Antonio Pozos Gutierrez
Expediente 1618/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antonio Pozos Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la encargada de despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Ahora bien, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tiene como prueba la documental que adjunta a su oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Por otro lado, de las constancias que remite la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral ********************; y, su notificación a las partes. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral ********************; asimismo, notificó dicho proveído a las partes el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Razón por la cual, si la parte peticionaria de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio natural, así como su notificación, y éstas ya fueron acordadas y notificadas a las partes, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia 2ª. /J/. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XVII, marzo de dos mil tres, página 386, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos copia del escrito firmado electrónicamente por ***, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó la prueba pericial en valuación del inmueble. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes para que dentro del plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada consideren deban remitirse al Tribunal, una vez que haya transcurrido dicho plazo, y obren la totalidad de los acuses, remítase el escrito original del recurso, copia del auto recurrido y las demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja, Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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