Antonio Pompa Dorado
Expediente 778/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Antonio Pompa Dorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como impresión del ocurso electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá de los mismos, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el escrito del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. No obstante se informa al promovente que el proveído que indica fue notificado a la responsable, el veinte de septiembre pasado, como se advierte del acuse respectivo. Respecto de quienes autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así lo estarán únicamente para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 778/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció la documental descrita en su escrito inicial de demanda. Al respecto se provee: Se admite y desahoga la prueba indicada, en atención a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 778/2023, promovido por ****** contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México y *****; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El accionante solicitó el amparo aduciendo violaciones a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se turnó a este órgano federal, donde se admitió el cinco de julio de dos mil veintitrés. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional. La autoridad jurisdiccional rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***** por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de veintiuno de marzo de la presente anualidad, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, dentro de la controversia del orden familiar **** por el Juez Séptimo Familiar de esta Ciudad. En su lugar, se ordenó girar oficio a la aseguradora ****, para que informara si el quejoso tiene o ha tenido ingresos derivados del seguro de separación individualizado, y en su caso retener el porcentaje de pensión alimenticia, bajo apercibimiento de multa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Sala responsable aceptó el acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural allegadas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por su parte, la aseguradora *****, omitió rendir su informe; por lo tanto, y atendiendo a su carácter de ejecutora, se tendrá por cierto el reclamo que se le formula conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. El treinta de noviembre de dos mil uno, se dictó interlocutoria en el incidente de reducción de pensión alimenticia dentro de la controversia del orden familiar de origen, para fijar la obligación alimentaria del quejoso a su hijo equivalente al 20% (veinte por ciento) de su sueldo y demás percepciones, ordinarias y extraordinarias. 2. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, el acreedor alimentario solicitó girar oficio a *****, para que informara si el peticionario tiene o ha tenido ingresos con motivo de su seguro de separación. 3. El veintiuno siguiente, el juez natural acordó desfavorable dicha pretensión. 4. Inconforme, el tercero interesado apeló y mediante sentencia de seis de junio de dos mil veintitrés, la Sala responsable modificó el proveído impugnado para en su lugar girar oficio a la aseguradora *******, imponiéndole la obligación de informar si el quejoso tiene o ha tenido ingresos del seguro de separación individualizado derivado de la relación laboral, y en su caso retener el porcentaje de pensión alimenticia, bajo apercibimiento de multa. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. La resolución reclamada es violatoria de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: a) Pretendió fundar su decisión en tesis que han sido superadas. Refiere que la jurisprudencia 2a./J. 13/2011, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Laboral, de rubro: "SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL.", fue publicada en Febrero de 2011. La tesis aislada (I Región) 6o.6 L (10a.), de la Décima Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, de rubro: "SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. AL CONSTITUIR PROPIAMENTE UN FONDO DE AHORRO, POR TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL QUE INCREMENTA EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN LA PORCIÓN APORTADA POR EL PATRÓN, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO Y, POR ENDE, DEBE CONSIDERARSE EN EL PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL.", se publicó en Abril de 2016. Y la jurisprudencia VI.2o.C. J/325 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN.", se publicó en Octubre de 2011. No obstante, la autoridad responsable omitió considerar la jurisprudencia PC.I.L. J/23 L (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuya aplicación es obligatoria a partir de Septiembre de 2016, que dice: "SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. EL MONTO ENTREGADO POR EL PATRÓN A NOMBRE DEL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO A LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS POR ESE CONCEPTO, NO FORMA PARTE DEL SUELDO O SALARIO DE ÉSTE, PARA EFECTO DE CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES A QUE TUVIERE DERECHO. Conforme al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el seguro de separación individualizado es una prestación de naturaleza laboral otorgada a los trabajadores que voluntariamente decidan incorporarse a éste; aportación que entrega directamente la