Antonio Pastrana Sánchez

Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
637/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Antonio Pastrana Sánchez
  • Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por ********************, mediante el cual refiere interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene al autorizado parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución definitiva dictada en autos; por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios; en consecuencia, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto a las partes, en su oportunidad, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN MATERIA CIVIL, con residencia en esta ciudad, en los tres días siguientes el original del escrito, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 89 de la Ley de Amparo: Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con las constancias correspondientes y remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del escrito aludido, destinada para el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN adscrito a ese órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial elaborada por el fedatario judicial adscrito a este Órgano Constitucional, en la cual hace constar la imposibilidad para notificar al tercero interesado BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER la resolución de uno de agosto del año en curso, por las razones y motivos que ahí expone; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal, la resolución aludida, el presente proveído, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2125/2019 de esa fecha), ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. En cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonio Pastrana Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Director General de Seguridad Pública, Tránsito, Mando Único del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ".se reclama la inconstitucional resolución de fecha 08 de mayo del 2019, por medio de la cual la responsable ha ORDENADO que se ponga en inmediata posesión a la parte actora (hoy tercero perjudicado) respecto del bien inmueble adjudicado en remate, predio identificado como .casa número veintiséis del condominio Horizontal denominado Residencial Chulavista, de la calle J.H. Preciado número noventa y uno actualmente ciento ocho, de la Colonia San Antón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. autorizando para tales efectos el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras.". SEGUNDO. El quince de mayo de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo y radicó el asunto con el número de expediente 637/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 35/2015-2, por medio del cual se ordena poner en posesión del actor respecto del inmueble ubicado en el número veintiséis del condominio Horizontal denominado Residencial Chulavista, de la calle J.H. Preciado número noventa y uno actualmente ciento ocho, de la Colonia San Antón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexo al mismo, las cuales son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y encargado de Despacho de la Dirección de la Policía Vial, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dada su naturaleza de autoridades ejecutoras y en razón de que la ordenadora aceptó su existencia, es claro que en cualquier momento posterior a la rendición de su informe justificado pueden recibirla orden para su ejecución, por tanto, se tiene por ciertos los actos que se les atribuyen. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado en este juicio de amparo deriva de otro consentido. Es oportuno destacar que el contenido de los numerales indicados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El criterio que se considera que se actualiza en la especie fue emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Primera Parte, página doce, que reza: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido deben satisfacerse los siguientes elementos: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar del acto consentido expresa o tácitamente. Sirve de apoyo a lo precedente la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, es ilustrativa la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página nueve, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Con la finalidad de justificar lo anterior se estima oportuno destacar los antecedentes del acto controvertido en este juicio de derechos fundamentales, los cuales se relatan a continuación: Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demando en la vía especial hipotecaria al hoy quejoso Antonio Pastrana Sánchez, diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número 35/2015. El seis de febrero de dos mil quince, el Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió la demanda en la Especial Hipotecaria, ordenando emplazar y correr traslado a Antonio Pastrana Sánchez, para que compareciera a su contestación. Por auto de doce de mayo de dos mil quince, se tuvo por acusada la rebeldía y por perdido el derecho del demandado, al no haber dado contestación a la demanda incoada en su contra dentro del plazo concedido para ello; se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le hicieran mediante boletín judicial y se citó a las partes para oír sentencia. El diecinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en el que se condenó al hoy quejoso al pago. El nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos del juicio natural. El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo el remate en primera almoneda y dada la incomparecencia del demandado, y previa solicitud del actor, se declaró fincado el remate en primera almoneda, poniendo los autos a la vista para la resolución de mérito. Mediante resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de origen 35/2015, se aprobó el remate en primera almoneda y se adjudicó libre de todo gravamen a favor de la parte actora el inmueble materia del juicio natural; en esa misma resolución se requirió al demandado su comparecencia para la firma de la protocolización de las actuaciones judiciales, con el apercibimiento que de no hacerlo lo haría el Juez de origen en su rebeldía. