Antonio Morales Villegas
Expediente 136/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Morales Villegas
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que por acuerdo del dieciocho del mes y año en curso, se desechó la demanda promovida por *************, por derecho propio, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerrero, por los motivos ahí expuestos. Sin embargo, la notificación de aquél proveído se practicó al quejoso mediante lista electrónica; por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de esta adscripción a fin de que se constituya en el domicilio que el promovente de la acción constitucional señaló para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y, por sí o por conducto de sus autorizados proceda a notificarle el proveído en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Esteban Corona Rojas, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por XXXXX, por derecho propio, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 136/2022-II. El acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral XXXXX. Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente conforme a los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, por los motivos que se pasan a exponer. Al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en torno a la ejecución del laudo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo. En razón de ello, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal de Trabajo para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Lo anterior, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento. De la contradicción de tesis 339/2011 emergieron las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), publicadas en las páginas 2771 y 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 2000011 y 2000025, de rubros: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"., y "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". Por ende, al reclamar la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de inexistente puesto que requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2019185, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 01 de febrero de 2019, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control, y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que en caso de ser en términos amplios deberán contar con el correspondiente registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. Del mismo modo, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico en caso de que este órgano de control considere necesario entablar comunicación con el promovente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Jesús Iram Rodríguez Suriano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por XXXXX, por derecho propio, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 136/2022-II. El acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral XXXXX. Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente conforme a los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, por los motivos que se pasan a exponer. Al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en torno a la ejecución del laudo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo. En razón de ello, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal de Trabajo para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Lo anterior, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento. De la contradicción de tesis 339/2011 emergieron las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), publicadas en las páginas 2771 y 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 2000011 y 2000025, de rubros: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"., y "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". Por ende, al reclamar la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de inexistente puesto que requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2019185, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 01 de febrero de 2019, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control, y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que en caso de ser en términos amplios deberán contar con el correspondiente registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. Del mismo modo, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico en caso de que este órgano de control considere necesario entablar comunicación con el promovente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Jesús Iram Rodríguez Suriano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
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