la norma reglamentaria controvertida le reviste naturaleza de heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de esta no genera una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa. Lo anterior, porque los artículos combatidos prevén lo relativo a la regulación de las concesiones de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida y Vialidad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, así como del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta Establecida, el cual cuenta con circuitos, carriles preferentes, exclusivos o confinados, rutas integradoras y alimentadoras, con infraestructura y tecnología diseñada para su buena operación y seguridad del usuario, operado por los concesionarios del servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta Establecida integrados en una Coordinadora, controlado, regulado y supervisado por la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Lo que implica, que para la materialización de las disposiciones antes señaladas, se requiere de la existencia de actos concretos posteriores emitidos por las autoridades competentes, tales como las concesiones que el Municipio otorga para la prestación temporal del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Ruta Establecida; en las cuales, necesariamente se tiene que determinar la o las rutas que explotarán los concesionarios que se designen de esa modalidad por lo que, será hasta ese momento, que se podrá dilucidar si existe un traslape o sobreposición que afecte a las rutas que tiene asignada la parte quejosa con el título de concesión que detenta, como lo pretende hacer valer en la demanda de amparo. Es decir, la demostración de la afectación necesita de un acto posterior, como lo es la expedición de una concesión, permiso o derecho para la prestación temporal del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Ruta Establecida, y en cuyos derechos se deberá establecer la o las rutas que brindaran dicho servicio y, en su caso, que estás se sobrepongan a la ruta que la parte quejosa tiene establecida con la concesión que refiere contar con la titularidad. Sin embargo, del contenido de los numerales previstos en el Reglamento reclamado, no se observa que se haya reglado o definido la o las rutas sobre las cuales serán explotados los permisos o derechos para brindar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Ruta Establecida en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ni tampoco que dichas rutas se sobrepongan a las concesionadas en favor del quejoso en el título que ya detenta. De igual manera, de los preceptos legales reclamados, se desprende que lo relacionado con la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), está supeditado a la expedición de una concesión, tal como lo señala el numeral 24 del citado Reglamento Municipal. Entonces, los preceptos legales tildados de inconstitucionales son de naturaleza heteroaplicativa, porque no imponen alguna carga a la parte quejosa con su sola entrada en vigor; es decir, no la vinculan a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, ya sea porque crea, transforma o extingue situaciones concretas del derecho que se estima vulnerada; por el contrario, requiere de un acto concreto de aplicación, como lo es la expedición de las concesiones correspondientes. Por tanto, si la parte quejosa alega substancialmente en la demanda de derechos fundamentales, que su interés jurídico se transgredió con motivo de la vigencia del reglamento reclamado, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo que acreditara que lo regulado por dicha norma jurídica trasciende directamente para afectar su esfera jurídica, sin condicionarse a ningún acto; lo que, en el caso, no aconteció, porque del análisis realizado el presente asunto, no se observa que la parte quejosa haya soportado su afectación con algún acto en donde se haya materializado la norma de carácter general, y que generará una alteración al derecho de explotación del servicio de transporte con el que cuenta. Lo anterior, con independencia que la parte quejosa ofreciera, la documental consistente en fotocopia certificada de la cesión de derechos de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, expedida por el Director General el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en favor de Antonio Proa Méndez, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que le fueron cedidos la titularidad de los derechos de la concesión para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, en su modalidad de servicio público de automóviles de alquiler, para el servicio de taxi colectivo, para operar la ruta Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Sin embargo, es insuficiente para determinar la ruta que ampara dicha concesión o el espacio territorial que abarca la misma, por lo cual, no es idónea para demostrar una afectación a los derechos adquiridos en dicha concesión, bajo la sola manifestación de que la entrada en vigor de la norma de carácter general afecta las vías de comunicación que explota a través de la referida cesión de derechos. En ese sentido, si bien es cierto, con dicha probanza la parte quejosa demostró contar con la titularidad de un derecho subjetivo a través de la cesión de derechos de la concesión que detenta, también lo es, que no acreditó con algún medio probatorio que la sola entrada en vigor de la norma de carácter general ocasionara una afectación a su esfera de derechos, esto es, que sustente su argumento encaminados a evidenciar la existencia de un traslape en la o las rutas que tiene concesionada a su favor y las que se deriven del Reglamento tildado de inconstitucional. En ese sentido, dado que los preceptos legales reclamados son de naturaleza heteroaplicativa, pues requieren un acto posterior para materializar sus efectos, como lo es, la expedición de concesiones municipales para la prestación del servicio de transporte, y que en dichos permisos se establezcan rutas determinadas que se sobrepongan a las concesionadas en favor de la parte quejosa. Con independencia de ello, se destaca que, la prueba ofrecida por la parte quejosa