Antonio Padilla Rodríguez
Expediente 963/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Antonio Padilla Rodríguez
Actuaciones
- Principal
1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Inspector de la Policía de Investigación Criminal, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 963/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado y duplicado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ***. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ****; asimismo a Leida Cristina Castillo Hernández, en términos restringidos del citado numeral. 5. Ministerio Público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 6. Señalamiento de autoridades. Se tienen como autoridades responsables al Inspector de la Policía de Investigación Criminal, Comandante de la Base de Operaciones de la Corporación Policía Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción, Director General de Seguridad Pública, Comandante y/o Encargado de la Base de Fuerza Coahuila Agrupamiento de Proximidad Social, Inspector de la Agencia de Investigación Criminal y Comandante de la Policía Civil Coahuila, todas con residencia en esta ciudad. 7. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado, sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que la parte quejosa manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, con el apercibimiento que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Tercero interesado. La parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que no conoce tercero interesado 14. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fine s y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a la parte promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 15. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 16. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
- Incidental
1. Formación de incidente y actos reclamados. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión promovido por ***, contra actos del Inspector de la Policía de Investigación Criminal, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por la orden de detención e introducción ilegal a su domicilio y su ejecución. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se ejecute la orden de detención e introducción ilegal a su domicilio, emitida contra el quejoso. 5. Autoridades jurídicamente vinculadas. La parte quejosa señaló autoridades jurídicamente vinculadas. 6. Tramitación pronta y eficaz del incidente. En caso de que alguna de las autoridades responsables no exista o tenga denominación distinta a la señalada por la parte quejosa, se tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad se proporcione la correcta hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. 7. Concesión de la suspensión provisional. Como lo solicita la parte promovente y su concesión no conlleva una afectación al interés social, con fundamento en los artículos 128, 138, 139, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede a Antonio Padilla Rodríguez, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de detención que reclama de las autoridades responsables; en el entendido de que si la orden privativa de libertad emana de un procedimiento seguido conforme al sistema penal acusatorio, por delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de esta autoridad, en cuanto a su libertad, en el lugar en que sea recluido, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal. Además, si la orden privativa de libertad fue dictada por un delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, o bien, si se le sorprende en flagrante delito, la suspensión que se concede no surtirá los efectos señalados con antelación, sino que el agraviado quedarán a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el centro de reclusión al que sean ingresados, y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal respectivo. 7.1 Acto de molestia. En cuanto al acto reclamado consistente en la introducción ilegal al domicilio del quejoso, toda vez que se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que media solicitud de la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y en cambio, son de difícil reparación los daños y perjuicios que se causarían a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 147 de la ley de la materia, se concede a Antonio Padilla Rodríguez, la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades señaladas como responsables no lleven a cabo el acto de molestia consistente en la intromisión al domicilio del quejoso, si no cuentan con una orden o mandato que los faculte legalmente para ello. En la inteligencia de que, si existiera la persecución respecto de una persona sorprendida en flagrancia en la comisión de un delito y ésta ingresara a dicho domicilio con motivo de esa persecución, no tendrá efecto alguno la presente suspensión provisional. De igual forma, dejará de surtir sus efectos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo si los actos derivan de una técnica de investigación en los términos que establecen los numerales 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales; verbigracia si se trata de un cateo, inspección o aseguramiento acorde con el precepto de la ley de la materia, previamente citado, no es objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o la medida cautelar concedida por autoridad competente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVII.3o.50 P (10a.). 7.2 Requisitos de efectividad. La presente suspensión provisional concedida respecto del acto restrictivo de libertad reclamado a las autoridades responsables, surte sus efectos de inmediato, ya sea que la orden privativa de libertad derive de un procedimiento seguido en el sistema penal acusatorio o en el inquisitivo, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada, el quejoso no cumple con los siguientes requisitos: a) Exhiba garantía por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos moneda nacional), en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, acorde a su numeral 113; caución que al momento de pronunciarse la resolución definitiva en este incidente podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado por la comisión del delito, en el caso de que este haya existido; a las probables sanciones pecuniarias a imponer que se adviertan de los informes previos de las responsable; tomando en cuenta la situación económica que se acredite y las pruebas existentes que puedan determinar la factibilidad de que la impetrante se sustraiga de la acción de la justicia; motivo por el cual, se requiere a la autoridad responsable para que precise cualquiera de las circunstancias apuntadas al rendir su informe previo. b) Asimismo, la medida cautelar concedida será revocada, con fundamento en los artículos 166, 167 y 168 de la Ley de Amparo, si el quejoso no cumple con la siguiente medida de aseguramiento: Acredite haberse presentado ante las autoridades responsables que lo requiera para las prácticas de las diligencias que se estimen necesarias para la integración del procedimiento de origen, debiendo exhibir ante este juzgado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha comparecencia constancia que lo acredite, plazo que transcurrirá una vez que el quejoso tenga conocimiento acerca de qué autoridad es la que lo requiere. Con motivo de la suspensión, el quejoso también queda obligado a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerido, apercibido que de no cumplir, la medida será revocada con el fundamento ya citado. En el mismo orden de ideas, la providencia cautelar que se concede tampoco tendrá fuerza legal, si el mandamiento de captura fue emitido por una autoridad distinta a las señaladas como responsables. 8. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que desconoce el motivo, causa u origen de la emisión de la orden de aprehensión, en consecuencia, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rindan los informes previos se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 9. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, además conforme a la interpretación más favorable a la quejosa, se requiere informe previo por duplicado y separado a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rindan el informe solicitado. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda en cada oficio. 10. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. 11. Criterio por analogía. En el presente incidente de suspensión, por criterio interpretativo de este órgano de justicia, que es del conocimiento del quejoso en el expediente principal al dictarse el auto de admisión, por existir la misma razón, deberá estarse a lo ordenado respecto de los puntos: domicilio y autorizados para notificaciones; Ministerio Público; habilitación actuarial; reproducción electrónica y entrega de copias; expediente electrónico; devolución de documentos; promociones sin incidencia en tramitación y protección de datos personales. 12. Pruebas. La parte quejosa ofrece prueba documental. La Secretaría deberá hacer relación de la misma en la audiencia incidental conforme lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo.
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