Antonio Palacios García
Expediente 637/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Antonio Palacios García
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO DE AUTOS, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE OFICIO 4451, SE INFORMO A LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCUENTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE SE TUVO POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, DONDE SE DESECHO POR EXTEMPORANEA LA DEMANDA DE GARANTIAS; CUYA RECEPCIÓN SE ADVIERTE DEL SELLO QUE OBRA ESTAMPADO EN LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN RELATIVA AL CITADO OFICIO, EN TAL VIRTUD, AL NO QUEDAR ACTUACION PENDIENTE POR LLEVAR A CABO, NI EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio JE51-AD/2046/2015, de la Presidenta de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 3799/2015; mediante el cual rinde informe justificado, remite original y copia de la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de apoderado y representante legal de ***, y constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Pablo Acosta Rodríguez, en su carácter de apoderado y representante legal de Antonio Palacios García, en contra del acto que de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo reclama, consistente en el laudo de trece de abril de dos mil quince, dictado en los autos del expediente laboral 778/2010, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquel en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser la Ley Federal del Trabajo, ya que el acto reclamado se hace consistir en el laudo de trece de abril de dos mil quince, dictado por la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente laboral mencionado; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada al amparista por comparecencia, tal como advierte en la foja setenta del juicio de amparo directo 1069/2014, del índice de esta potestad federal, haciéndose necesario reproducir lo que dispone la Ley Federal del Trabajo en su numeral 747, que a la letra establece: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la "manera siguiente: "I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta.". De lo antes expuesto, se desprende que las notificaciones personales surten sus efectos el día y hora en que se practicó, en este caso, que al quejoso, le fue notificado el laudo que ahora combate personalmente a su apoderado y representante legal Pablo Acosta Rodríguez, el veintitrés de abril de dos mil quince, notificación que surtió efectos ese mismo día. No obstante, la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable hasta el veinticinco de mayo del presente año, según se observa del sello de recibido estampado en la demanda de garantías, así como de la certificación que obra al reverso de la misma conforme al texto del artículo 178, fracción I, de la ley de la materia en vigor, por tanto, de conformidad con el diverso 747 de la Ley Federal del Trabajo, el cómputo para su presentación transcurrió del VEINTICUATRO DE ABRIL AL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO QUE TRANSCURRE, siendo inhábiles en ese lapso los días veinticinco y veintiséis de abril; así como uno, dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de mayo de este año; razón por la cual, si la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de mayo de dos mil quince, es evidente que la misma resulta extemporánea, habiendo transcurrido el término para la presentación de la misma, por lo que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el promovente, y toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado. En mérito de lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Reyes, Vidal Hernández Santillán, Aurelio Monroy Orozco y Nicolás Victoriano Apolonio, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencial 31/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dos, al aclarar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 31/2002 emitida con motivo de la contradicción de tesis 76/2001-SS, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para la interposición del juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos. En congruencia con lo anterior, cuando se impugna en amparo un laudo emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, únicamente cuando conste fehacientemente que a aquel se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación realizada por la responsable, salvo que exista manifestación expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo impugnado, en cuyo caso el plazo correrá a partir de esta última fecha". Así como el criterio que este tribunal federal comparte, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis visible a página ochenta y nueve, Tomo Primero, Segunda Parte-Uno, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO EN MATERIA LABORAL, COMPUTO DEL TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, en su parte conducente, dispone: El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame... Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, que es el ordenamiento que rige el acto reclamado, en su artículo 747 previene que: Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I.- Las personales el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley... Por tanto, para el cómputo del término de presentación de la demanda de amparo, no son aplicables la fracción I del artículo 24, ni la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo, porque las notificaciones a que se refieren dichos preceptos son las que se realizan durante la tramitación del juicio constitucional, ya sea directo o indirecto.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo vigente, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes
- Antonio Medina González1152/2018
- Antonio Moctezuma Quijano Agustin y otro834/2015
- Antonio Moreno Mera739/2021
- Antonio Moreno Sánchez416/2015
- Antonio Ocampo Laguna345/2013
- Antonio Ortiz Hernández240/2016
- Antonio Palacios García1069/2014
- Antonio Panfilo Paredes Rosales914/2022
- Antonio Pérez Olivares1244/2017
- Antonio Pérez Olivares y otros851/2014
- Antonio Pérez Olivares610/2019
- Antonio Quintero Peña350/2022