Antonio Pérez Martínez
Expediente 2396/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2396/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2023
Partes del expediente
- Antonio Pérez Martínez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó por su notoria e indudable improcedencia su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que suscribe el Secretario de este Juzgado Segundo de Distrito, por medio del cual en cumplimiento al proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós remite copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto 2130/2022, promovido por GUSTAVO HIGADERA PARRA en su carácter de apoderado legal de ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ, determinación de la que se advierte que con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2º, se ordenó de oficio la separación de autos, por las razones que en el mismo se exponen. Por tanto, este juzgado en el presente asunto se avoca al conocimiento únicamente del acto reclamado al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, residente en Tepic, y otra autoridad, consistente: "Del la actor.- ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ, se reclama la inejecución del laudo de fecha 20 de enero del año 2020, emitido por la autoridad señalada como responsable, en cumplimiento al amparo directo número 551/2018." Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2396/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que dé cuenta de esa circunstancia. Ahora, del análisis de esa demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo transcrito se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, conviene hacer la precisión del acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa destacó que el acto que le reclama a la autoridad responsable Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, es el siguiente: ".la inejecución del laudo de fecha 20 de enero del año 2020, emitido por la autoridad señalada como responsable, en cumplimiento al amparo directo número 551/2018. (.)" Con dicha expresión se pone de relieve que la parte quejosa, destacadamente se duele de la omisión de las autoridades responsables de ejecutar el laudo de veinte de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 447/2011. Así, para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia; previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, el suscrito considera que con relación al acto aquí reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así como la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), ambas sustentadas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. "El título quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Luego, los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ahora, de la interpretación y alcance de las tesis jurisprudenciales "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA"., se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, consideró que para el inicio y prosecución del procedimiento de ejecución forzosa de un laudo, resulta necesaria la intervención del ejecutante, ya que no se trata de una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, por lo que, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para llevar a cabo dicha ejecución, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente, al presentarse la demanda y, además, de realización incierta, en razón de que esas actuaciones se encuentran sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Esto es, ambas ejecutorias parten de la base de que en la ejecución forzosa de los laudos pronunciados conforme a la Ley Federal del Trabajo, es necesaria la intervención del ejecutante en las diversas diligencias que la integran para la continuación de esa etapa. Criterios que, en su caso, resultan aplicables por analogía a la ejecución de los laudos burocráticos, toda vez que, si bien el procedimiento de ejecución en materia burocrática y el previsto por la Ley Federal del Trabajo tienen una naturaleza jurídica distinta, ya que en términos de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial 133/2008, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", dichos procedimientos de ejecución contemplan medidas de apremio diversas a efecto de lograr el cumplimiento de los laudos, y en el procedimiento burocrático, los demandados patrones suelen ser los titulares de las dependencias e instituciones de la administración pública, y tratándose de una condena relativa a un pago líquido, el Alto Tribunal consideró que sus bienes no pueden ser embargados en términos de la Ley de Bienes Nacionales, a diferencia del procedimiento regulado por la Ley Federal del Trabajo, en donde la ejecución forzosa del laudo se realiza a través del embargo y el procedimiento de remate. Sin embargo, la afinidad del tema en cuestión radica en que tanto en el procedimiento de ejecución de los laudos, regulado por la Ley Federal del Trabajo vigente al emitirse aquellos criterios jurídicos, como en el que se rige conforme al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, corresponde a las autoridades jurisdiccionales respectivas dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para ello, requieren necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo laudo a su favor, por lo que, en tal virtud, aun cuando las referidas tesis jurisprudenciales tienen su génesis en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que el supuesto material y de hecho que regulan es el mismo que acontece en el Estatuto, por lo tanto en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo previsto por la ley laboral, como en el contemplado por el Estatuto, es indispensable la intervención del ejecutante para el inicio y prosecución de dicha etapa. Por tanto, al existir identidad esencial en los supuestos fácticos que regulan, es válido concluir que los referidos criterios puedan aplicarse por analogía al procedimiento de ejecución de laudo previsto por el Estatuto aplicable al caso justiciable. Por lo que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama genéricamente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, la omisión de ejecutar el laudo de veinte de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio 447/2011 de su índice, en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor, como en el presente caso se promovió; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver la queja 335/2020. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la presente demanda, respecto del acto reclamado a que se ha aludido con antelación. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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