Antonio Nicolas Campillo Manzanilla
Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Nicolas Campillo Manzanilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
II. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa, la sentencia engrosada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 642/2022 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de julio siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 7-11). Una vez agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 16-17, 21-22 y 26-27) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (foja 34). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del acuerdo general 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclama la omisión de una autoridad administrativa de dar respuesta a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia, pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en razón que la omisión reclamada prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La falta de contestación a la petición escrita presentada por la parte quejosa el veintiuno de abril de dos mil veintidós ante el Ayuntamiento del Municipio Constitucional de Otatitlán, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la 1. Presidenta Municipal, 2. Síndico Único Municipal y 3. Regidor Único Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Otatitlán, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconocieron la existencia de la omisión reclamada (fojas 16-17, 21-22 y 26-27). CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se estima actualizado, se relatan los siguientes antecedentes: 1). Por escrito de veintiuno de abril de dos mil veintidós, ******************** solicitó a la Presidenta Municipal, al Síndico Único Municipal y al Regidor Único Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Otatitlán, Veracruz, se le expidiera una constancia que informara si el predio rústico de uso agrícola que allí menciona, pertenece al fundo legal del aludido municipio, ello para estar en aptitud de iniciar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra de ese predio que el solicitante refiere tener en posesión desde hace más de veinte años (foja 6). 2). Luego, el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el Síndico Único Municipal, en presentación del Ayuntamiento del Municipio de Otatitlán, Veracruz, emitió la constancia solicitada por el ciudadano, en el sentido de que el predio de que se trata: ".No pertenece al fundo legal de este municipio." (foja 35). 3). Mediante escrito presentado en este juzgado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso manifestó que las autoridades responsables dieron respuesta a su solicitud, la cual dijo es satisfactoria a sus intereses (foja 36). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de la omisión reclamada, la cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene en la medida que del análisis de la constancia que exhibió el propio quejoso en el presente juicio de amparo, se desprende que el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el Síndico Único Municipal, en presentación del Ayuntamiento del Municipio de Otatitlán, Veracruz, emitió la constancia solicitada por el ciudadano, en el sentido de que el predio de que se trata: ".No pertenece al fundo legal de este municipio." (foja 35). No pasa inadvertido que dicha constancia fue exhibida en copia simple por el quejoso, no obstante, conforme al prudente arbitrio judicial que otorga al suscrito juzgador el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima que dicha documental adquiere valor suficiente para demostrar los hechos que contiene, en razón de que se encuentra adminiculada con la confesión expresa que el propio quejoso emitió en su escrito presentado el veintitrés de septiembre pasado en el presente juicio de amparo, donde reconoció que las autoridades responsables dieron respuesta y emitieron la constancia que les solicitó (foja 36). Sirve de respaldo la jurisprudencia 2a./J. 50/2002, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) Tampoco pasa inadvertido que la constancia de que se habla, fue exhibida por el quejoso después de celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio el ocho de septiembre del año en curso (foja 34). Sin embargo, en el caso particular, tal documental merece el trato de una prueba superveniente, la cual es apta para demostrar el motivo de improcedencia aquí analizado. Se cita como respaldo de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2014 (10a.) de contenido: "PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN. DEBE DARSE VISTA A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, CON LA QUE SE OFREZCA PARA ACREDITAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). En virtud de que las causas de improcedencia del juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente, el Tribunal Colegiado de Circuito debe admitir, analizar y valorar las pruebas documentales supervenientes ofrecidas ante él, con las que se pretenda acreditar la actualización de alguna causal; sin embargo, atendiendo a los nuevos paradigmas jurídicos en materia de amparo, derivados de la reforma a los artículos 103, 107 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que este último, en su nuevo texto, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y tomando en cuenta el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, al no proceder recurso alguno contra la sentencia dictada en el recurso de revisión, resulta procedente que una vez ofrecida una documental -sea en el propio recurso de revisión o de manera posterior a su interposición hasta antes del dictado de la sentencia-, la parte que obtuvo sentencia favorable tenga oportunidad de conocer su contenido, por medio de la vista que se le dé, por el plazo de 3 días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada, para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin que el anterior criterio sea aplicable respecto de medios de convicción diversos a la prueba documental, es decir, aquellas que requieren preparación para su desahogo, ya que por las características en la tramitación del recurso de revisión no sería posible." Luego, si el propio quejoso confesó que las autoridades responsables dieron respuesta y emitieron la constancia que les solicitó, misma que exhibió en autos; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a su petición, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Finalmente, se advierte la circunstancia de que por escrito presentado en este juzgado el veintitrés de septiembre del año en curso, y en virtud de que las responsables dieron respuesta a su petición y el quejoso expresó su desistimiento en el presente juicio de amparo (foja 36) a lo que por auto de veintiséis de septiembre siguiente, se le requirió para que ratificara ante la presencia judicial el aludido ocurso (foja 39) el cual se le notificó por lista de acuerdos al no haber señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones de carácter personal (foja 39 vuelta). Sin embargo, se estima que dicho desistimiento no surtió los efectos pretendidos, pues éste no fue ratificado en el sumario en los términos que exige el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a pesar de que se requirió al quejoso para que lo hiciera. Pues además, así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (11a.) que se lee: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Se destaca que las tesis y jurisprudencias que se citaron en esta sentencia y que fueron integradas con anterioridad a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones dadas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para el escrito signado por Antonio Nicolás Campillo Manzanilla, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngasele manifestando su deseo de desistirse del presente juicio de amparo. Por tanto, dígasele que atento al esquema de trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020, así como para acordar favorable respecto al desistimiento de la presente demanda de amparo, es indispensable que proporcione un correo electrónico, así como un número telefónico a efecto de poder realizar dicha diligencia mediante el programa "Cisco Webex Meetings", esto al ser la herramienta para realizar las videoconferencias autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal en los equipos de cómputo dentro de los órganos jurisdiccionales, y así, estar en condiciones de remitirle la liga generada para llevar a cabo la diligencia judicial de ratificación del escrito de desistimiento. Finalmente glósese sin mayor trámite el oficio signado por el Síndico Único Municipal del Ayuntamiento de Otatitlán, Veracruz; mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, dígasele que no ha lugar a proveer al respecto, ya que en fecha ocho de septiembre del presente año, quedó levantada la audiencia constitucional. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la 1. Presidenta Municipal Constitucional, el 2. Síndico Único Municipal y el 3. Regidor Único Municipal, todos con residencia en Otatitlán, Veracruz, mediante los cuales rinden informe justificado. En atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos y anexos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas la PRUEBAS DOCUMENTALES que anexan las autoridades responsables a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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