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución de aprobación del remate en primera almoneda, elevándose a categoría de cosa juzgada. Por auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen, se ordenó remitir los autos a la Notaría a efecto de proceder a tirar la escritura a favor de la actora, en la inteligencia que el titular firmaría en rebeldía de la demandada. Mediante auto de siete de enero de dos mil diecinueve, el Juez señalado como responsable tuvo por recibidos los autos del expediente principal 35/2015-2, donde el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hizo del conocimiento de la formalización de la escritura 315,876, de tres de diciembre de dos mil dieciocho. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, el hoy quejoso interpuso ante el juez de origen incidente de nulidad de actuaciones a partir de la protocolización de la escritura número 315,876, Volumen 12,316 de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, y actuaciones subsiguientes. El quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió el incidente de nulidad planteado, ordenándose dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; vista que tuvo por desahogada la autoridad de origen por auto de veinticuatro de enero del presente año. El treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución interlocutoria respecto del incidente de nulidad de actuaciones descrito en párrafos precedentes, en el que el Juzgado Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Antonio Pastrana Sánchez, quedando susbsistentes las actuaciones que se pretendía nulificar. Por escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, José Gregorio Viveros Castillo, abogado patrono de la parte demandada en el natural, interpuso recurso de queja, contra la interlocutoria de treinta de enero de la presente anualidad. El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó resolución en el toca civil 135/19-16, formado con motivo del recurso de queja, interpuesto por la demandada dentro del juicio especial hipotecario 35/15, por la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de enero de dos mil diecinueve. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ordenó turnar los autos al Actuario de la adscripción para efectos de requerir al demandado aquí quejoso la desocupación del inmueble materia de los actos reclamados. El anterior oficio constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales. Ahora, es inconcuso que el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio natural 35/2015, que constituye el acto reclamado en el presente asunto es un acto derivado de otro consentido, particularmente de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de origen 35/2015, que aprobó el remate en primera almoneda y adjudicó libre de todo gravamen a favor de la parte actora el inmueble materia del juicio natural citado, la que quedó firme el uno de diciembre de ese propio año, elevándose a categoría de cosa juzgada. Esto es, el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, sólo constituye la ejecución de la resolución de adjudicación e incluso en la misma se hizo requerimiento al hoy quejoso para su presentación ante la Notaría para efectos de la firma de la protocolización correspondiente; por lo tanto, se afirma que el acto aquí impugnado es un acto derivado de consentido. En ese contexto, si el peticionario del amparo no se inconformó oportunamente en contra la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que aprobó el remate en primera almoneda y adjudicó el bien inmueble materia de los actos reclamados, tal circunstancia hace evidente que el quejoso aceptó tácitamente su contenido, y por tanto el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve que orden poner en posesión del actor (que constituye el acto reclamado en este juicio), en razón de que lo decidido en este último deriva de lo establecido en el primero. Es decir, el hecho de que el solicitante de la protección federal no haya impugnado en su momento la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la que incluso causo ejecutoria el uno de diciembre de ese mismo año, implica que consintió tal determinación y, como consecuencia de ello, el proveído que ahora combate se torna como un acto derivado de otro consentido, al ser consecuencia directa de aquél. En ese orden, si una vez consentido el acto la autoridad jurisdiccional posteriormente realiza otro que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, sin que existan pretensiones por vicios propios (como acontece en la especie), entonces el juicio de amparo se torna improcedente, en tanto que atiende a una cuestión lógica de respeto a la secuencia procesal, ya que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. Máxime que de la lectura de sus conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa se inconforme respecto de actuaciones emitidas entre las determinaciones de la autoridad señalada como responsable del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, el acto de la aprobación del remate y la adjudicación, y la diversa aquí reclamada consistente en la orden de entrega del inmueble materia del juicio de origen. Sin que pase desapercibido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la determinación de adjudicación y/o entrega del inmueble; sin embargo, en el caso, como ya se dijo, los motivos de inconformidad descansan en la forma en que se resolvió la interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, de aprobación del remate en primera almoneda y adjudicación, de ahí que haya consentido la misma. