Antonio Prisciliano Teodoro
Expediente 139/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2023
Partes del expediente
- Antonio Prisciliano Teodoro
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido al promovente del amparo, a fin de comparecer de manera personal en compañía y asistido de su autorizado a ratificar el contenido y firma del escrito con número de registro 1698 mediante el cual pretendía desahogar la prevención realizada en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en el proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se tiene por no presentado el escrito antes detallado. Asimismo, de la certificación que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, de las que se advierte que ha fenecido el plazo concedido al quejoso Antonio Prisciliano Teodoro, por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, a fin de que desahogara la prevención realizada; sin que lo haya hecho. DESECHAMIENTO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de emitir pago de pensión por jubilación. En el caso, el suscrito estima que en el juicio en que se actúa, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 77 de la misma legislación, aplicado este último a contrario sensu; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema judicial, existen supuestos, como el que nos ocupa, en que por distintas razones, se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en consecuencia, resulta ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado la omisión de realizar el pago de pensión, conforme al dictamen CP/76353/2022 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable: Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de seguridad Social del Estado de México y Municipios, es quien atento a sus atribuciones tiene intervención directa en la respuesta a la petición de pago de pensión que pretende el quejoso, y a quien, el solicitante del amparo no señaló como responsable. Se aduce lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 3° y 4° del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, que disponen: "Artículo 3°. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 4°. El Comité de Pensiones es un órgano auxiliar del H. Consejo Directivo del Instituto con facultades decisorias para analizar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pensiones, así como del estímulo por permanencia de los servidores públicos." De la anterior transcripción se obtiene, que sólo el Comité de Pensiones (de manera conjunta) tiene las facultades para resolver las solicitudes de otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos. En ese sentido, dado que el Presidente del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios (ISSEMYM), no cuenta con las facultades para atender la petición del quejoso, en el caso de que fuera procedente otorgar el amparo para efecto de que se emitiera respuesta a dicha petición; se estima que no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, toda vez que como se expuso dicha autoridad no tiene la facultad de emitir contestación a la petición por la que el quejoso promueve el presente juicio de amparo. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número VI. 3o. J/44 que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, febrero de 1994, página 67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "Autoridades responsables no designadas, sobreseimiento del juicio de amparo. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XLVIII, página 206, que establece: "Autoridades responsables, falta de señalamiento de las en el amparo. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así como la tesis sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XLVIII, página 1194, que cita: "Autoridad responsable, omisión de la. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 77 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por Antonio Prisciliano Teodoro. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor del quejoso, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra el mismo, una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse por el solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación al respecto el criterio que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, página 236, en la tesis 2a. LV/95, que dice: "Queja, suplencia de la. No comprende la designación de autoridades responsables. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables."
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Intégrese el escrito signado presuntivamente por el quejoso ********************, a través del cual desahoga la prevención de dos de febrero del año en curso Ahora bien, se advierte, sin necesidad de tener conocimientos especiales en grafología, que la firma que se encuentra estampada en dicho ocurso es notoriamente distinta a la que obra en su escrito inicial de demanda como se advierte de las siguientes imágenes: Escrito inicial de demanda / Escrito que se atiende en esta fecha / Ratificación de firma En consecuencia, requiérase a ******************** para que dentro del plazo de tres días hábiles comparezca de manera personal, en compañía y asistido de cualquiera de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el local de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con identificación oficial vigente a efecto de ratificar, de ser el caso, la firma del líbelo de cuenta. Apercibimiento Apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el escrito que se atiende, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207,437, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Se hace del conocimiento al peticionario del amparo como a sus autorizados, que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. "
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 139/2023-IV-C. Prevención Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Lo anterior, dado que las atribuciones de la autoridad que señala como responsable a saber Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios, se encuentra contenida dentro del Manual de Operación del Comité de Pensiones, en sus artículos 11 y 12, los cuales establecen: "Artículo 11.- El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; Conceder, negar, modificar o suspender las pensiones y el estímulo por permanencia en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y otras determinaciones aprobadas por el H. Consejo Directivo del Instituto; Expedir o modificar su Manual de Operación y ordenar su publicación en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno", por conducto de su Presidente; Resolver los recursos administrativos de inconformidad que se presenten en contra de sus dictámenes o resoluciones; Proporcionar la información que le sea solicitada por las áreas competentes del Instituto; Requerir a los servidores públicos o pensionados la información, documentación o cualquier otro elemento necesario, para determinar sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de pensión o de estímulo por permanencia; Verificar en cualquier momento la autenticidad de los documentos que integran el expediente de la pensión o estímulo por permanencia solicitado; Aprobar o modificar los formatos o instrumentos legales que sean necesarios en el trámite de pensión o de estímulo por permanencia; Acordar las medidas administrativas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones; y Las demás que le señale la Ley, el Reglamento, el presente Manual de Operación y otras disposiciones reglamentarias". "Artículo 12.- Los integrantes del Comité de Pensiones tendrán las siguientes funciones y atribuciones: Del Presidente: a) Presidir las sesiones del Comité de Pensiones; b) Representar al Comité de Pensiones en todos los asuntos que le competan; c) Aprobar y firmar las actas de las sesiones; d) Emitir su opinión y voto en forma directa en el pleno de la sesión sobre las solicitudes de pensiones y de estímulo por permanencia así como en los asuntos que en el ámbito de su competencia se sometan a la consideración del Comité de Pensiones; e) Presentar al Consejo Directivo el informe de las actividades realizadas por el Comité de Pensiones; f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, el Reglamento y del presente Manual de Operación; y g) Las demás que le confieran la Ley y sus disposiciones reglamentarias". En el caso, para que surja la obligación de la autoridad señalada como responsable de realizar el pago de la pensión otorgada a la parte quejosa, resulta indispensable que tal actuar se encontrara dentro de las obligaciones de ésta; sin embargo, como quedó de patente, la normativa bajo la cual se rigen las autoridad no la faculta para poder efectuar los pagos. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, es al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a quien corresponde pagar de manera puntual las pensiones otorgadas, sin embargo, en el caso particular la parte quejosa no señaló expresamente el área o autoridad responsable encargada de efectuar el pago Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados, se acordará lo que en derecho proceda, conforme a los términos en la que fue planteada. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Requerimiento de usuario En razón de lo anterior, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le requiere para que, en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, señale usuario electrónico, lo anterior, a fin de que se encuentre en posibilidades de acceder al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". / Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. / Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. / Medio alterno de comunicación Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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