Antonio Peña Ortega
Expediente 1482/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 47 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Antonio Peña Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 48471/2019-II, de cinco de noviembre del año en curso (fojas 333 y 334), a través del cual le fueron devueltas las copias certificadas relativas al expediente 1399/1993 de su índice, en cuatro tomos; consecuentemente, agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el ocho y dieciséis de agosto del año actual (fojas 310 a 313 y 317 a 320), la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de agosto de la presente anualidad (foja 321), se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar en el presente juicio de amparo el uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 176 a 193), se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Antonio Peña Ortega. Inconforme con dicha resolución, la parte agraviada por conducto de su autorizada interpuso recurso de revisión contra la misma (foja 230); luego, por ejecutoria emitida el veintisiete de junio del año actual, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 450/2018 (fojas 274 a 304), fue revocada y en su lugar concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: " [.] Al resultar fundado el concepto de violación a análisis, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en Tepic, Nayarit, deje insubsistente el auto de once de septiembre de dos mil quince, en el que ordenó la escrituración de los bienes adjudicados, asimismo deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha, y una vez hecho lo anterior, emita un acuerdo en el ordene se remita testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que proceda a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete [.]". De lo antes transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con el fallo protector, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente el auto de once de septiembre de dos mil quince, en el que ordenó la escrituración de los bienes adjudicados. 2. Dejar sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha. 2. Emitir un acuerdo en el ordene se remita testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que proceda a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete. En ese orden de ideas, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, mediante oficios y anexos presentados el ocho y dieciséis de agosto del año actual (fojas 310 a 313 y 317 a 320), manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió en copia certificada el auto de siete de agosto del año en curso, dictado en el expediente mercantil 1399/1993 de su índice, del que se aprecia que dejó sin efecto legal alguno el auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, en el que se ordenó la escrituración de los bienes adjudicados en dicho juicio y dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha; asimismo, ordenó remitir de nueva cuenta testimonio autorizado de los autos originales al Notario Público suplente número Nueve de la Primera Demarcación Territorial para que procediera a realizar la hijuela de adjudicación correspondiente a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, aquí tercer interesado, por lo que atañe al cincuenta por ciento de los bienes inmuebles propiedad de la parte demandada María Ángela Ortega de Castro y el cien por ciento en lo que corresponde a la codemandada Irene Ortega Rosales, en el setenta y cinco por ciento del precio fijado por el perito, menos el veinticinco por ciento por tratarse del cincuenta por ciento de la propiedad de la demandada María Ángela Ortega de Castro; lo anterior, consistente en dos lotes urbanos ubicados en calle Prolongación Sabino, identificado como el predio uno, en la colonia Ampliación Cuahutémoc, en esta ciudad, con una extensión superficial de 902.00 metros cuadrados y el siguiente lote de terreno ubicado en calle Prolongación Sabino, identificado como predio dos, en la colonia Cuahutémoc, con una extensión superficial de 262.00 metros cuadrados De igual manera, por diverso libelo recibido en el este Juzgado el dieciséis de agosto del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de trece de agosto de la anualidad que transcurre, a través del cual se observa que giró oficio al Notario Público suplente número Nueve de la Primera Demarcación Territorial a efecto de que procediera a realizar la hijuela de adjudicación correspondiente a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, en los términos precisados en el auto de siete de agosto antes referido; para lo cual acompañó copia de dicha constancia, del que se aprecia que lo anterior le fue notificado el catorce de agosto siguiente, anexándole copia certificada de todo lo actuado. