Antonio Murillo de Santiago

Expediente 2245/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2245/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • Antonio Murillo de Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En cinco de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de ocho de marzo del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En cinco de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El once de febrero de dos mil dieciséis (foja 30), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa misma fecha; en la que se concedió al quejoso la protección constitucional, para los efectos siguientes: "Emita el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 18/III/2012 y lo haga del conocimiento del quejoso de manera inmediata." Acto seguido, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (foja 63), se tuvo a la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por dando cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente amparo, reservándose acordar lo conducente hasta que la resolución dictada en este asunto causara ejecutoria, circunstancia la cual aconteció el ocho de marzo del año en curso. En esa misma fecha, se dio vista al quejoso con el oficio TCA/319/2016 suscrito por la autoridad responsable de mérito, mediante el cual adjuntó copia certificada del laudo dictado el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 18/III/2012, en el cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Antonio Murillo de Santiago, no acreditó los presupuestos para la procedencia de la acción de pago de $30,931.00 y el diploma de reconocimiento por años de servicio; en tanto que la Secretaría de Educación, sí acreditó sus excepciones y defensas; por lo que: SEGUNDO.- Se absuelve a la Secretaría de Educación de pagar a Antonio Murillo de Santiago, la cantidad de $30,931.00 y de otorgarle el diploma de reconocimiento por años de servicio, por las razones expuestas en el Considerando IV. Presupuestos de la acción, de este laudo." Con lo anterior se dio vista al quejoso Antonio Murillo de Santiago, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin embargo, no hizo manifestación alguna no obstante de haber sido notificado el nueve de marzo del año en curso. Ahora bien, atendiendo a que en la sentencia protectora de garantías dictada en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dictara el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 18/III/2012 y lo hiciera del conocimiento del quejoso de manera inmediata. Asimismo, tomando en consideración que la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, allegó a este Juzgado Federal copia certificada del laudo de diecisiete de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 18/III/2012; en esa virtud, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSAA, LA RESOLUCIÓN DE 05 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El once de febrero de dos mil dieciséis (foja 30), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa misma fecha; en la que se concedió al quejoso la protección constitucional, para los efectos siguientes: "Emita el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 18/III/2012 y lo haga del conocimiento del quejoso de manera inmediata." Acto seguido, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (foja 63), se tuvo a la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por dando cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente amparo, reservándose acordar lo conducente hasta que la resolución dictada en este asunto causara ejecutoria, circunstancia la cual aconteció el ocho de marzo del año en curso. En esa misma fecha, se dio vista al quejoso con el oficio TCA/319/2016 suscrito por la autoridad responsable de mérito, mediante el cual adjuntó copia certificada del laudo dictado el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 18/III/2012, en el cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Antonio Murillo de Santiago, no acreditó los presupuestos para la procedencia de la acción de pago de $30,931.00 y el diploma de reconocimiento por años de servicio; en tanto que la Secretaría de Educación, sí acreditó sus excepciones y defensas; por lo que: SEGUNDO.- Se absuelve a la Secretaría de Educación de pagar a Antonio Murillo de Santiago, la cantidad de $30,931.00 y de otorgarle el diploma de reconocimiento por años de servicio, por las razones expuestas en el Considerando IV. Presupuestos de la acción, de este laudo." Con lo anterior se dio vista al quejoso Antonio Murillo de Santiago, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin embargo, no hizo manifestación alguna no obstante de haber sido notificado el nueve de marzo del año en curso. Ahora bien, atendiendo a que en la sentencia protectora de garantías dictada en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dictara el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 18/III/2012 y lo hiciera del conocimiento del quejoso de manera inmediata. Asimismo, tomando en consideración que la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, allegó a este Juzgado Federal copia certificada del laudo de diecisiete de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 18/III/2012; en esa virtud, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 2245/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Juan García Trejo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas, y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de la Materia en consulta. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, en el cual se da cuenta con las documentales consistentes en las copias certificadas del expediente laboral 18/20122, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe como justificación de los actos reclamados. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas, al no existir más pruebas por tomar en cuenta se declara cerrada la presente etapa y se pasa a la de alegatos. En el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, como tampoco el Agente del Ministerio Público adscrito presentó pedimento. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2245/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO MURILLO DE SANTIAGO, formuló demanda de amparo indirecto, contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad; por los actos que se precisan a continuación: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de pronunciar el laudo en el expediente marcado con el número 18/2012. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 2245/2015; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 18/2012. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II.2.1. Certeza: La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, precisado en el punto II. 1, de este considerando. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias fotostáticas certificadas del expediente número 18/III/2012 (fojas 9 a 21), donde consta el acto reclamado; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente juicio de garantías el suscrito Secretario en funciones de Juez de Distrito, tampoco advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". En los conceptos de violación medularmente se alega: Que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y con ello su garantía a la administración de justicia pronta y expedita. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que se argumenta que la autoridad laboral responsable ha incurrido en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 18/III/2012, dentro del término previsto por la Ley del Servicio Civil. Previamente al estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado, para un mejor entendimiento de la presente sentencia, es necesario hacer una reseña de las constancias que obran en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, entre las que se encuentran, las siguientes: 1. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil doce, ANTONIO MURILLO DE SANTIAGO, promovió juicio laboral contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, a quien reclama diversas prestaciones (fojas 11 y 12). 2. El treinta de enero de dos mil doce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda laboral, ordenó emplazar a la demandada y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 14). 3. El tres de agosto de dos mil doce, la autoridad responsable dictó auto admisorio de pruebas (foja 18). 4. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó pasar los autos al magistrado correspondiente (foja 21). Precisado lo anterior, el concepto de violación que hace valer el quejoso, consistente en que el acto reclamado viola la garantía consagrada en el artículo 17, de la Constitución Federal, el cual se insiste resulta esencialmente fundado y, por ende, suficiente para conceder el amparo y protección federal, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone: "ARTÍCULO 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El aludido precepto constitucional consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales, que son elementos, que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y nueve, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, Novena Época, del tenor siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, el artículo 262, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece: "Artículo 262.- Una vez rendidos los alegatos o transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el Tribunal dictará un acuerdo declarando cerrada la instrucción, pasando los autos a la o el Magistrado correspondiente para que dentro del término de diez días formule el proyecto de laudo.". Así, los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el correspondiente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas antes transcritos, relativos todos a procurar la garantía de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que los tribunales en materia de trabajo, en el caso particular, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta propia ciudad, no puede ni debe retardar su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. Ahora bien, en el caso, de autos se desprende que por proveído de once de noviembre de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción en el procedimiento laboral de donde deriva el acto reclamado y se ordenó pasar el expediente al magistrado en turno para la elaboración del laudo correspondiente, lo que evidencia que desde esa fecha a la actual han transcurrido tres meses sin que se haya dictado el laudo correspondiente, por lo que, con tal omisión viola la garantía consagrada en el artículo 17, de nuestra Carta Magna. En este contexto, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas responsable: Emita el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 18/III/2012 y lo haga del conocimiento del quejoso de manera inmediata Cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 44/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 373, tomo XXV, Abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones." Es importante señalar, que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Lo anterior, toda vez que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al abandonar el criterio contenido en la tesis del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", en la que sostenía que cuando se concedía la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo debían comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ANTONIO MURILLO DE SANTIAGO, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE.

  4. Principal

    En dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de enero del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los citados informes y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

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