dependencia o entidad a la institución de seguros correspondiente, en un monto equivalente al 2%, 4%, 5% o 10% de la percepción ordinaria bruta, por concepto de sueldos y salarios del servidor público, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo a su elección. Por ello, el monto entregado por el patrón a nombre del trabajador por ese concepto no puede considerarse como una suma adicional que deba formar parte del salario para cuantificar las prestaciones a que tuviere derecho, pues dicho beneficio tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y su seguridad económica en situaciones contingentes, ya sea en el momento de su retiro, por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público; por lo que su entrega de manera directa al trabajador como parte integrante de su salario, desnaturalizaría su propia finalidad." Conforme a dicho criterio, el monto entregado por el patrón a nombre del trabajador por concepto del seguro de separación individualizado no puede considerarse como una suma que deba formar parte del salario. b) La Sala responsable omitió considerar que conforme al artículo 16, fracción IV de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, el seguro de separación individualizado fue cancelado desde el año dos mil diecinueve; de ahí que debió ejercer su derecho en aquella fecha y no hasta ahora. El motivo de disenso b) es infundado; y el diverso a), es fundado, suplido en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto donde están involucrados derechos alimentarios. Para dar respuesta, es importante señalar que el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". Dicho lo anterior, con relación al motivo de disenso b), donde el quejoso refiere que la autoridad responsable omitió considerar que el seguro de separación individualizado se canceló desde el año dos mil diecinueve, en términos del numeral 16, fracción IV de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y por ello su contraria debió ejercer su derecho desde aquel entonces y no hasta ahora, se contesta que no le asiste la razón. Lo anterior es así, pues al margen de que constituye una afirmación respecto de la cual el quejoso omitió allegar elementos para robustecerla, lo cierto es que conforme a sus manifestaciones, el seguro de separación dejó de tener vigencia en el año dos mil diecinueve. Siendo así, en el supuesto de que el seguro se haya cancelado, esa sola circunstancia no tiene el alcance de impedirle acceder a los fondos que en su caso hubiera ahorrado durante su vigencia. Lo anterior, puesto que la finalidad de dicho seguro es fomentar el ahorro de los servidores públicos, para el momento de causar baja o separación del servicio en la dependencia o entidad en que laboren, así como disponer de un apoyo económico para atender necesidades eventuales durante su permanencia en el servicio público (siempre y cuando legalmente tengan o hubieran tenido la posibilidad de acceder a dicho seguro). En ese sentido, la cancelación del seguro de separación no genera la extinción de los recursos ahorrados por el trabajador. Tampoco le asiste la razón cuando alega que su contraparte debió formular el reclamo previo a que se cancelara el seguro, pues en principio como se dijo, esa circunstancia no produjo la extinción de los recursos que el peticionario ahorró en el tiempo que tuvo dicha prestación. Máxime que, de las constancias allegadas se advierte que la obligación alimentaria no ha sufrido alguna modificación desde el año dos mil uno, cuando se fijó por el equivalente al 20% (veinte por ciento) de su sueldo y demás percepciones, ordinarias y extraordinarias; de ahí que contrario a lo alegado por el quejoso, no pueda considerarse que su contraparte perdió el derecho a solicitar el cumplimiento de la obligación de ministrar alimentos, la cual cesa o se suspende cuando se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 320 de la legislación civil para esta ciudad. De ahí lo infundado del motivo de disenso b). Ahora bien, para dar respuesta a lo alegado en el motivo de disenso a), es importante señalar que en la resolución reclamada, la autoridad responsable sostuvo lo siguiente: - La figura denominada fondo de ahorro se conceptualiza como una gratificación extraordinaria que se entrega por la empresa al trabajador anualmente, adicionada con recursos que esta última parte aportó en ese lapso, por lo que se considera parte del salario del trabajador. - Misma situación rige respecto al seguro de separación individualizado, al formarse con base en las aportaciones tanto del trabajador como del patrón. - En su apoyo citó la jurisprudencia 2a./J. 13/2011, de rubro "SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL."; y tesis aislada (I Región) 6o.6 L (10a.), intitulada "SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. AL CONSTITUIR PROPIAMENTE UN FONDO DE AHORRO, POR TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL QUE INCREMENTA EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN LA PORCIÓN APORTADA POR EL PATRÓN, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO Y, POR ENDE, DEBE CONSIDERARSE EN EL PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL.". - Adicionalmente, refirió que el fondo de ahorro es pagado en parte por el patrón al empleado como una gratificación extraordinaria, de ahí que dicho concepto sí debe quedar comprendido en los alimentos; por su parte, el seguro de separación individualizado es una