Antonio Peña Lomelí
Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Antonio Peña Lomelí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 7-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja 262/2022, de su índice, interpuesto por ***, así como las copias certificadas del expediente en que se actúa. Acúsese recibo vía interconexión; para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Asimismo, se ordena la destrucción del cuaderno remitido por la superioridad formado con motivo del recurso interpuesto, toda vez que se remitieron copias certificadas para la substanciación del recurso correspondiente, a fin de evitar la duplicidad de constancias innecesarias, únicamente costúrense las constancias originales. Ahora bien, el Tribunal de Alzada en ejecutoria de veintisiete de enero de dos mil veintidós, resolvió: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 537/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, del Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social; del coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; del Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 15 "CPS" Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, consistente en la omisión de proporcionar la atención médica adecuada y su ejecución.". En tal virtud; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, hágase del conocimiento a Antonio Peña Lomelí, la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copias del mismo. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, en esencia, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Antonio Peña Lomeli, mismo que quedó registrado como recurso de queja 262/2021. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Sin que sea el caso, hacer del conocimiento del peticionario la presente determinación, en virtud de que por auto de veinticinco de noviembre del presente año, el tribunal de alzada ordenó notificarle dicha circunstancia de manera personal.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 1. RECEPCIÓN DE CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la notificación personal de doce de noviembre de dos mil veintiuno, a través de la cual se da conocimiento al quejoso Antonio Peña Lomelí del auto de diez del presente mes y año, de la que se advierte realiza las siguientes manifestaciones: "interpongo recurso de queja en contra del auto que se me notifica, ya que al desechar mi demanda de amparo indebidamente se me niega el acceso a la Justicia y a la tutela jurisdiccional, solicitando se supla en su favor la deficienciencia o ausencia de los agravios." 2. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; consecuentemente, remítase inmediatamente copia certificada del presente juicio, así como original y copia de la notificación realizada al quejoso Antonio Peña Lomelí del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, por conducto de la oficina de correspondencia común de dichos órganos colegiados, para la substanciación del medio de impugnación referido. 3. INFORME DE QUEJA. De conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. 4. VISTA PARA INDICAR ACTUACIONES. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que se debe remitir copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. 5. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE. La oficial encargada del SISE deberá proceder a la vinculación del expediente electrónico del presente expediente a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen", con el fin de que esté disponible para consulta del Tribunal Colegiado. 6. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Hágase del conocimiento a Antonio Peña Lomelí, la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copias del mismo.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la notificación personal practicada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, al Defensor Público Federal ********************, en la que manifiesta que acepta y protesta el cargo de defensor del quejoso ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase a ******************** como autorizado en términos amplios del quejoso ********************. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra garantizado en el presente juicio; para tal efecto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido el referido quejoso, a efecto de: a) Notificarle el contenido íntegro del presente proveído; y, b) Previa razón que levante, proporcione al quejoso copia certificada electrónicamente del acuerdo de referencia, para que surta los efectos legales conducentes. En ese tenor, visto el estado de los autos se advierte que en proveído de nueve de noviembre del año en curso, se tuvo por recibida la constancia de notificación practicada al quejoso, por medio de la cual, realiza manifestaciones con relación a la prevención realizada en auto de veintinueve de octubre del año en curso y se reservó a proveer hasta en tanto el proteste el cargo de Defensor del quejoso de mérito; lo que aconteció en párrafos que anteceden, en ese sentido, se levanta la reserva ordenada y este juzgador se avoca a acordar en relación al desahogo de la prevención realizada. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XX de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 113 y 112 de la legislación de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, en razón de su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable por su parte, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 196196, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, el suscrito juzgador advierte de oficio, que contra el citado acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con base a las razones que a continuación se exponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese sentido, es pertinente señalar que, contra los actos reclamados descritos, procede un medio de defensa a través del cual los mismos pueden ser modificados, revocados o nulificados; de ahí que se surta la causal de improcedencia antes prevista. Ahora bien, en el precepto legal transcrito se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la citada legislación penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la libertad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que las actuaciones reclamadas en estudio, se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales desde luego, se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, y por ende, lo relativo a la omisión de darle la atención médica para sus padecimientos, como interno en el Centro Federal de Readaptación Social número "15 CPS-CHIAPAS", se encuentra dentro de las mismas. Ahora bien, a continuación, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, su arábigo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad. Del contenido de dichos ordinales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, peticiones o quejas por escrito y visitas entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión que refiere de darle respuesta a sus solicitudes. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Sin que sea óbice para este juzgador, que del escrito de demanda se advierte que el quejoso promovió controversia ********************2021 ante el Juez de Distrito en función de Juez de Ejecución, misma que fue desechada, sin embargo, de igual manera, también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en: la omisión de darle la atención médica para sus padecimientos; lo anterior, en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las relativas a condiciones de internamiento; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia XXIV.1o.5 P (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en la página 1795, Tomo III. Libro 79, octubre de dos mil veinte, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022265, que estatuye: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN RELACIONADA CON AQUÉLLAS, NO SÓLO VULNERA EL DERECHO DE PETICIÓN, SINO TAMBIÉN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL QUEJOSO DEBE IMPUGNARLA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La omisión de la autoridad penitenciaria de dar respuesta a un escrito de petición, del cual se advierte que el quejoso reclama cuestiones inherentes a las condiciones de su internamiento, no sólo vulnera el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, ante la falta de respuesta, el artículo 114 de la ley citada prevé el procedimiento a través del cual puede ser impugnada ante el Juez de Ejecución Penal, por lo que, en atención al principio de definitividad, el quejoso está obligado a agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto." Y la jurisprudencia 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 230, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018548, de texto y rubro siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Asimismo, cobra aplicación al respecto, la tesis I.6o.P.133 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645, registro 2018918, que a la letra dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa haya agotado el recurso previsto en el artículo 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades jurisdiccionales se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en el dispositivo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, por conducto del actuario de la adscripción, notifíquese personalmente este proveído al quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince, CPS CHIAPAS, que se ubica en la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- Antonia Cruz Sanchez1699/2022
- Antonio de Jesús Ramos Prado761/2023
- Antonio Gabriel Espinosa Borrales1071/2023
- Antonio Garcia Estrada y Otros.317/2022
- Antonio López Teillagorris639/2023
- Antonio Mina Morales15/2021
- Antonio Pérez Rodríguez482/2023
- Antonio Soto Chavez1548/2022
- Anyuli Grasibel Valle Valle y Otros.930/2023
- Apolinaria Lopez Ramos48/2022
- Arabey Gutierrez Sandoval1099/2023
- Araceli Bravo Ayala680/2021