ANTONIO OLIVIER TOLEDO y Otros.

Expediente 713/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
713/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2020

Partes del expediente

  • ANTONIO OLIVIER TOLEDO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS,, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica que presuntamente promueve ****, por propio derecho, contra actos de la Directora Técnica de la Primaria del Centro Escolar *** y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 713/2020-VI y fórmense tanto el expediente físico como el electrónico, a que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. A efecto de proveer lo conducente, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Ley Fundamental establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resultará improcedente cuando la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, se advierta de la interpretación de la propia legislación o de la Constitución Federal. El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que "el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Conforme al citado numeral, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, de modo que quien ejercita la acción de amparo debe manifestar su voluntad de promover el juicio respectivo a través de signos indubitables, como lo es la demanda de amparo con la firma respectiva. En caso contrario, de no existir voluntad de instar la acción constitucional, el juicio de amparo será improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. Tratándose de los escritos en forma electrónica, deben presentarse utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como así lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo. Asimismo, este juzgado atiende a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se le informa al promovente que acorde a la normatividad citada, para dar trámite al juicio en línea, es necesario, entre otros requisitos, presentar el escrito con la respectiva firma electrónica. Aspecto con el cual no cumplió. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica o autógrafa, procede desechar la demanda de amparo, por ausencia de "instancia de parte agraviada" de la parte promovente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En este orden, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica o autógrafa que refleje la voluntad del promovente de instar el sumario constitucional, es claro que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, por lo cual es notorio y manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO, AUTORIZADOS CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como se indica en los párrafos que anteceden, la falta de firma electrónica produce los mismos efectos que una firma autógrafa por lo que al no existir manifestación de voluntad expresa, no ha lugar a acordar de conformidad la petición del promovente; por tanto, se ordena realizarlas las notificaciones por medio de lista, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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