Antonio Ortega González
Expediente 1736/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Antonio Ortega González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
La sentencia causa ejecutoria y se ordena el archivo del expediente como totalmente concluído.
- Incidental
Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con el (la) Secretario(a) Liliana Anguiano Casillas quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1736/2016-IV-M, promovido por ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Secretario Encargado del Despacho acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En este momento, se da cuenta con la circunstancia de que el Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima, no rindió su informe justificado a pesar de que oportunamente recibió el oficio que para tal efecto se le envió, lo que se corrobora con el acuse de notificación que obra agregado en autos. Acto seguido el secretario encargado del despacho, acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y respecto a la circunstancia con que da cuenta la secretaria, relativa a la que el Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima, no rindió el informe justificado requerido, provéase lo conducente en la resolución que se dicte. Se abre el periodo de pruebas: en esta etapa, el (la) Secretario(a) hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, por lo que se concluye la misma. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en el que se tienen como tales las manifestaciones vertidas por la fiscal federal de la adscripción en su pedimento número 623/2016, con lo que se cierra esta fase. En las relatadas condiciones, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Luego de que la parte quejosa cumpliera con la prevención formulada en auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis; por acuerdo de once de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1736/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de aprehensión o detención decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. De lo anterior, se advierte que las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de lo Penal y Director General de Seguridad Pública y Vialidad, residentes en Manzanillo, Colima y Director Estatal de la Policía Preventiva del Estado de Colima, negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, coincidiendo con la petición que formuló el agente del Ministerio Público de la adscripción, procede sobreseer en el presente proceso de garantías, en torno a las indicadas autoridades, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Por su parte, el Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificado según consta del acuse de notificación que obra agregado al presente juicio, derivado del acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que le reclama el quejoso, consistente en la orden de aprehensión. QUINTO. Toda vez que en el caso no se hicieron valer causales de improcedencia, y al no advertir este juzgado federal alguna cuyo examen deba realizarse de manera oficiosa, lo que procede es entrar al análisis de los motivos de inconformidad. SEXTO. Por las razones que a continuación se expresarán, no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado al Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima. En efecto, de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa es la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Antonio Ortega González. En relación a lo cual debe decirse que si bien operó la presunción de certeza del acto que se les reclama, lo cierto es que este órgano federal no está en aptitud de examinar su constitucionalidad, dado que ante la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe y, en su caso, remitir las constancias que pudieran justificarlo, correspondía al quejoso la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, considerando que el acto reclamado no es violatorio de garantías en sí mismo. Esto es así, pues la actuación de la autoridad responsable se encuentra regulada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al respecto establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. - - - Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. - - -No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.- - - La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.- - -Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. - - - Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. - - - En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.- - - La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. - - - Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. - - - Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. - - - En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. - - - Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.- - - Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.- - - Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.- - - Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.- - - La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.- - - La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. - - - En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente". (se subrayó para añadir énfasis al aspecto destacable de la disposición transcrita) También, conviene tener presente lo establecido por el artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, que dispone al respecto, lo siguiente: "ARTICULO 294. Si los datos de la averiguación previa, son suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el juez deberá: I. Librar orden de aprehensión si el delito que se imputa tiene señalada pena privativa de libertad y no se concedió, durante las diligencias de averiguación previa, la libertad provisional administrativa; II. Librar orden de comparencia (sic) cuando el delito tenga señalada pena alternativa o no privativa de libertad. Notificado el indiciado de la radicación de la causa, se fijará día y hora para la declaración preparatoria. III. Analizar en caso de haber detenido, si la detención se ajustó o no a los requisitos de flagrancia o de urgencia a que se refieren los artículos 112 y 114 de este Código, en caso afirmativo el Juez ratificará la detención y señalará día y hora para la declaración preparatoria. En caso negativo, ordenará de inmediato su libertad con las reservas de ley. IV. Librar orden de comparecencia o de libertad, según proceda, cuando el detenido goce de la libertad provisional otorgada por el Ministerio Público y la detención se haya ajustado o no a los requisitos de flagrancia o urgencia. En caso afirmativo deberá legitimar la detención y proceder en los términos del artículo 133 de este Código. Notificado el inculpado de la radicación de la causa, se fijará día y hora para la declaración preparatoria. (REFORMADO P.O. 22 DE JUNIO DE 2002) Si con los datos de la averiguación previa no se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los casos de las fracciones I y II se negarán las ordenes de aprehensión o comparecencia y en los casos de las fracciones III y IV se decretará la libertad con las reservas de ley. En los casos anteriores se devolverá la averiguación. Surtiéndose alguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 310 al negarse la orden de aprehensión o comparecencia, se resolverá en los términos que se indican en el citado artículo. Cuando se decrete la libertad exclusivamente por la causa que se menciona en las fracciones III y IV, se dará vista al Ministerio Público para que promueva lo que a sus intereses convenga también sin perjuicio del medio de impugnación respectivo. En ese tenor, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos antes trascritos, el Juez Penal está facultado para dictar una orden de aprehensión, fundando y motivando por escrito dicha determinación; por tanto, su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependerá entonces de los motivos, datos o pruebas en que funde su actuar. De ahí que, la omisión del quejoso de ofrecer prueba alguna o al menos demostrar, que solicitó a la autoridad responsable copia certificada de la constancias relativas, para que este tribunal estuviera en condiciones de requerirla por su expedición, deriva en un obstáculo que no permite analizar su constitucionalidad. Al respecto es aplicable por analogía, el criterio aislado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo CI, página 792, que previene: "ORDEN DE APREHENSION, CONSTITUCIONALIDAD DE LA (INFORME NO JUSTIFICADO). Si la orden de aprehensión emanó de la autoridad judicial, ello hace que tal acto reclamado no sea por sí misma inconstitucional; en consecuencia, si el informe rendido por la autoridad responsable, no quedó justificado por la misma debidamente, esta circunstancia no libera al quejoso de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, o sea de la orden de aprehensión, y si no probó tal inconstitucionalidad conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, debe negarse la protección federal." No constituye un obstáculo para llegar a esta determinación, lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, puesto que esta obligación solamente surge cuando la autoridad constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no es así, cuando la autoridad responsable y el quejoso omiten exhibir las constancias relativas al mandamiento combatido, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio distinto equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de la demostración de su inconstitucionalidad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, enero de 1997, página 245, que lleva por rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." También es aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, junio de 1996, página 707, de rubro: "PRUEBAS DE OFICIO EN EL AMPARO INDIRECTO. LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPLICA RECABAR LA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 78, último párrafo de la ley de la materia, exclusivamente se refiere a la obligación que tienen los Jueces de Distrito de recabar de oficio las pruebas que hayan sido desahogadas ante la autoridad responsable, que obren en autos, y que estime necesarias para la solución del asunto; sin embargo, esto no implica que también esté obligado a recabar de oficio la prueba que acredite la existencia del acto o actos reclamados, pues es incuestionable que eso corresponde al quejoso, por así disponerlo expresamente el tercer párrafo del artículo 149 del cuerpo de leyes en cita." Consecuentemente, lo procedente es negar la protección constitucional impetrada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo 1736/2016-IV-M, promovido por ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades que se mencionan en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ, contra los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima. Notifíquese. Lo sentenció y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con la secretaria, licenciada Liliana Anguiano Casillas, quien da fe.
- Principal
Colima, Colima, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Ténganse por recibidos los sobres que contienen los oficios 49280, 49281, 49282, 49283, 49284, 49285 y 49286, que la Oficina de Correos devuelve, dirigidos a los "Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Titulares de las Mesas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Manzanillo, Colima", ya que al reverso de éstos se advierte la leyenda "No existe autoridad"; por ende, se tienen como inexistentes a las autoridades mencionadas, en atención a lo señalado en proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, sin perjuicio que durante la substanciación del presente asunto, el quejoso aclare la denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables, en cuyo caso, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/mzr*
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