no justifica que se haya prorrogado, refrendado o revalidado la concesión para operar el referido servicio de transporte de pasajeros, tal y como lo disponen los artículos 110, penúltimo párrafo y 117, fracción XVIII, de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que establecen lo siguiente: Artículo 110. El término de vigencia de las concesiones podrá prorrogarse hasta por un período igual al inicial, mediante la presentación de solicitud por escrito que presente el concesionario al Instituto, dentro de los cinco meses anteriores a la expiración de su vigencia, siempre y cuando se den los siguientes supuestos: [.] Las solicitudes de prórroga de la concesión y refrendo o revalidación del equipamiento auxiliar de transporte que presenten los concesionarios, deberán acompañarse del pago de derechos de los estudios técnicos correspondientes, en los términos del Reglamento. [.] Artículo 117. Son obligaciones de los concesionarios: [.] XVIII. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de los trámites administrativos;" Como puede advertirse de lo antes expuesto, para efectos de la vigencia de la concesión que detenta la accionante de amparo, se requiere que anualmente se lleve a cabo el pago de un refrendo a las autoridades correspondientes para efectos de renovar los derechos inherentes a dichas concesiones. Entonces, si la parte quejosa fue omisa en acreditar que la concesión respecto de la cual le fueron cedidos los derechos, con la que pretende acreditar su interés jurídico se encuentra vigente por haberse realizado el refrendo respecto del año dos mil veintiuno, anualidad que corresponde a la entrada en vigor de las normas cuya inconstitucionalidad aduce combatir en su escrito inicial de demanda; ello, prueba que no acreditó la vigencia de la concesión que detenta, con la cual pretende acreditar su interés jurídico y ubicarse en el supuesto de afectación con motivo de su entrada en vigor de la norma general reclamada, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Luego, es oportuno, precisar, que si bien de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte la existencia del acto reclamado, como se indicó en el considerando que antecede; sin embargo, aún con la certeza del acto reclamado, no releva a la parte quejosa de la obligación procesal de justificar que el acto reclamado afecta la esfera de sus derechos subjetivos, esto es, que le correspondía a la parte impetrante la carga de la prueba para demostrar que las normas reclamadas le causan un agravio personal y directo, pues no basta que exista el acto de autoridad para que prospere la acción constitucional, sino que era obligación de la agraviada acreditar fehacientemente la titularidad de un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que le otorgue una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por tanto, el interés jurídico debe probarse fehacientemente, y no inferirse a base de presunciones. Por cuanto hace a la prueba instrumental de actuaciones que integran este expediente (ofrecida por la parte quejosa), cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público, no arrojan dato alguno que demuestre la existencia de los actos en estudio. Por otra parte, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa que acredite que la existencia de los actos en estudio. Por tanto, si la parte quejosa no acreditó que las normas reclamadas le causan perjuicio con su sola entrada en vigor; por ello, que le afectan su interés jurídico para reclamar del 1] Ayuntamiento y 2] Presidenta, ambos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los actos precisados en el considerando tercero, de esta sentencia; por ende, se actualiza la hipótesis de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y en vía de consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la misma ley, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte quejosa, debe decirse que no se estudiarán porque de acuerdo con su naturaleza, sólo constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, consecuentemente no es obligación para el suscrito juzgador de amparo entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonio Proa Méndez, por propio derecho, contra los actos reclamados al 1] Ayuntamiento y 2] Presidenta, ambos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, de esta sentencia, de conformidad con lo expuesto en el quinto, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I. Agrega testimonio de resolución de recurso de queja Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta signada por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través de la cual remite testimonio de la resolución dictada mediante sesión ordinaria remota por videoconferencia de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja 392/2021 del índice del tribunal de su adscripción, en la que se declaró infundado el referido medio de impugnación interpuesto por la parte amparista, contra el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo; al respecto, acúsese recibo. II. Se reanuda procedimiento y se señala fecha y hora para la audiencia constitucional. Ahora, de autos se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto el tribunal de alzada resolviera lo conducente en relación con la queja interpuesta, lo cual ya sucedió; por tanto, se reanuda el presente procedimiento y con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo se señalan las once horas con cuarenta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. III. Alegatos. Finalmente, se levanta la reserva decretada mediante auto de once de febrero de dos mil veintidós, y en relación con la promoción con número de registro 2287 se tiene a Jonathan Pineda Castro, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos; en consecuencia, téngase por hechas las manifestaciones ahí realizadas y con fundamento en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relaciónese al momento de celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Notificación personal a la parte quejosa del auto de quince de febrero de dos mil veintidós.
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