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso Antonio Peña Ortega, en su escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de agosto de la citada anualidad (fojas 324 y 325), manifieste que el oficio 1101/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por la responsable Juez Segundo de lo Mercantil no es acorde con lo resuelto en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, por no señalar que se refiere al setenta y cinco por ciento de los bienes adjudicados, y sin que se haya realizado la subdivisión de los lotes de terreno antes descritos, por lo que existe imposibilidad para darle cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto no se realice la subdivisión de los predios en cuestión. En consecuencia, dígasele que se tiene por formulada su manifestación y deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, pues el núcleo esencial de la ejecutoria se encuentra cumplida, en la medida que la autoridad responsable informó que dejó insubsistente el acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha y emitió un nuevo acuerdo en el que ordenó remitir testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que procediera a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete. Por lo tanto, las manifestaciones que realiza el quejoso, en esencia, de que no es jurídicamente posible para el notario determinar qué parte de la propiedad le corresponderá al actor por el setenta y cinco por ciento del total de la propiedad y sin que se haya realizado la subdivisión de los lotes de terreno antes descritos, por lo que considera que existe imposibilidad para darle cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto no se realice la subdivisión de los predios en cuestión; al respecto dígasele que eso no fue materia de la concesión, en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues no obstante que esta autoridad federal negó el amparo en el presente juicio, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa revocó dicha sentencia y CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Asimismo, con sustento en los Apartados Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 30 a 33 y 51 a 55, del cuaderno original); motivo por el cual deberán conservarse la demanda de garantías y las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por consiguiente, déjense por separado los cuadernos incidentales respectivos, en el entendido de que el original es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de conformidad con el Acuerdo en cita, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Asimismo, en el cuaderno original del incidente de suspensión se advierte que el quejoso exhibió certificado de depósito N 806563, valioso por la cantidad de $5,000.00 (foja 46 del cuaderno original del incidente de suspensión), para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida; en consecuencia, al no ser necesaria la retención de dicho documento de valor, infórmesele lo anterior, a efecto de que comparezca debidamente identificado a solicitar su devolución, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo de dos años previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Fisco Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente 1399/1993 de su índice, en tres tomos, así como de los documentos base de la acción, en un tomo, que remitió para el estudio del acto reclamado (foja 50), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el ocho y dieciséis de agosto del año actual (fojas 310 a 313 y 317 a 320), la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de agosto de la presente anualidad (foja 321), se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar en el presente juicio de amparo el uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 176 a 193), se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Antonio Peña Ortega. Inconforme con dicha resolución, la parte agraviada por conducto de su autorizada interpuso recurso de revisión contra la misma (foja 230); luego, por ejecutoria emitida el veintisiete de junio del año actual, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 450/2018 (fojas 274 a 304), fue revocada y en su lugar concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: " [.] Al resultar fundado el concepto de violación a análisis, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en Tepic, Nayarit, deje insubsistente el auto de once de septiembre de dos mil quince, en el que ordenó la escrituración de los bienes adjudicados, asimismo deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha, y una vez hecho lo anterior, emita un acuerdo en el ordene se remita testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que proceda a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete [.]". De lo antes transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con el fallo protector, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente el auto de once de septiembre de dos mil quince, en el que ordenó la escrituración de los bienes adjudicados. 2. Dejar sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha. 2. Emitir un acuerdo en el ordene se remita testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que proceda a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete. En ese orden de ideas, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, mediante oficios y anexos presentados el ocho y dieciséis de agosto del año actual (fojas 310 a 313 y 317 a 320), manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió en copia certificada el auto de siete de agosto del año en curso, dictado en el expediente mercantil 1399/1993 de su índice, del que se aprecia que dejó sin efecto legal alguno el auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, en el que se ordenó la escrituración de los bienes adjudicados en dicho juicio y dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha; asimismo, ordenó remitir de nueva cuenta testimonio autorizado de los autos originales al Notario Público suplente número Nueve de la Primera Demarcación Territorial para que procediera a realizar la hijuela de adjudicación correspondiente a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, aquí tercer interesado, por lo que atañe al cincuenta por ciento de los bienes inmuebles propiedad de la parte demandada María