Antonio Ponce López
Expediente 794/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2023
Partes del expediente
- Antonio Ponce López
- Martha Miriam Jiménez Gómez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado criptográficamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 15173/2023, y anexo, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja que hiciera valer ***, apodera general de ***; el cual fue registrado bajo el número 224/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; asimismo, téngase a la Superioridad acusando de recibo del recurso referido; finalmente, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado electrónicamente por ***, apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del auto de treinta y uno de mayo de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo intentada. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el accionante. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el treinta y uno de mayo de esta anualidad, en autos del juicio de amparo indirecto 794/2023-II, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************apodera general de ********************. Por tanto, remítase a la brevedad el oficio correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que proceda a la tramitación de dicho medio de impugnación. Por otra parte, hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el presente juicio de amparo 794/2023-II, de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Perla María Cuautle Coconi, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por ***, apodera general de ***, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en proveído de referencia. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como autoridad responsable al 1. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chiapas, con sede en esta ciudad, de quien reclama el documento denominado Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente CHP/CI/2023/000375 por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. En ese orden de ideas, esta juzgadora advierte que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." (.)" De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que los actos combatidos devienen improcedentes reclamarlos a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación a los directamente quejosos, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHP/CI/2023/000375, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial, por falta de procedibilidad del objeto de la solicitud. Sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la parte promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece. Se dice lo anterior, toda vez que con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación se elevó a rango constitucional, como se desprende del artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ya que con de dicha actuación, no se está limitando o coartando el derecho que tienen los aquí quejosos de acudir ante el Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que reclamen, debiendo anexar a su escrito de demanda, la constancia expedida por el organismo de conciliación, en términos del artículo 872, apartado B. fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, de conformidad con los artículo 684-B y 684- E, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, en el que, de llegar a un arreglo armonioso, las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste; pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Por su parte, el artículo 872, apartado B, fracción I, de la legislación en comento, prevé que a la demanda deberá anexarse, entre otros documentos, la constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. Como se ve, de acuerdo con la referida reforma, las partes en conflicto se encuentran obligadas a agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial, antes de acudir a juicio ante el Tribunal del Trabajo. Por tanto, de la lectura que se hace al escrito de demanda y la constancia anexa, se advierte que la autoridad responsable únicamente expidió la constancia de haber concluido el procedimiento de conciliación prejudicial a que se refiere el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, sin que se advierta que dicha constancia limite o restrinja el derecho que tienen los aquí quejosos de acudir ante el Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues tiene expedito su derecho para acudir al Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estime pertinentes; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, sería que el mencionado tribunal de acuerdo con sus facultades, y con base en el análisis que haga de los documentos que deban anexarse al escrito de demanda, entre ellos, la constancia de referencia, determine desecha la demanda, causando una afectación a su esfera jurídica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al actualizarse la causa de improcedencia aquí analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio, por notoria y manifiesta improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto; el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable, Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento total del laudo. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. En atención a su contenido, comuníquesele a la promovente que, por el momento, no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que en auto de diez de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable antes señalada, informando que giró oficio recordatorio al Juzgado Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para que a la brevedad posible le remita el original del exhorto J2EB/2aS/865/2023, de su índice, debidamente diligenciado, en el que le solicitó llevará a cabo el requerimiento de laudo; por lo que una vez que remita el resultado de la misma, se acordará lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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