Antonio Pérez Rodríguez

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Antonio Pérez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 8-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvió el juicio de amparo 327/2020-VI-A de su índice, que dio origen al expediente de amparo 70/2021, del índice de este juzgado, del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa que no insiste en declinar la competencia planteada y procedió a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a) del referido documento normativo: Destruir el presente expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 20, del citado Acuerdo General, pues se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 8-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo 327/2020 de su índice, promovido por Antonio Pérez Rodríguez, contra actos del Juez Sexto de Distrito en la Ciudad de México, Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; al que adjunta ocho tomos de pruebas, así como original y duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo. Lo anterior, debido a que dicho Juzgado de Distrito, en proveído de dieciocho de febrero de este año, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver dicho juicio de amparo y ordenó remitirlo a este órgano de control constitucional, por considerar que es el competente para conocer del mismo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 70/2021 8-B. NO SE ACEPTA COMPETENCIA AL ESTIMAR NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE CONOCIMIENTO PREVIO EN EL PRESENTE ASUNTO Ahora, de la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el juzgado homologo, se tiene que determinó declararse legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo indirecto 327/2020 de su índice, por las razones ahí expuestas. Sin embargo, con todo respeto a la decisión del Juzgador homólogo, el suscrito no comparte su determinación, por las razones siguientes: Del contenido de la resolución que se atiende, se desprende que el Juez oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, al estimar que el acto reclamado en el juicio de amparo 327/2020 de su índice, consiste en la orden de desalojo del inmueble denominado predio rustico Santa Teresa y/o Andares del Soconusco, ubicado al Sur Oriente de esta ciudad de Tapachula, Chiapas, específicamente camino a la Pita, identificado actualmente como Colonia Tres de Marzo, respecto del cual la parte quejosa aduce ser propietario. Y el que fue materia del expediente 236/2020, de la estadística de este Juzgado Segundo de Distrito, considera se hizo consistir precisamente en la integración de una carpeta de investigación y en la orden de desalojo del inmueble denominado predio rustico Santa Teresa y/o Andares del Soconusco, ubicado al Sur Oriente de esta ciudad de Tapachula, Chiapas, específicamente camino a la Pita, identificado actualmente como Colonia Tres de Marzo. Por lo que sostiene, se trata de los mismos actos reclamados en ambos juicios, motivo por el cual determinó que se actualiza el criterio de relación previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, con el mayor de los respetos, este Juzgador estima que en la especie no se actualiza el criterio sostenido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta localidad. Lo anterior, en atención a las consideraciones siguientes: En principio, es conveniente precisar que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, prevé en su artículo 45, dos sistemas de turno mediante un sistema computarizado a saber: El primero en forma aleatoria, en cuyo caso el asunto de que se trate se distribuirá en esa forma - aleatoria- al juzgado de Distrito que corresponda conforme a una distribución equilibrada, teniendo como condición que dicho asunto no cuente con un antecedente en dicho sistema. En cambio, el segundo de los sistemas en cita se realiza en forma relacionada; esto es, si al capturarse los datos de registro del asunto de que se trate, conforme al sistema, se advierte un antecedente que lo vincule, sea por disposición expresa de la ley; por un criterio de relación general o específico o del contenido del propio sistema, entonces se turnará al órgano jurisdiccional que conoce o conoció del antecedente al que se vincula el asunto novedoso. Así, en el diverso ordinal 46 del citado Acuerdo General, se contienen los criterios generales de relación, entre los cuales se encuentran los indicados en las fracciones II y IV, que establecen:..De manera, que en términos del sistema de relación que es relevante para este caso (fracción IV), los asuntos que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad, en tanto se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o al mismo acto de autoridad, aunque las partes no sean las mismas, se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya tenido el último antecedente del asunto. Lo anterior, revela que la decisión de turnar el asunto al órgano jurisdiccional que tuvo el último antecedente, es decir, la remisión por turno del asunto de que se trate, atiende o se encuentra asociado a dos extremos a saber: a).- Evitar el dictado de sentencias contradictorias; y, b).- Utilizar las consideraciones por este juzgador por existir un antecedente; o dicho de otro modo, aprovechar el conocimiento previo del asunto por los antecedentes atendidos en el asunto anterior con el que se vincula el novedoso. En el caso, como ya se indicó, se tiene que para determinar el conocimiento previo, el Juez oficiante señala que se actualiza la hipótesis prevista en el artículos 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, por estimar que en ambos juicio de amparo se reclaman los mismos actos de molestia. Sin embargo, del análisis integral de las constancias que integran el juicio de amparo 327/2020 de su índice, se advierte que se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:.. Por su parte, los actos reclamados que dieron origen al juicio de amparo 236/2020 de la estadística de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, fueron atribuidos, en su carácter de autoridades ordenadoras al: Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; y al Titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. Y como ejecutoras: al Comandante de la Policía Especializada, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al Comandante Regional de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad; y al Delegado de Gobierno residente en este municipio. De quienes se reclamó lo siguiente:..Los cuales atribuye al Juez Sexto de Distrito en Materia Civil y al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil, ambos con sede en la Ciudad de México. Así como los atribuidos a las autoridades ejecutoras: Instituto Federal de Especialistas de Concurso Mercantiles, y Jorge Espiándola López, señalado como Síndico por el citado instituto, consistentes en: - El seguimiento dado a lo ordenado por los Jueces de Distrito señalados como ordenadores, en razón a que dicho juicio concursal se siguió en contra de sus derechos de audiencia. Y, el atribuido a la Delegación General de Gobierno de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y a la Delegación de Gobierno de la Ciudad de Tapachula, que hace consistir en - Todas das las diligencias inherentes a la recuperación del referido inmueble, derivadas de la denuncia presentada por el Banco Mercantil del Norte (Banorte) así como al desahogo de las diligencias para agotar el protocolo de desalojo