Antonio Padilla Cuevas
Expediente 714/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Antonio Padilla Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.A. 598/2017, de su índice. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "ÚNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las consideraciones jurídicas contenidas en el último apartado de esta resolución." Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formados con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión; y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XVI y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común B del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el toca original del RA 231/2017-IV del índice del tribunal auxiliado, que contiene la ejecutoria de la resolución ahí dictada de la que se ordena agregar copia autorizada a este juicio. Acúsese recibo al tribunal y estese a lo resuelto en el que determinó: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 2063/2014, del índice administrativo del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con asiento en la Ciudad de México, promovido por **********, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria, para el efecto de que el titular de dicho órgano jurisdiccional, con libertad de jurisdicción, emita la sentencia que en derecho corresponda en el controvertido de origen; la cual deberá colmar los requisitos que las disposiciones legales aplicable establecen para su validez, entre las que se encuentran, que sea signada por el referido funcionario público y el secretario que dé fe de su emisión; así como precisar los datos de identificación de dicho controvertido y el nombre de la quejosa." En términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y con fundamento en el punto ocho de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la superioridad, se repone el procedimiento para dejar únicamente sin efectos la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil dieciséis, mas no así la audiencia constitucional; por tanto, túrnese el asunto para el dictado de la sentencia. Notifíquese; en su caso a las autoridades una vez que reanuden sus labores y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se le tiene informando la manera en que quedó integrado el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito el escrito del autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita se aclare los efectos, consecuencias y alcances de la concesión de la suspensión definitiva emitida el cuatro de mayo de dos mil quince, en virtud de que acto que reclama lo constituye únicamente el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y no así el 17-K del mismo ordenamiento. En ese sentido, toda vez que mediante interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil quince, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva para el efecto de que: "De la transcripción anterior se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación." La contradicción de tesis referida, dio lugar a la jurisprudencia 2ª./J. 2/2015 (10ª.) definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1760, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." Ahora bien, debe tomarse en consideración que existe una normatividad complementaria que atañe a aspectos específicos, derivados de las disposiciones materia de los razonamientos que anteceden, como parte de la cual se integra incluso, entre otras, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, y que resulta trascendente respecto de esta resolución porque de un modo u otro obligan al contribuyente a sujetarse al sistema denominado buzón tributario, así como a las denominadas contabilidad electrónica, en sus diversos aspectos inherentes tanto al registro como a la remisión, y revisión electrónica; por tanto, la conclusión alcanzada comprende también a esas diversas disposiciones que en uno u otro aspecto, inciden en la situación jurídico tributaria de la parte quejosa en relación con la obligación de registrar y enviar mensualmente su información contable por medios electrónicos, particularmente a través del buzón tributario y, por tanto, deben seguir la misma suerte que las disposiciones complementadas. Considerarlo de otro modo implicaría dejar sin materia el juicio de amparo, particularmente si se considera que expresa o implícitamente involucra lo relativo a buzón tributario, registro electrónico de contabilidad, remisión de la contabilidad a través del buzón tributario, revisión electrónica y preliquidación, por lo que, excluir de los alcances y efectos de la medida cautelar cualquiera de esos rubros, conllevaría inevitablemente la sujeción del contribuyente quejoso a la regulación inherente a todos los demás y, consecuentemente, a dejar sin materia el juicio de garantías. En consecuencia, en atención a lo solicitado por la parte quejosa, con la finalidad de no generarle incertidumbre jurídica, al efecto se precisa que tal como se desprende del texto y el contexto de la resolución, el alcance y efecto relativo consiste en que la autoridad fiscal no podrá exigir que la quejosa ingrese su contabilidad electrónica mensualmente a través del denominado buzón tributario, además, el referido medio de comunicación electrónica no podrá ser utilizado de manera oficiosa por la autoridad para notificarles cualquier acto o resolución que emita, menos aquellos que resulten perjudiciales para los contribuyentes. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259 Ley de Amparo; por lo que una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Para pronta referencia, remítasele copia autorizada de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil quince, y de la promoción de cuenta. Notifíquese.
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