prestación laboral que se otorga a los trabajadores que voluntariamente decidan incorporarse a éste, cuyas aportaciones son deducidas directamente del salario del trabajador o funcionario, por la dependencia o entidad donde presta sus servicios, para que ésta la entregue directamente a la institución de seguros que la vaya a manejar, aportando el patrón un monto igual a nombre del trabajador. - Por ello, concluyó que los pagos hechos en efectivo por el centro laboral del deudor alimentario, por diversos conceptos entre los que destacó el seguro de separación individualizado, constituyen un ingreso directo a su patrimonio y deben considerarse para cuestiones alimentarias. - En su apoyo citó la jurisprudencia VI.2o.C. J/325 (9a.), de rubro: "ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN.". - Por último, refirió que la jurisprudencia invocada en el acuerdo primigenio, era ineficaz para desvirtuar las consideraciones de dicho fallo, pues su esencia es distinta a la materia alimentaria al referirse que el seguro de separación no forma parte del salario para cuantificar las prestaciones a que tiene derecho a recibir el trabajador en materia laboral. Dicho lo anterior, el peticionario de amparo sostiene que los criterios invocados por la Sala responsable fueron superados con la emisión de la jurisprudencia PC.I.L. J/23 L (10a.), de rubro: "SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. EL MONTO ENTREGADO POR EL PATRÓN A NOMBRE DEL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO A LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS POR ESE CONCEPTO, NO FORMA PARTE DEL SUELDO O SALARIO DE ÉSTE, PARA EFECTO DE CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES A QUE TUVIERE DERECHO." La jurisprudencia mencionada fue emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de modo que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no tiene el alcance de superar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quien no es vinculante. Ahora bien, respecto de las diversas tesis invocadas en el acto reclamado, una es un criterio donde se determinó que el Seguro de Separación Individualizado forma parte integrante del salario y por ende debe considerarse en el pago de vacaciones y prima vacacional; y el diverso es una jurisprudencia que alude a los conceptos que deben considerarse para integrar el rubro de alimentos. De ahí que contrario a lo alegado por el quejoso, no puede considerarse que la jurisprudencia que invoca haya superado los criterios invocados en el acto reclamado. No obstante lo anterior, por tratarse de un asunto donde están involucrados alimentos, lo conducente es suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II de la ley de la materia. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Siendo así, se advierte que fue incorrecta la forma en que la Sala responsable formuló el requerimiento a la empresa aseguradora, pues lo hizo de forma genérica, sin distinguir qué parte de las aportaciones del seguro de separación individualizada sí puede ser comprendida dentro del debido alimenticio. Para demostrar lo anterior, se toma en cuenta que para la pensión alimenticia deben considerarse las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VI.2o.C. J/325 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues aquélla debe establecerse con base en el salario integrado que percibe el demandado, entendiéndose por éste, no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el demandado por su trabajo en la empresa donde labora." Ahora bien, el Seguro de Separación Individualizado es una prestación de naturaleza laboral, la cual se otorga a los trabajadores que voluntariamente decidan incorporarse a éste. La aportación es entregada de manera directa por la dependencia o entidad a la institución de seguros correspondiente, en un monto equivalente al 2, 4, 5 o 10 por ciento de la percepción ordinaria bruta, por concepto de sueldos y salarios del servidor público que se incorpore al mismo, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo a su elección. La otra parte que compone dicho seguro, es la aportación que realiza el patrón a nombre del trabajador en la institución de seguros correspondiente; monto que no forma parte del sueldo o salario de los servidores públicos para efectos de cuantificar horas extras, vacaciones y cualquier otra prestación inherente al trabajo desempeñado a que tuvieran derecho, pues no le es entregada como pago por sus servicios. En efecto, dicho beneficio tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, ya sea en el momento de su retiro por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público; por lo que su entrega de manera directa al trabajador como parte integrante de su salario, desnaturalizaría su propia finalidad. Tales consideraciones fueron sostenidas por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de criterios 17/2015, cuyo contenido sí es susceptible de considerarse para determinar lo conducente, pues aún cuando se emitió por una autoridad en materia de Trabajo, se realizó un análisis sobre la naturaleza y finalidad del seguro de separación individualizado. En dicha ejecutoria, se sostuvo lo siguiente: "[.] En cambio, el seguro de separación individualizado como se señaló con antelación, es una prestación que tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, ya sea en el momento de su retiro por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público. Por