Ángela Ortega de Castro y el cien por ciento en lo que corresponde a la codemandada Irene Ortega Rosales, en el setenta y cinco por ciento del precio fijado por el perito, menos el veinticinco por ciento por tratarse del cincuenta por ciento de la propiedad de la demandada María Ángela Ortega de Castro; lo anterior, consistente en dos lotes urbanos ubicados en calle Prolongación Sabino, identificado como el predio uno, en la colonia Ampliación Cuahutémoc, en esta ciudad, con una extensión superficial de 902.00 metros cuadrados y el siguiente lote de terreno ubicado en calle Prolongación Sabino, identificado como predio dos, en la colonia Cuahutémoc, con una extensión superficial de 262.00 metros cuadrados De igual manera, por diverso libelo recibido en el este Juzgado el dieciséis de agosto del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de trece de agosto de la anualidad que transcurre, a través del cual se observa que giró oficio al Notario Público suplente número Nueve de la Primera Demarcación Territorial a efecto de que procediera a realizar la hijuela de adjudicación correspondiente a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, en los términos precisados en el auto de siete de agosto antes referido; para lo cual acompañó copia de dicha constancia, del que se aprecia que lo anterior le fue notificado el catorce de agosto siguiente, anexándole copia certificada de todo lo actuado. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso Antonio Peña Ortega, en su escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de agosto de la citada anualidad (fojas 324 y 325), manifieste que el oficio 1101/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por la responsable Juez Segundo de lo Mercantil no es acorde con lo resuelto en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, por no señalar que se refiere al setenta y cinco por ciento de los bienes adjudicados, y sin que se haya realizado la subdivisión de los lotes de terreno antes descritos, por lo que existe imposibilidad para darle cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto no se realice la subdivisión de los predios en cuestión. En consecuencia, dígasele que se tiene por formulada su manifestación y deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, pues el núcleo esencial de la ejecutoria se encuentra cumplida, en la medida que la autoridad responsable informó que dejó insubsistente el acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia con posterioridad a dicha fecha y emitió un nuevo acuerdo en el que ordenó remitir testimonio autorizado de los autos originales del juicio civil hipotecario de origen al notario público correspondiente, para que procediera a realizar la hijuela de adjudicación a favor del actor Clemente Julián Bobadilla Bernal, respecto de los bienes inmuebles correspondientes a los dos lotes urbanos en términos de la adjudicación de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete. Por lo tanto, las manifestaciones que realiza el quejoso, en esencia, de que no es jurídicamente posible para el notario determinar qué parte de la propiedad le corresponderá al actor por el setenta y cinco por ciento del total de la propiedad y sin que se haya realizado la subdivisión de los lotes de terreno antes descritos, por lo que considera que existe imposibilidad para darle cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto no se realice la subdivisión de los predios en cuestión; al respecto dígasele que eso no fue materia de la concesión, en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues no obstante que esta autoridad federal negó el amparo en el presente juicio, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa revocó dicha sentencia y CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Asimismo, con sustento en los Apartados Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 30 a 33 y 51 a 55, del cuaderno original); motivo por el cual deberán conservarse la demanda de garantías y las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por consiguiente, déjense por separado los cuadernos incidentales respectivos, en el entendido de que el original es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de conformidad con el Acuerdo en cita, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Asimismo, en el cuaderno original del incidente de suspensión se advierte que el quejoso exhibió certificado de depósito N 806563, valioso por la cantidad de $5,000.00 (foja 46 del cuaderno original del incidente de suspensión), para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida; en consecuencia, al no ser necesaria la retención de dicho documento de valor, infórmesele lo anterior, a efecto de que comparezca debidamente identificado a solicitar su devolución, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo de dos años previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Fisco Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente 1399/1993 de su índice, en tres tomos, así como de los documentos base de la acción, en un tomo, que remitió para el estudio del acto reclamado (foja 50), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el libelo suscrito por el quejoso **, mediante el cual formula manifestaciones en torno al cumplimiento que realiza la autoridad responsable del fallo protector; consecuentemente, agréguese el ocurso de cuenta para que obre como corresponda, en el entendido de que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. **
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