del inmueble antes referido. No se actualiza la hipótesis normativa de relación en comento, dado que tales actos no fueron materia del juicio de amparo 236/2020 radicado en este órgano jurisdiccional, pues como se advierte de lo descrito en párrafos anteriores, en dicho expediente no se señaló acto alguno derivado de los expedientes 216/2014, y 415/2018, del índice de los Juzgados de Distrito señalados como responsables en el amparo que se recibe; de la misma forma, no se combatió diligencias o actos inherentes a la recuperación del inmueble que defiende la parte quejosa, que derive de la denuncia presentada por el Banco Mercantil del Norte (Banorte). Por tanto, respecto de ellos no existe un antecedente que vincule a este Juzgado para conocer de los mismos, en términos del artículo 46, fracción IV del Acuerdo General de trato. Por otra parte, en lo que respecta a los actos reclamados al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; y al Titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, residente en esta ciudad, relativo a la integración de una carpeta de investigación solicitada por Banco Mercantil del Norte (Banorte) donde se ordena el desalojo de la posesión del multireferido inmueble. Igualmente no surge a la vida jurídica el criterio de relación que refiere el Juez declinante, en atención a que no se trata del mismo acto señalado en el juicio de amparo 236/2020 radicado en este órgano jurisdiccional, toda vez que si bien se impugna una orden de desalojo respecto del mismo inmueble atribuida a las mismas autoridades responsables, sin embargo, la que se combatió en el aludido amparo 236/2020, no se indicó derivara de una denuncia presentada por la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte. Además, de las constancias del referido juicio de amparo, destacan los informes justificados rendidos por esas autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; y Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, residente en esta ciudad, del que se aprecia que ambos manifestaron que no es cierto el acto reclamado (fojas 44 a 45 y 34 del amparo 236/2020). Tal circunstancia, motivó que en sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el amparo de referencia, este Juzgado de Distrito determinara sobreseer por todas las autoridades responsables, ante la inexistencia de los actos reclamados. Además, de las constancias que integran el amparo 327/2020 que se recibe, se obtiene que también ahí las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyó, con excepción de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, quienes los aceptaron parcialmente. Informes a los que reviste el carácter de documentos públicos, como lo disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2o. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. En ese sentido, se debe decir que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia el acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a las responsables. Asimismo, es pertinente señalar que la determinación de la existencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable atañe a cuestiones fácticas, esto es, a la comprobación en autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tal autoridad, o sea, si han efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión. Luego, si los actos que se reclamaron en el amparo 236/2020 del registro de este juzgado, resultaron inexistentes; deja de tener sustento el argumento establecido por el Juzgado oficiante, en el sentido de que existe un conocimiento previo que hace precedente la relación de ambos expedientes de amparo y, por tanto, se deja de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 45, fracción II y 46, fracción IV del citado acuerdo general. Por otra parte, conviene destacar que en la especie, de igual forma no se actualiza la diversa hipótesis contenida en el numeral 46, fracción IV del Acuerdo General de mérito, consistente en que se promuevan demandas de amparo que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal. Ello, virtud a que los actos que constituyeron la materia del juicio de derechos fundamentales 236/2020 radicado en este Juzgado Federal, no se advierte deriven de un expediente administrativo, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, para hacer procedente la pretendida vinculación; pues si bien es cierto, se reclamó la integración de una carpeta de investigación en la que la parte quejosa adujo se había ordenado el desalojo de la posesión del inmueble que defiende; sin embargo, en el escrito de demanda no se advierte se haya precisado un número de carpeta de investigación en la cual se haya emitido tales actos; además, durante la sustanciación de ese procedimiento de amparo, no se advierte alguna autoridad responsable haya aceptado la existencia de tal acto y, por consecuencia, precisado el número de expediente del cual deriva. Por tanto, al no existir un número de carpeta de investigación o averiguación previa cierto y concreto de donde deriven los actos de molestia en el amparo en cuestión, resulta evidente que no puede configurarse la hipótesis normativa de que se habla, para que prospere el conocimiento previo que se plantea. En ese orden de ideas, al no existir identidad de actos reclamados en ambos juicios de amparo, ni derivar éstos de un mismo expediente, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, en estricto sentido no se materializa la vinculación que se pretende de ambos juicios y, en consecuencia, no se dan los supuestos que el Juzgado declinante manifiesta; es decir, lo previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sostener una postura distinta, implicaría prescindir de la finalidad perseguida con la remisión de los asuntos por relación, al reducirse la decisión que el juez de Distrito adopte sobre el particular, a la mera constatación de la identidad del quejoso y a la denominación que haga del acto reclamado. En esa tesitura, es claro que este juzgador en modo alguno ha emitido consideración susceptible de aprovecharse para resolver ulterior juicio de amparo en que se reclame una orden de desalojo respecto del inmueble en cuestión, y por ende, tampoco se está ante el riesgo de dictarse sentencias contradictorias. En consecuencia, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el arábigo 46 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación de cuaderno de antecedentes, devuélvase el juicio de amparo 327/2020, así como los anexos que adjunta, consistentes en ocho tomos de pruebas, así como original y duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que decida si insiste o no en declinar el conocimiento de este asunto; solicitando de la manera más atenta, que en su oportunidad envíe el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. Sin que sea el caso de ordenar la notificación personal del presente proveído a la parte promovente de amparo, en virtud de que será el Juez declinante quien hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este órgano de control constitucional. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9626229830. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de amparo, y como autorizados para los mismos efectos a los licenciados Carlos Enrique Hernández Laparra y Angel Lopez Lopez, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, en términos del punto cuarto del Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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