Antonio Peregrino Estolano Cárdenas

Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
807/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Antonio Peregrino Estolano Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán desglosados. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la actualización de una causa de improcedencia, por un acto, y de sobreseimiento por otro, por tanto, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: a) De la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, la omisión de señalar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro de los autos del expediente laboral 627/2019 JE1; y, b) Del actuario adscrito a dicha junta, la omisión de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, dentro del referido expediente laboral. Ahora bien, en relación con el inciso a) se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio enviado por la Junta responsable, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: " CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, las autoridades responsables aceptan la existencia del acto que se les atribuye. En efecto, por lo que refiere a la autoridad que a este apartado interesa, este informó que el diez de enero de dos mil veite, el actuario adscrito a la Junta responsable, hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento a las diversas demandadas Seguridad Privada Total Pro, sociedad anónima de capital variable y Tufesa, Sociedad anónima de capital variable; por lo que, refiere, dictó un auto - el cinco de febrero de dos mil veinte- en el que se ordenó requerir a la parte actora aquí quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, dijo, por un error involuntario omitió realizar la citada notificación. Luego, sostuvo, que por auto de trece de julio de dos mil veintidós, corrigió el procedimiento y requirió de nueva cuenta a la parte actora -aquí quejosa-, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, o aclarara, precisara o proporcionara nuevo domicilio para estar en condiciones de realizar las diligencias de emplazamiento; asimismo, determinó que hasta en tanto no se cumpliera con dicho requerimiento, se señalaría fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. Posteriormente, informó, que por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, señaló hora y fecha trece horas con trece minutos del día catorce de septiembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; y, comisionó al actuario de su adscripción para efectos de que se constituyera en el domicilio proporcionado por la parte actora para efectos de que llevara a cabo el emplazamiento a juicio de las demandadas en cuestión. Acreditando lo anterior, con las diversas constancias que integran el juicio laboral 627/2019 JE1, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo quince de junio de dos mil veintidós, existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda; pues ante el requerimiento que se le impuso a la parte actora, la Junta responsable se había reservado señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Laboral. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado - omisión de señalar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo -, sin embargo, la Junta responsable por auto de quince de agosto del año en curso, señaló hora y fecha -trece horas con treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil veintidós-, para la celebración de la audiencia en cuestión. De ahí, que con tal actuación efectuada por la responsable, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por otro lado, por lo que refiere al inciso b) se acuerda lo siguiente: Inexistencia del acto reclamado. Con respecto al acto reclamado que aquí se analiza consistente en la omisión del actuario adscrito a la Junta responsable de notificar y emplazar a juicio a los demandados dentro del expediente laboral 627/2019 JE1, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el quince de junio de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias que remitió la Junta responsable, las cuales fueron valoradas en los párrafos que preceden, se advierte claramente, primero, que el diez de enero de dos mil veite, el actuario adscrito a la Junta responsable, hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento a las diversas demandadas Seguridad Privada Total Pro, sociedad anónima de capital variable y Tufesa, Sociedad anónima de capital variable. Asimismo, se advierte del informe justificado, que la Junta manifestó que por auto de cinco de febrero de dos mil veinte, ordenó requerir a la parte actora -aquí quejosa-, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, refiere, que por un error involuntario se omitió realizar la notificación correspondiente; y, ante tal circunstancia, dictó un nuevo auto -de trece de julio de dos mil veintidós-, en el que se corrigió el procedimiento y requirió de nueva cuenta a la parte actora -aquí quejosa-, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, o aclarara, precisara o proporcionara nuevo domicilio para estar en condiciones de realizar las diligencias de emplazamiento. De lo anterior se observa que a la data de presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa - el quince de junio de dos mil veintidós-, no existía el acto reclamado por la parte quejosa, pues desde el diez de enero de dos mil veinte, el actuario responsable, ya había realizado lo conducente, en cuanto a sus facultades refiere para emplazar a la contraparte del expediente de origen, pues en aquella fecha levantó constancia respecto a la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el referido emplazamiento. Además, cabe destacar que del auto de trece de julio de dos mil veintidós dictado por el presidente de la Junta responsable en el cual corrigió el procedimiento, se advierte que se encontraba pendiente de que la parte actora aquí quejosa, cumpliera con el requerimiento decretado en auto de cinco de febrero de dos mil veinte; de ahí que el Actuario responsable no puede incurrir en la omisión que se le atribuye, pues la autoridad ordenadora aún no lo había encomendado por las consideraciones expuestas en dicho acuerdo. Por ende, es evidente que el reclamo constitucional resultó inexistente y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja Por todo lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos por la actualización de una causa de improcedencia, por un acto, y una sobreseimiento por otro. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a las diez horas con veinte minutos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta presentado por la presidenta y el actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele dando cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de agosto del año en curso; remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas; dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento a los autos el oficio firmado por la presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, toda vez que el ocho de agosto del año en curso, se recibió oficio con idéntico contenido, y el nueve siguiente se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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