tanto, atendiendo estrictamente a la finalidad del seguro de separación individualizado previsto en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias de las Entidades de la Administración Pública Federal, es inconcuso que no se les paga a cambio de la prestación de sus servicios como se establece en el citado criterio respecto del fondo de ahorro, de ahí que no sea aplicable a la prestación que se analiza en esta contradicción de tesis. En ese orden de ideas, debe concluirse que la aportación que realiza el patrón a nombre del trabajador en la institución de seguros correspondiente, por concepto de seguro de separación individualizado, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo al porcentaje de su elección, no forma parte del sueldo o salario de los servidores públicos para efectos de cuantificar horas extras, vacaciones y cualquier otra prestación inherente al trabajo desempeñado a que tuvieran derecho." De la anterior transcripción se advierte que el Seguro de Separación individualizado no constituye un pago a los servidores públicos, a cambio de la prestación de sus servicios, sino una prestación cuya finalidad es fomentar el ahorro. Aunado a ello, el Pleno en Materia de Trabajo realizó una distinción en la medida que la aportación al Seguro de Separación Individualizado se compone de dos partes, a saber: - Una que se trata del monto aportado por el trabajador, equivalente al 2, 4, 5 o 10 por ciento de la percepción ordinaria bruta, por concepto de sueldos y salarios del servidor público; y - Otra que es la aportación que realiza el patrón a nombre del trabajador en la institución de seguros correspondiente. De esta última aportación concluyó que no puede considerarse como una suma adicional que deba integrarse al salario para efecto de cuantificar las prestaciones a que tuviere derecho, pues dicho beneficio, tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, ya sea en el momento de su retiro por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorporen al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público. Conforme a lo anterior, se pueden sostener los siguientes postulados: - Para la pensión alimenticia deben considerarse entre otros, las prestaciones que recibe el trabajador como fuente de su trabajo. - El seguro de separación es un beneficio que tiene como finalidad incentivar el ahorro, y una parte de las aportaciones es efectuada por el trabajador con el porcentaje que él decida dar de sus percepciones ordinarias brutas; en tanto que la otra parte la otorga el patrón, sin que dicho monto (otorgado directamente por la entidad donde presta sus servicios, a la empresa aseguradora) forme parte de su sueldo o salario para efectos de cuantificar horas extras, vacaciones y cualquier otra prestación inherente al trabajo desempeñado. De esa forma, es dable concluir que la parte aportada por el trabajador, sí debe considerarse dentro del débito alimentario, porque proviene directamente del sueldo que recibe y que voluntariamente decide incorporar al seguro en calidad de ahorro. De esta forma, lo determinado por la Sala responsable fue incorrecto pues ordenó girar oficio a la aseguradora ****, imponiéndole la obligación de informar si el quejoso tiene o ha tenido ingresos del seguro de separación individualizado derivado de la relación laboral; y en su caso retener el porcentaje de pensión alimenticia. La primera parte (requerimiento de información) sí tiene un fin válido, que es allegarse de elementos para determinar a cuánto asciende el monto que en su caso deberá formar parte del debido alimentario. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requerimiento de retención genérico del porcentaje de pensión, pues en esa parte la autoridad responsable debió señalar expresamente que la única parte susceptible de retener por concepto de pensión alimenticia, eran las aportaciones efectuadas por el quejoso como trabajador, durante el tiempo que formó parte del seguro de separación individualizado, atendiendo a la naturaleza de dicha prestación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, para que el efecto de que la Sala responsable: 1. Deje insubsistente el acto reclamado; y 2. En su lugar, emita otra determinación donde subsista aquello que no es materia de la concesión, y en lo demás, considere que respecto del seguro de separación individualizado, sólo las aportaciones efectuadas por el trabajador forman parte del débito alimentario; 2.1 A partir de ello, modifique el auto primigenio haciendo dicha delimitación. Los términos en que se concede la protección constitucional atienden al mayor beneficio para la parte quejosa, lo cual tiene su fundamento en la jurisprudencia I.4o.A. J/83, de la Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." La protección constitucional se hace extensiva a la autoridad ejecutora, dado que no se le formuló algún reclamo por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/12, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." No se aborda el estudio de los alegatos formulados, porque no forman parte de la litis en el amparo. Sirve para apoyar lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ***** contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México y *****, precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos expresados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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