Antonio Moreno Mera

Expediente 1238/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1238/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Antonio Moreno Mera

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de diciembre de dos mil veintiuno. MEDIDA PARA LA PRONTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Como no obra el acuse de recibo postal que ampare la recepción del despacho 897/2021, dirigido al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en turno, se manda requerir al encargado de la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, para que dentro del término de tres días informe a este juzgado federal a qué juzgado le tocó conocer de dicho despacho. Esto, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos numerales de la Ley de Amparo...II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. SE RECIBE INFORME SOBRE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase a la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que ese tribunal se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Además, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se valora el presente expediente auxiliar como destruible. De igual forma, de conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del ya citado acuerdo general, háganse las anotaciones respectivas en la carátula de este expediente. M-II

  3. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de octubre de dos mil veintiuno. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, acusando recibo de la demanda de amparo 1238/2021-II, misma que quedó radicada bajo el número 739/2021, de su índice. De igual forma, manifiesta que una vez que la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, dé cumplimiento a lo ordenado en el artículo 178 de la Ley de Amparo, se acordará respecto de la competencia planteada a su favor..-. M-II

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Vista la demanda promovida por Edwin Iván Ballesteros Méndez, apoderado de Antonio Moreno Mera, contra un acto del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1238/2021-II-B. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA LEGAL. Con fundamento en el artículo 47, en relación con el diverso 170, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por considerar que la vía correcta para tal efecto es la uniinstancial, competencia de un tribunal colegiado de circuito. En efecto, el artículo 47 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por otra parte, los artículos 34 y 170 de la citada legislación disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Conforme a lo anterior, en aquellos casos en que se impugne una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía uniinstancial. De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; entendiéndose por resoluciones las que pongan fin al juicio. Así, las sentencias definitivas o laudos son aquellas determinaciones que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Por su parte, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; éstas se distinguen de las sentencias definitivas porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales de desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, entre otras), la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. En la especie, Antonio Moreno Mera, reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, el auto que desechó la demanda de seguridad social, dentro del juicio 448/2021. Como se ve, el acto reclamado es un auto que, sin resolver el fondo de la cuestión planteada, pone fin al juicio, pues el tribunal responsable determinó desechar la demanda, rechazando el conocimiento de las cuestiones planteadas por la parte actora. En razón de su sustancia y en cuanto al efecto que produce el desechamiento de una demanda en el juicio laboral, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 87/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 56, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En esas condiciones, por medio de oficio y previo cuaderno de antecedentes, remítase la demanda de amparo promovida por Edwin Iván Ballesteros Méndez, apoderado de Antonio Moreno Mera, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, a efecto de que resuelva lo procedente respecto de la competencia planteada. DOMICILIO. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en el escrito de cuenta, toda vez que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; además tampoco se encuentra en la zona conurbada de esta ciudad. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO. En consecuencia, en términos del artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, gírense atento despacho al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en turno, solicitándole que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Cachanillas 126, fraccionamiento Galaxias, colonia El Carmen, en Tula de Allende, Hidalgo, a efecto de notificar personalmente al quejoso el presente auto; además, deberá requerirlo para que en el momento de la diligencia de notificación o dentro de un plazo de tres días señale domicilio procesal en esta ciudad o zona conurbada, apercibido; de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales, se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban serlo, esto es, por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Se hace saber al juez a quien corresponda conocer del medio de comunicación procesal, que se le faculta para que, de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleven a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita atentamente al juez del orden común para que una vez que se realice las diligencias encomendadas, devuelva la comunicación que se envía, lo más pronto posible. Se hace la precisión que quien realice las diligencias de emplazamiento deberá cerciorase por cualquier medio, de que sea la persona buscada, para evitar que sea homónimas de las personas citadas. TELÉFONO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene a la parte quejosa proporcionando los siguientes: 7731161223 y 7731161223 y ivbame@gmail.com En el entendido que dichos medios de comunicación no sustituyen el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...II

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