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada por los numerales 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo lo que procede es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE AMPARO DE FECHA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonio Pastrana Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Director General de Seguridad Pública, Tránsito, Mando Único del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ".se reclama la inconstitucional resolución de fecha 08 de mayo del 2019, por medio de la cual la responsable ha ORDENADO que se ponga en inmediata posesión a la parte actora (hoy tercero perjudicado) respecto del bien inmueble adjudicado en remate, predio identificado como .casa número veintiséis del condominio Horizontal denominado Residencial Chulavista, de la calle J.H. Preciado número noventa y uno actualmente ciento ocho, de la Colonia San Antón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. autorizando para tales efectos el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras.". SEGUNDO. El quince de mayo de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo y radicó el asunto con el número de expediente 637/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 35/2015-2, por medio del cual se ordena poner en posesión del actor respecto del inmueble ubicado en el número veintiséis del condominio Horizontal denominado Residencial Chulavista, de la calle J.H. Preciado número noventa y uno actualmente ciento ocho, de la Colonia San Antón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexo al mismo, las cuales son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y encargado de Despacho de la Dirección de la Policía Vial, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dada su naturaleza de autoridades ejecutoras y en razón de que la ordenadora aceptó su existencia, es claro que en cualquier momento posterior a la rendición de su informe justificado pueden recibirla orden para su ejecución, por tanto, se tiene por ciertos los actos que se les atribuyen. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado en este juicio de amparo deriva de otro consentido. Es oportuno destacar que el contenido de los numerales indicados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El criterio que se considera que se actualiza en la especie fue emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Primera Parte, página doce, que reza: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido deben satisfacerse los siguientes elementos: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar del acto consentido expresa o tácitamente. Sirve de apoyo a lo precedente la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, es ilustrativa la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página nueve, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Con la finalidad de justificar lo anterior se estima oportuno destacar los antecedentes del acto controvertido en este juicio de derechos fundamentales, los cuales se relatan a continuación: Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demando en la vía especial hipotecaria al hoy quejoso Antonio Pastrana Sánchez, diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número 35/2015. El seis de febrero de dos mil quince, el Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió la demanda en la Especial Hipotecaria, ordenando emplazar y correr traslado a Antonio Pastrana Sánchez, para que compareciera a su contestación. Por auto de doce de mayo de dos mil quince, se tuvo por acusada la rebeldía y por perdido el derecho del demandado, al no haber dado contestación a la demanda incoada en su contra dentro del plazo concedido para ello; se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le hicieran mediante boletín judicial y se citó a las partes para oír sentencia. El diecinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en el que se condenó al hoy quejoso al pago. El nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos del juicio natural. El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo el remate en primera almoneda y dada la incomparecencia del demandado, y previa solicitud del actor, se declaró fincado el remate en primera almoneda, poniendo los autos a la vista para la resolución de mérito. Mediante resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de origen 35/2015, se aprobó el remate en primera almoneda y se adjudicó libre de todo gravamen a favor de la parte actora el inmueble materia del juicio natural; en esa misma resolución se requirió al demandado su comparecencia para la firma de la protocolización de las actuaciones judiciales, con el apercibimiento que de no hacerlo lo haría el Juez de origen en su rebeldía. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución de aprobación del remate en primera almoneda, elevándose a categoría de cosa juzgada. Por auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen, se ordenó remitir los autos a la Notaría a efecto de proceder a tirar la escritura a favor de la actora, en la inteligencia que el titular firmaría en rebeldía de la demandada. Mediante auto de siete de enero de dos mil diecinueve, el Juez señalado como responsable tuvo por recibidos los autos del expediente principal 35/2015-2, donde el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hizo del conocimiento de la formalización de la escritura 315,876, de tres de diciembre de dos mil dieciocho. