Antonio Nicolas Vilchis Aguilar
Expediente 1194/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Gamaliel Luna Cerón
- Antonio Nicolas Vilchis Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio mediante el cual se envió el original y copia del escrito de agravios, así como original del juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa e informa que fue admitido y registrado con el número Q.P. 448/2023, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******************************, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. (sic) Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe en los siguientes términos: no es cierto el acto reclamado consistente en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la superioridad que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional dictó un auto, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****************************, conteniendo dicho auto los motivos y fundamentos del sentido de su emisión; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales remítase el escrito original de agravios y copia al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, con residencia en esta ciudad, conjuntamente con los originales del presente juicio, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ****propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite del Centro de Justicia de Chalco, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese con el número 1194/2023-V. Análisis de la procedencia. En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro digital 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la suscrita estima que se materializa la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, es necesario destacar el contenido de los preceptos en mención. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lafracción I del artículo 5o. de esta Ley. (.)" "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.)" De acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 21 de la Constitución Federal, le corresponde a la institución del Ministerio Público investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. De ahí, que el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo degarantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Por lo que es necesario puntualizar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos acuden a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: ? La orden de citación, practicada en diverso domicilio, emitida por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite de Chalco, Estado de México, para que comparezcan dentro de la carpeta de investigación NIC: AME/CHA/03/MPI/395/01249/21/06, NUC: CHA/AME/CHA/020/155447/21/06. ? La orden de investigación. ? Todas las consecuencias jurídicas que deriven de la orden de citación. Lo anterior se estima así, pues de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad manifestaron, así como , se desprende que están buscando a **********, a efecto de que acudan ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite de Chalco, Estado de México, en relación a la carpeta de investigación NIC: AME/CHA/03/MPI/395/01249/21/06, NUC: CHA/AME/CHA/020/155447/21/06, por lo que estiman que la integración de la citada carpeta de investigación es ilegal. Por lo que, al tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, en la que se le harán saber a los investigados los hechos imputados y recabar su entrevista, que no afecta de manera directa ni actual la libertad de los aquí quejosos, se trata de una comunicación (citatorio) del Ministerio Público en el sentido de que requiere la presencia de la persona mencionada para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación. Al respecto, es preciso señalar que la integración de una carpeta puede componerse de múltiples actos, como el desahogo de diligencias tendientes a su integración, que al ser de orden público, ningún daño o perjuicio causan, por lo que no procede el amparo en su contra. Estimar lo contrario, permitiría entorpecer las facultades de investigación, en detrimentos del interés de la sociedad de que se persigan las conductas que pudieran resultar potencialmente ilícitas; ello, desde luego, siempre que dichas actuaciones estén apegadas al marco de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, se estima que los actos que deban tener verificativo con motivo de la integración de una carpeta de investigación, de ninguna manera trascienden real ni inminentemente en los derechos del solicitante del amparo, de modo que ningún perjuicio le causarían, en la medida de que son emitidos en virtud de las facultades constitucionales de la autoridad investigadora. Asimismo, la posible afectación que pudieran causarles, en todo caso se materializaría hasta que la autoridad judicial interviniera y decidiera emitir una orden de captura; pero, incluso, en la resolución esa índole, serían susceptibles de repararse, ya que ésta tiene la ineludible obligación de sopesar si los datos de prueba que se someten a su consideración satisfacen los requisitos constitucionales y legales para su emisión. Estas consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 154/20051 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Llegado a este punto conviene traer a contexto el contenido de los artículos 127, 131, fracciones III y V; 212, 213, 215 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: "Artículo 127. Competencia del MinisterioPúblico Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en sucomisión." "Artículo 131. Obligaciones del MinisterioPúblico Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (.) V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra elimputado y la reparación del daño." "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Estos preceptos ilustran sobre las obligaciones del Ministerio Público, en la fase de la investigación inicial, la que tienen el deber de coordinarla, incluso, ordenar los actos y diligencias tendentes a demostrar la existencia de la conducta ilícita y la responsabilidad de su autor. Además, el código de enjuiciamiento le impone la obligación de iniciar y conducir las investigaciones de hechos que se cataloguen como delito; ello, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, por lo que su intervención deberá ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Luego, la finalidad de esa secuencia de actos que se desplieguen en la integración de la carpeta de investigación, no es otra que recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra quien se considere autor del delito que se investigue y, en su caso, la reparación del daño. De ahí que, dentro de los actos que la autoridad ministerial puede llevar a cabo para la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación de personas para que acudan a rendir entrevista. Esto es así, debido a que en términos del artículo 90, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales2 , toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público, cuando sea citada, incluso, la que tenga el carácter de imputado, a quien se le designará a un defensor público, en caso de carecer de uno privado que lo asista. Entonces, el desahogo de las diligencias tendientes a la integración de la carpeta de investigación no le causa daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser la investigación de delitos de orden público. En efecto, la persecución de los delitos constituye un derecho social que, por regla general, incumbe al Ministerio Público y, por tanto, no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, por lo que, en tanto no se trate de actos concretos que en ejercicio de dicha atribución lleve a cabo afectando algún derecho fundamental de los gobernados, no pueden ser materia de análisis en esta instancia constitucional. Ello, porque como se adelantó, tales actos son de orden público, según lo establece el artículo 21 de la Constitución General de la República; es por ello que, mientras no ordenen la privación de la libertad, posesiones o derechos, es inexistente la afectación al derecho subjetivo que se dice violado. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razones jurídicas, en la tesis CXXXV/20043 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se lee: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGANPERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, si la persecución de los delitos, es facultad del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, puede válidamente concluirse que se trata de una función de orden público y por ello, las actuaciones que tengan como finalidad la obtención de indicios o datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, están encaminadas a demostrar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se inició; por ello, mientras no afecten la libertad personal, las posesiones o derechos, son inmunes al juicio de derechos humanos y, por ende, el que contra ellas se entable deviene improcedente. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia PC.VI.P.J/3 P (11a.), sustentada por el Pleno del Sexto Circuito, Undécima Época, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por ******* y *****.
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