Antonio Naelson Matias
Expediente 339/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/07/2017
Partes del expediente
- Antonio Naelson Matias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio... por el cual remite copia certificada del oficio DGRC/251/17 y resolución de calificación registral sobre la solicitud de expedición de título de propiedad, con ellos dése vista a las partes. En el presente juicio el quejoso Antonio Naelson Matías reclama la omisión del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de México y de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, de dar respuesta pronta, oportuna, fundada y motivada, a sus peticiones de trece de diciembre de dos mil dieciséis, registradas con los números 15160039785 y 15160039786, relacionadas respectivamente con las parcelas 72 y 107. Ahora, las peticiones de mérito fueron presentadas ante el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de México el trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien mediante oficio RAN-EM/SR/012/2017 ordenó enviarlas a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, por ser la autoridad competente para expedir los títulos solicitados en dichas peticiones. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su oficio de cuenta, se advierte que el dos de febrero de dos mil diecisiete, emitió la calificación registral correspondiente a las parcelas 72 y 107; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso adujo en su demanda que las autoridades habían sido omisas en dictar el acuerdo respectivo a sus peticiones relativas a la solicitud individual de expedición de título de propiedad de las parcelas 72 y 107 del Ejido de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, Estado de México, solicitado mediante escrito de trece de diciembre de dos mil dieciséis, registradas con los números 15160039785 y 15160039786; sin embargo, de las constancias de referencia se advierte que a petición del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, el dos de febrero de dos mil diecisiete, el Director General de Registro y Control Documental, dictó la resolución de la calificación registral correspondiente a las parcelas 72 y 107. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo la Director General de Registro y Control Documental, dictó la resolución de la calificación registral correspondiente a las parcelas 72 y 107; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el entendido de que contra la respuesta dada a las peticiones del agraviado no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía respectiva para ser impugnada. Sobre el particular y por contenido, se invoca la jurisprudencia 2a./J.66/2016 (10a) publicada en la página 898 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, con número de registro 2011948, de contenido siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en1 los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta evidencian que la audiencia constitucional está señalada para celebrarse hoy a las diez horas con cuarenta minutos; sin embargo, se advierte que en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 71), se requirió a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, remitiera copia certificada de las contestaciones dadas a las peticiones registradas con los números 15160039785 y 15160039786, las cuales no obran en autos. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, informa las gestiones realizadas para remitir copia certificada de las respuestas a las solicitudes de trámites 15160039785 y 15160039786. Expuesto lo anterior, con apoyo en los artículos 75 y 117 de la ley invocada, requiérase nuevamente al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, inserto en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita copia certificada de las contestaciones dadas a las peticiones registradas con los números 15160039785 y 15160039786. En el entendido que en caso de ser omiso se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete (fojas 12 a 15). Notifíquese.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Antonio Miguel Reyes Valdez1737/2014
- Antonio Millan Gonzalez884/2017
- Antonio Millan Iturbe217/2015
- Antonio Mondragón De Jesús1984/2017
- Antonio Mondragón de Jesús173/2018
- Antonio Morales Pedroza1790/2022
- Antonio Peña Medina1018/2016
- Antonio Pliego Aragon1108/2022
- Antonio Reyna Castillo1224/2016
- Antonio Romero Contreras1642/2023
- Antonio Rubio Aguila767/2015
- Antonio Salmones Lopez Fonseca1545/2014