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, el hoy quejoso interpuso ante el juez de origen incidente de nulidad de actuaciones a partir de la protocolización de la escritura número 315,876, Volumen 12,316 de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, y actuaciones subsiguientes. El quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió el incidente de nulidad planteado, ordenándose dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; vista que tuvo por desahogada la autoridad de origen por auto de veinticuatro de enero del presente año. El treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución interlocutoria respecto del incidente de nulidad de actuaciones descrito en párrafos precedentes, en el que el Juzgado Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Antonio Pastrana Sánchez, quedando susbsistentes las actuaciones que se pretendía nulificar. Por escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, José Gregorio Viveros Castillo, abogado patrono de la parte demandada en el natural, interpuso recurso de queja, contra la interlocutoria de treinta de enero de la presente anualidad. El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó resolución en el toca civil 135/19-16, formado con motivo del recurso de queja, interpuesto por la demandada dentro del juicio especial hipotecario 35/15, por la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de enero de dos mil diecinueve. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ordenó turnar los autos al Actuario de la adscripción para efectos de requerir al demandado aquí quejoso la desocupación del inmueble materia de los actos reclamados. El anterior oficio constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales. Ahora, es inconcuso que el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio natural 35/2015, que constituye el acto reclamado en el presente asunto es un acto derivado de otro consentido, particularmente de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de origen 35/2015, que aprobó el remate en primera almoneda y adjudicó libre de todo gravamen a favor de la parte actora el inmueble materia del juicio natural citado, la que quedó firme el uno de diciembre de ese propio año, elevándose a categoría de cosa juzgada. Esto es, el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, sólo constituye la ejecución de la resolución de adjudicación e incluso en la misma se hizo requerimiento al hoy quejoso para su presentación ante la Notaría para efectos de la firma de la protocolización correspondiente; por lo tanto, se afirma que el acto aquí impugnado es un acto derivado de consentido. En ese contexto, si el peticionario del amparo no se inconformó oportunamente en contra la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que aprobó el remate en primera almoneda y adjudicó el bien inmueble materia de los actos reclamados, tal circunstancia hace evidente que el quejoso aceptó tácitamente su contenido, y por tanto el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve que orden poner en posesión del actor (que constituye el acto reclamado en este juicio), en razón de que lo decidido en este último deriva de lo establecido en el primero. Es decir, el hecho de que el solicitante de la protección federal no haya impugnado en su momento la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la que incluso causo ejecutoria el uno de diciembre de ese mismo año, implica que consintió tal determinación y, como consecuencia de ello, el proveído que ahora combate se torna como un acto derivado de otro consentido, al ser consecuencia directa de aquél. En ese orden, si una vez consentido el acto la autoridad jurisdiccional posteriormente realiza otro que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, sin que existan pretensiones por vicios propios (como acontece en la especie), entonces el juicio de amparo se torna improcedente, en tanto que atiende a una cuestión lógica de respeto a la secuencia procesal, ya que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. Máxime que de la lectura de sus conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa se inconforme respecto de actuaciones emitidas entre las determinaciones de la autoridad señalada como responsable del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, el acto de la aprobación del remate y la adjudicación, y la diversa aquí reclamada consistente en la orden de entrega del inmueble materia del juicio de origen. Sin que pase desapercibido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la determinación de adjudicación y/o entrega del inmueble; sin embargo, en el caso, como ya se dijo, los motivos de inconformidad descansan en la forma en que se resolvió la interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, de aprobación del remate en primera almoneda y adjudicación, de ahí que haya consentido la misma. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada por los numerales 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo lo que procede es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Finalmente, toda vez que las responsables manifiestan no oponerse a la publicación de sus datos personales, tengas por hecha la comunicación que vierten para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano